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Case History: Rigoberto Lima Choc

Status: 
Killed
About the situation

On 18 September 2015, human rights defender Prof Rigoberto Lima Choc was killed, following the kidnapping of three other human rights defenders, who were subsequently released.

About Rigoberto Lima Choc

Rigoberto Lima ChocRigoberto Lima Choc was the first person to document the environmental damage occurring due to the activities of the Empresa Reforestadora de Palma de Petén SA – REPSA in the Río de la Pasión. The local community believe the damage amounts to “ecocide”, meaning that they are now unable to use the river for fishing and drinking as they had before. The human rights defender presented a complaint to the authorities and he appeared as a witness in a case against REPSA.

25 September 2015
Asesinato de defensor de derechos humanos Rigoberto Lima Choc

El 18 de septiembre de 2015 el defensor de derechos humanos Prof Rigoberto Lima Choc fue asesinado, posteriormente al secuestro de tres defensores de derechos humanos, los Sres Hermelindo Asij, Lorenzo Pérez y Manuel Mendoza. Los tres defensores de derechos humanos fueron puestos en libertad más tarde.

Rigoberto Lima Choc fue la primera persona en documentar el daño medioambiental que ocurría como consecuencia de las actividades de la Empresa Reforestadora de Palma de Petén SA – REPSA, en el Río de la Pasión. La comunidad local considera que el daño equivale a “ecocidio”, en el sentido de que no se puede beber ni pescar en el agua del río como la comunidad hacía anteriormente. El defensor de derechos humanos fue el primero que documentó el daño medioambiental y su impacto nefasto en la comunidad, además de presentar una denuncia ante las autoridades. También ha comparecido como testigo en un caso contra REPSA. Hermelindo Asij, Lorenzo Pérez y Manuel Mendoza son miembros de Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza y del Consejo de Desplazados de Guatemala – CONDEG, y trabajan también con la comunidad local para apoyarles en el ejercicio de sus derechos económicos y sociales. El 11 de junio de 2015, el CONDEG presentó una denuncia respecto al ecocidio.

En la mañana del 18 de septiembre de 2015, una manifestación había sido organizada por trabajadores de REPSA en Kilometro 315, para protestar contra una decisión tomada el 17 de septiembre de 2015 por la jueza Karla Hernández, que suspendió temporalmente las actividades de la empresa mientras se realiza una investigación sobre la contaminación del río. Aproximadamente a las 6 de la mañana, mientras Hermelindo Asij, Lorenzo Pérez y Manuel Mendoza pasaron por el KM. 315 en su camino desde Cobán a Sayaxché, fueron detenidos y forzados a bajarse del vehículo, y fueron rodeados por los trabajadores que protestaban. Se les permitió a los defensores de derechos humanos contactar brevemente a sus familias y compañeros de trabajo, y los manifestantes les retuvieron informándoles de que estaban detenidos debido a su supuesta participación en el cierre de la empresa. Se perdió contacto con los tres defensores poco después.

A media mañana, 600 trabajadores de REPSA ocuparon el Centro de Administración de Justicia de San Benito Petén – CAJ, reteniendo a 100 empleados, abogados, y clientes. A pesar de llamamientos para la intervención del gobierno por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del ONU y varias organizaciones no-gubernamentales, no hubo respuesta alguna. Aproximadamente a las 12:30 de la tarde, la jueza Karla Hernández y un asistente de la oficina del Fiscal General acudieron al Centro para exigir la liberación de los detenidos en el CAJ. Sin embargo, se les advirtió que, de permanecer ahí, serían también secuestrados. En ese momento, Rigoberto Lima Choc fue asesinado a tiros frente al Juzgado de Paz de Sayaxché, donde estaba solicitando la intervención del gobierno junto con otros defensores de derechos humanos.

A las 5:30 de la tarde, se pusieron en libertad a Hermelindo Asij, Lorenzo Pérez y Manuel Mendoza, así como a las demás personas retenidas ilegalmente en el CAJ. Los defensores de derechos humanos reportaron haber sido amenazados a ser quemados vivos.

Es de destacar que el 19 y el 20 de septiembre de 2015, durante y tras el funeral del defensor de derechos humanos Rigoberto Lima Choc, miembros de la CONDEG recibieron amenazas de muerte.

Front Line Defenders ha recibido información preocupante, confirmada por varias fuentes, acerca de que, el 18 de septiembre, la ocupación y secuestros en el CAJ habían sido coordinados por funcionarios de REPSA. Asimismo, directores y abogados de la empresa habían acusado al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala - CALAS, y en particular al defensor de derechos humanos Sr Pedro Rafael Maldonado Flores, de ser responsables del resultado de este caso. Después de nuevas amenazas el 19 y 20 de septiembre, incluyendo amenazas de muerte, contra varios miembros de CONDEG, el 21 de septiembre de 2015 los trabajadores protestaron de nuevo frente al CAJ, presuntamente con el fin de ejercer presión sobre la jueza Hernández.

Front Line Defenders condena firmemente el asesinato de defensor de derechos humanos Rigoberto Lima Choc, además del secuestro de Hermelindo Asij, Lorenzo Pérez y Manuel Mendoza, que considera únicamente conectado a su labor pacífica y legitima en defensa del medio ambiente y su habitantes. Asimismo, Front Line Defenders expresa su grave preocupación sobre la situación de tensión y estallidos de violencia en el Petén.

Front Line Defenders insta a las autoridades Guatemaltecas a que:

  1. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica y la seguridad de defensores de derechos humanos que trabajan sobre el caso del ecocidio supuestamente causado por REPSA;
  2. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Rigoberto Lima Choc, además de las amenazas de muerte y secuestro de Hermelindo Asij, Lorenzo Pérez y Manuel Mendoza, con el fin de identificar y hacer públicos a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente e imparcial de conformidad con estándares internacionales;
  3. Aseguren que la empresa REPSA no actúe de manera ilegal ni criminal y que exija su responsabilidad por sus acciones en medio de la violencia.
  4. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, desarrollando sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.