Ataques físicos en contra de Irlanda Jerez
El 11 de junio de 2019, 56 personas defensoras de derechos humanos y presas políticas fueron liberadas tras la detención injusta por el régimen de Ortega en Nicaragua. Medardo Mairena, Irlanda Jerez, Ricardo Baltodano y Amaya Eva Coppens, entre otros, recibieron "amnistías" por la aplicación de una polémica Ley Amnistía adoptada el 8 de junio de 2019.
El 26 de octubre de 2018, entre 20 y 25 hombres encapuchados irrumpieron en la celda de Irlanda Jerez en la cárcel “La Esperanza”, en Tipitapa, Nicaragua, donde la misma se encuentra recluida junto a la defensora de derechos humanos Amaya Eva Coppens y otras 17 presas políticas. Los golpes empezaron después de que Irlanda Jerez se rehusara a ser llevada a un interrogatorio con hombres armados no identificados. Otras presas políticas también fueron heridas. Ninguna de ellas recibió atención médica.
Irlanda Jerez es una odontóloga, comerciante y defensora de derechos humanos en Nicaragua. Ella fue detenida por la policía el 18 de julio de 2018 como consecuencia de su campaña de “desobediencia civil” en el Mercado Oriental, el mercado más grande del país. Al inicio de julio 2018, comerciantes dejaron de pagar impuestos en una protesta en contra de abusos a los derechos humanos y políticas de represión por parte del gobierno de Daniel Ortega.
El 11 de junio de 2019, 56 personas defensoras de derechos humanos y presas políticas fueron liberadas tras la detención injusta por el régimen de Ortega en Nicaragua. Medardo Mairena, Irlanda Jerez, Ricardo Baltodano y Amaya Eva Coppens, entre otros, recibieron "amnistías" por la aplicación de una polémica Ley Amnistía adoptada el 8 de junio de 2019.
Las personas defensoras de derechos humanos habían sido detenidas arbitrariamente y seguían en prisión preventiva después de participar en una ola de manifestaciones políticas contra violaciones de derechos humanos por parte del gobierno, la cual tuvo inicio el 18 de abril de 2018 y se convirtió en una crisis política nacional. Las fuerzas de seguridad del gobierno reprimieron desproporcionadamente a las protestas, lo que dejó 325 muertos y 2.000 heridos. Personas defensoras de derechos humanos se convirtieron en prisioneras políticas y fueron recluidas en celdas de máxima seguridad, donde enfrentaron torturas y malos tratos por parte de la policía.
El 11 de junio de 2019, 56 de estos presos políticos, incluyendo varios defensores de derechos humanos, fueron liberados de las cárceles de Nicaragua bajo la aplicación de una Ley de Amnistía aprobada el 8 de junio de 2019, por medio de un proceso expedito que duró 24 horas. El principal resultado de la ley es eliminar la responsabilidad y dar "amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha", incluidos los agentes estatales acusados de violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales, comom crímenes de lesa humanidad. Hasta este momento, 86 personas permanecen detenidas arbitrariamente, y se espera que sean liberadas en las próximas semanas bajo la misma ley.
De acuerdo con la Ley de Amnistía, se suspendieron los procesos de criminalización iniciados contra 760 personas defensoras de derechos humanos y activistas por su participación en manifestaciones. No obstante, el artículo 3 de la ley establece “garantías de no repetición”, en una clara amenaza para personas defensoras y activistas, ya que cualquier actividad que pueda interpretarse como protesta política reanudará sus procesos de criminalización, incluidos nuevos cargos. Las amenazas contra personas defensoras contenidas en el artículo 3 fueron apoyadas por el presidente del Parlamento, que elogió públicamente la existencia de este artículo como una "advertencia" para cualquier persona que tratara de ejercer su libertad de expresión o reunión en manifestaciones públicas.
Como parte del Observatorio Internacional de la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, Front Line Defenders ha denunciado la violenta represión contra personas defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Front Line Defenders ha destacado que más de un año después del comienzo de la crisis, la situación de los que siguen retenidos como presos políticos ha empeorado gravemente, debido a la falta de atención médica, los niveles de violencia, tortura y la falta de condiciones dignas.
