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Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA)

Movimiento Ríos Vivos Antioquia (MRVA)

Movimiento Social

Movimiento Ríos Vivos Antiquia (MRVA) es un movimiento de derechos humanos compuesto por 15 asociaciones y familias de las sub-regiones del Occidente, Norte y Bajo-Cauca antioqueño, afectadas por el negativo impacto ambiental y de derechos humanos que está teniendo la construcción de Hidroituango, una de las presas hidroeléctricas más grandes de Amércia Latina. El proyecto hidroeléctrico, actualmente en proceso de construcción por parte de Empresas Públicas de Medellin (EPN), afecta a más de 26 mil hectáreas de tierra y 19 municipios en esa región. MRVA asegura que en el proyecto Hidroituango se han llevado acabo actividades de tala ilegal de árboles y desecho indiscriminado de madera y escombros al Río Cauca, sin considerar el impacto ambiental y la importancia del mismo para cultura, forma de vida y economía de las comunidades campesinas locales, que además han sido marginalizadas y atacadas por varios grupos armados bajo el contexto del conflicto armado interno en el país. No solo el EPM no ha ofrecido ningún tipo de medidas de compensación o reubicación para aquellas personas afectadas por el proyecto, la empresa viola constantemente sus obligaciones de acuerdo con la licencia ambiental otorgada por el Estado Colombiano. Debido a la forma en la que han sido llevadas a cabo las actividades del proyecto Hidroituango, las comunidades campesinas locales enfrentan diariamente riesgo de inundaciones o avalanchas que podrían destruir sus hogares y forma de vida.

Igualmente, Antioquia es una de las regiones mas afectadas por el conflicto armado, las comunidades campesinas locales han sido victimas de desapariciones forzadas, masacres, tortura y asesinatos a manos de grupos guerrilleros y paramilitares durante los últimos 50 años. El proyecto Hidroituango amenaza con inundar gran parte del territorio Antioqueño, donde se han encontrado fosas comunes y cuerpos no identificados que fueron enterrados durante el conflicto, por lo que el proyecto hidroeléctrico puede socavar futuras investigaciones sobre la violencia en el conflicto armado, como parte del Sistema de Justicia Transicional en Colombia.

MRVA ha organizado protesta y denunciado públicamente las actividades ilegales de EPM desde que comenzó la construcción de Hidroituango. Debido a las actividades desarrolladas por el Movimiento y las comunidades campesinas, estos han sido objeto de violaciones a sus derechos humanos constantemente por parte de actores estatales y no estatales. Debido a las actividades desarrolladas por el Movimiento y las comunidades campesinas que se oponen al impacto ambiental generado por la conducción del proyecto Hidroituango, MRVA ha documentado 152 ataques en contra de sus integrantes, incluyendo el asesinato de Hugo Albeiro George Pérez. Tres personas han sido asesinadas, dos han sufrido intentos de asesinato, y han habido 63 casos de amenazas y acoso por parte de grupos paramilitares. Igualmente, se han llevado a cabo dos ataques con explosivos y dos casos de tortura, un intento de desaparición forzada, así como 17 casos de difamación a miembros de MRVA y 10 casos de discriminación a personas vinculadas con las actividades de MRVA, y dos casos de acoso.

A pesar de que hay múltiples perpetradores responsables de los ataques en contra de las y los miembros de MRVA, la empresa privada de seguridad de EPM y los grupos armados ilegales que operan en la región representan el mayor riesgo para aquellos que están vinculados al Movimiento. Actualmente, MRVA cuenta con un Plan de Prevención y Protección Colectiva, que fue elaborado conjuntamente con el Ministerio del Interior, en el cual esta entidad se comprometió a adoptar medidas política y materiales para garantizar la seguridad de las comunidades en Antioquia. No obstante, dichas medidas no han sido implementadas.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH) de Colombia trabajan en un ambiente violento e inseguro, sometidos a amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques físicos, actos de tortura, homicidios, allanamientos ilegales en sus hogares y oficinas y estigmatización, todo ello como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos humanos. Con frecuencia, quienes perpetran estos abusos son grupos paramilitares, muchos de los cuales tienen relación con el gobierno o los servicios de seguridad, o con grupos armados de la oposición. Los frecuentes, continuos y graves ataques y amenazas perpetrados contra los/as DDH en todo el país contradicen las afirmaciones del gobierno sobre la desmovilización paramilitar.

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Isabel Cristina Zuleta - Testimony at the 2017 Dublin Platform