#Cambodia

Las autoridades camboyanas hacen uso de la legislación y el sistema judicial, con las consecuentes amenazas de arresto o acciones legales, de restringir la libre expresión, encarcelar a quienes critican al gobierno, dispersar a los trabajadores, representantes de los sindicatos y campesinos comprometidos en reuniones pacíficas. Se ha hecho habitual que las autoridades dispersen las protestas públicas por la fuerza y a menudo violentamente. En agosto de 2015, el Rey Norodom Sihamoni sancionó la Ley de asociaciones y organizaciones no gubernamentales (LANGO), que obstaculiza grandemente las capacidades de los grupos de derechos locales para operar y permite que el gobierno ponga fin de forma arbitraria a la asociación con organizaciones internacionales.

Los/as DDH que trabajan por la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales corren especialmente el riesgo de ser perseguidos. Los líderes de los sindicatos, especialmente aquellos/as afiliados la Free Trade Union of the Workers of Cambodia, han sido objeto de ejecuciones sumarias. Los activistas de la comunidad que defienden el derecho a la habitación y protestan contra la expropiación de tierras y desalojos forzados han enfrentado acusaciones fabricadas y sentencias a prisión.

Los periodistas que critican al gobierno son víctimas de acusaciones serias, juicios prolongados, cárcel y violencia. Por lo menos nueve periodistas fueron asesinados desde el año 1992. De acuerdo con el código penal, los críticos del gobierno que expresan pacíficamente su punto de vista sobre individuos e instituciones del gobierno se arriesgan a ser procesados penalmente por difamación o difundir información falsa. El gobierno amenazó con expulsar a altos funcionarios de la ONU después de su llamado a un debate más público sobre la legislación contra la corrupción, que no brinda protección adecuada a los denunciantes ni asegura independencia para las organismos oficiales anticorrupción.