Front Line Defenders acoge con satisfacción la decisión de liberar a los y las 56 activistas y defensores de derechos humanos, al mismo tiempo en que sigue preocupada por la aprobación y aplicación de una Ley de Amnistía general que abarca a agentes estatales que han sido denunciados como responsables por violaciones de derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad. Front Line Defenders resalta la necesidad de que las autoridades nicaragüenses liberen incondicionalmente y desestimen todos los casos contra defensores de derechos humanos en el país, les otorguen una reparación total por las violaciones que sufrieron y persigan justicia ante las partes responsables. Además, Front Line Defenders condena la aplicación de una amnistía general que incluya agentes estatales sobre los cuales penden acusaciones de haber cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.
El 26 de octubre de 2018, entre 20 y 25 hombres encapuchados irrumpieron en la celda de Irlanda Jerez en la cárcel “La Esperanza”, en Tipitapa, Nicaragua, donde la misma se encuentra recluida junto a la defensora de derechos humanos Amaya Eva Coppens y otras 17 presas políticas. Los golpes empezaron después de que Irlanda Jerez se rehusara a ser llevada a un interrogatorio con hombres armados no identificados. Otras presas políticas también fueron heridas. Ninguna de ellas recibió atención médica.
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El 19 de julio de 2018, sólo un día después de su detención, la Suprema Corte determinó en un comunicado de prensa que la defensora de derechos humanos era condenada por “fraude y estelionato” en un caso civil de 2016. Inicialmente absuelta, ella fue sentenciada a cinco años de prisión tras un recurso de apelación. Irlanda Jerez fue llevada a la prisión femenina “La Esperanza”, donde sigue realizando acciones de resistencia civil y haciendo discursos defendiendo los derechos de las y los presos políticos.
El 26 de octubre de 2018, alrededor de las 6 p.m., varios hombres armados, encapuchados y vestidos de negro atacaron a Irlanda Jerez y otras compañeras de celdas. El ataque parece haber sido motivado por el rechazo de Irlanda Jerez, con el apoyo de otras presas, en participar en una interrogación dos horas antes. La defensora aceptó salir de su celda en razón de las graves heridas sufridas por ella y sus compañeras – sobretodo en sus bocas, costillas, brazos y hombros, y por el desmayo de una una compañera de celda, el cual durópor tres horas. Ninguna de las mujeres heridas recibió cuidados médicos.
Después del ataque, Irlanda Jerez fue llevada a una oficina, donde la encañaron. Los agresores declararon que no eran policías y que no la iban a matar. Al mismo tiempo, dijeron a las otras presas que Irlanda Jerez tenía 21 infracciones a los reglamentos de la prisión, incluyendo el haber realizado discursos políticos en contra del gobierno desde dentro de la cárcel.
Los agresores planeaban transferir a Irlanda Jerez a una celda de aislamiento en la prisión masculina “La Modelo”. Todavía, después de protestas por su regreso por parte de otras presas, Irlanda Jerez volvió a su celda.
Irlanda Jerez reportó que teme ser desaparecida. Su marido Daniel Esquivel pudo visitarla el 30 de octubre de 2018, y reportó que ella tenía moretones en varias partes de su cuerpo. No todas las familias pudieron visitar a las presas heridas.
El 30 de octubre de 2018, integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañados de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), se presentaron en la cárcel de mujeres “La Esperanza” para constatar la salud e integridad física de las presas atacadas. Después de varias solicitudes, su ingreso fue negado por las autoridades de la cárcel.
Front Line Defenders expresa profunda preocupación por el reciente ataque a Irlanda Jerez y Amaya Eva Coppens en la prisión “La Esperanza”, ya que se cree está motivado por su legítima y pacífica labor en la defensa del derecho a la libertad de expresión en Nicaragua, y está extremamente preocupada por porsibles represalias. Front Line Defenders insta a las autoridades de Nicaragua a que liberen inmediata e incondicionalmente a las defensoras de derechos humanos encarceladas por motivos políticos, y que retiren todos los cargos en su contra.
Front Line Defenders insta a las autoridades en Nicaragua a que:
- Liberen de forma inmediata e incondicional a Irlanda Jerez, y anulen la condena en su contra.
- Garantizar que el trato a las mujeres defensoras de derechos humanos, mientras se encuentren detenidas, adhiera a los parámetros establecidos en el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, adoptados por la Asamblea General de la ONU a través de la resolución 43/173 del 9 de diciembre de 1988;
- Tomar todas la medidas necesarias para garantizar y restaurar la integridad física y psicológica de Irlanda Jerez y demás presas políticas que fueron atacadas, consultadas a las beneficiarias;
- Garantizar en todas las circunstancias que todos los defensores y defensoras en Nicaragua puedan efectuar su trabajo legítimo en defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libre de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el acoso judicial
