Back to top

#Uganda

#Uganda

En los últimos años, y debido a la continua acción del gobierno para limitar la libertad de expresión y asociación, los/as defensores/as de los derechos humanos en Uganda han debido enfrentar amenazas y hostigamiento. Quienes defienden los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y los derechos civiles y políticos convivieron especialmente con situaciones de riesgo. El gobierno ha agredido a los medios de comunicación independientes y ha aprobado legislación que restringe el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

En febrero de 2014 el presidente Museveni convirtió en ley el proyecto contra la homosexualidad que criminaliza lo que denomina "promoción" y "asistencia e incitación a la homosexualidad" u otras actividades relacionadas con ella, que no son definidas. Si bien la homosexualidad ya estaba penada por el Código Penal de ese país, esta ley va más allá e impone duras sentencias a prisión a quienes sean condenados por defender o sostener los derechos de personas gay. A la luz de estos nuevos hechos, varios/as defensores/as LGBTI se han visto forzados a huir del país y muchas de sus organizaciones debieron cerrar sus puertas.

Las restricciones a la libertad de prensa están en aumento mientras que el gobierno se esfuerza por controlar el trabajo de los periodistas y los medios de comunicación. En general, los periodistas son testigos del deterioro de su ámbito de trabajo, varios de ellos fueron objeto de arrestos arbitrarios, intimidados y hostigados por la policía y otros funcionarios de gobierno al llevar a cabo su legítimo trabajo.

Las organizaciones no gubernamentales y defensores/as de derechos humanos se ven limitados respecto de la inscripción y el funcionamiento de las mismas. Las ONG están reguladas por la Ley de inscripción (reforma) de organizaciones no gubernamentales del 2006. Esta legislación incrementó las limitaciones administrativas para la inscripción de una ONG, y establece sanciones penales en el caso de una contravención. El Consejo Nacional de ONG, que emite los certificados de inscripción, está compuesta exclusivamente por representantes del gobierno y cuenta con amplios poderes discrecionales para la regulación de las ONG y las asociaciones. Entre las disposiciones más limitantes se cuenta la prohibición a las ONG de entrar en contacto directo con residentes locales en áreas rurales a menos que se de aviso por escrito con siete días de antelación a las autoridades de distrito.