#Sudáfrica

La República de Sudáfrica votó a favor de la adopción de la resolución sobre la protección de los defensores de los derechos humanos (DDH) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2015. No obstante, los/as DDH se enfrentan regularmente a amenazas, intimidación, hostigamiento y ataques físicos, a veces con resultado de muerte, por parte tanto de particulares como miembros de la fuerza policial. Esto es especialmente grave para aquellos/as defensores/as de derechos humanos que trabajan en responsabilidad corporativa y el impacto de las industrias extractivas en la población local y el medio ambiente. Además, los presuntos autores suelen quedar impunes. Existe una abrumadora impunidad para quienes violan los derechos de los/as defensores/as de derechos humanos.

En las zonas rurales, donde las oportunidades de empleo son escasas y las perspectivas económicas bajas, los proyectos de extracción minera se ven como oportunidades económicas viables. Los/as defensores/as de derechos humanos que expresan preocupación por la pérdida de las tierras indígenas y la destrucción del medio ambiente ante estos proyectos son respondidos violentamente. En septiembre de 2007, Sudáfrica firmó la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los pueblos indígenas, adoptada por la Asamblea General. Sin embargo, los/as DDH indígenas o aquellos que están trabajando en estos temas han sido asesinados, amenazados, agredidos y alineados de sus comunidades.

Aunque la Constitución de Sudáfrica, adoptada en 1997, contiene un fuerte compromiso con la igualdad de las personas de todas las orientaciones sexuales, los/as DDH que trabajan en cuestiones LGBTI y el VIH / SIDA se enfrentan a un entorno hostil en el que son objeto de acoso, actos de discriminación y violencia física y sexual "correctiva". Existe una falta de colaboración entre los/as defensores/as LGBTI y la policía encargada de las investigaciones de ataques contra miembros de la comunidad LGBTI, debido a que el estigma cultural de esta población es prevalente.

Las ONGs de derechos humanos a nivel nacional e internacional, en general, pueden llevar a cabo su trabajo sin mayores restricciones gubernamentales. Tiene libertad de investigar y publicar sus hallazgos sobre casos de derechos humanos y los/as funcionarios del gobierno son de laguna manera cooperativos y sensibles a sus puntos de vista. En 1995, la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica (SAHRC) fue establecida, y funciona de forma independiente para promover la observancia de los derechos humanos a todos los niveles de gobierno y en la población en general. La SARHC lleva a cabo diversas funciones, incluyendo la investigación de violaciones de los derechos humanos y la investigación sobre la situación general de los derechos humanos en diferentes regiones.

No obstante, los últimos años han dado lugar a una creciente hostilidad del gobierno hacia la sociedad civil independiente. Durante la época del Apartheid, las organizaciones de la sociedad civil fueron duramente criticadas y discriminadas simplemente porque actuaron como la voz de la resistencia contra el régimen. Sorprendentemente, esta tendencia prevalece hoy en día, ya que el gobierno parece estar crecientemente incómodo con la sociedad civil, como demuestran los intentos en 2013-2014 de dar de baja a miles de organizaciones en base a cuestiones relacionadas con requisitos formales. La paranoia acerca de la naturaleza desestabilizadora de algunas de estas organizaciones ha sido tan alta que, según recientes informes de prensa, la Presidencia Zuma se encuentra en plena elaboración de una legislación que limitaría la financiación extranjera de las organizaciones locales y obligaría a las organizaciones no gubernamentales internacionales a solicitar licencias.