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#Difamación

#Difamación

El derecho a la libre expresión no es un derecho absoluto: existen límites, entre otras razones, para proteger la reputación de los otros. De esto se trata la legislación sobre calumnia y difamación.

Sin embargo, en muchos países, la legislación sobre difamación se ha convertido en una herramienta para silenciar a defensores/as de derechos humanos y periodistas. Esto es así, por ejemplo, en lo relativo a declaraciones o informes que señalan a los responsables de abusos a los derechos humanos.

Los organismos regionales e internacionales de derechos humanos afirman sistemáticamente que la legislación civil es suficiente para proteger la reputación. En otras palabras, que la difamación no debe ser castigada como un delito y que no deberían aplicarse sentencias a prisión. Sin embargo, muchos países del mundo mantienen la difamación penal.

Otra consideración importante es que el umbral desde donde se considera que tuvo lugar una difamación es mucho más sensible en los casos de figuras públicas, lo que incluye a funcionarios del gobierno. Este significa que toda dura crítica expresada por defensores/as de derechos humanos, periodistas u otras personas no debería dar lugar a procesamientos por difamación.