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27 Noviembre 2020

Llamado urgente por el cese de la impunidad de los responsables del asesinato del defensor indígena Sergio Rojas Ortíz y graves ataques a otras personas defensoras de los derechos en Costa Rica

Forest Peoples Programme y Front Line Defenders reiteran su profunda preocupación por la decisión de la Fiscalía de abandonar la búsqueda de justicia en el caso del asesinato del defensor de los derechos de los pueblos indígenas Sergio Rojas Ortíz, hecho que refleja la impunidad estructural vigente en Costa Rica. Impunidad que continúa siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que enfrentan líderes y lideresas indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país, es motivo de especial preocupación y una violación de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Costa Rica.

El 18 de marzo de 2019, el líder indígena Sergio Rojas Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar en el territorio indígena de Salitre en la provincia de Puntarenas, tras recibir 15 impactos de balas. Sergio Rojas era un reconocido líder Bribri, quien durante más de cuatro décadas defendió los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Sergio Rojas era beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 30 de abril de 2015.

El 24 de septiembre de 2020, tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, la Fiscalía dio a conocer su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables. Posteriormente, el órgano persecutor abdicando de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de garantía de derechos fundamentales, agudizó su vulneratoria decisión solicitando al tribunal competente la desestimación del caso.

La solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía, así como los argumentos de la representación legal de la familia Rojas, serán escuchadaas el próximo 3 de diciembre a las 13:30 horas en una audiencia oral ante el juzgado penal de Buenos Aires que sesionará excepcionalmente el caso en el Tribunal de Justicia de Pérez Zeledón. Por tanto,, recordamos al Poder Judicial que como autoridad estatal tiene la responsabilidad de garantizar que cualquier decisión sea coherente con las obligaciones y derechos contenidos en la CADH.Dicha obligación es aún más estricta cuando se trata de resguardar los derechos de personas especialmente protegidas y sobre las que adicionalmente existen Medidas Cautelares en su resguardo. Así pues, se trata de un control dinámico y complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos.

En esta medida, Forest Peoples Programme y Front Line Defenders quienes suscriben este comunicado, instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de investigar, perseguir y sancionar a todos los responsables de su homicidio, quienes atentaron no solo contra su vida sino contra la integridad de toda su comunidad. Lo anterior requiere abordar las causas subyacentes de la violencia en el historial de derechos humanos de Costa Rica: la ocupación masiva e ilegal de 22 o 24 territorios indígenas legalmente titulados en el país, algunos de los cuales están ocupados ilegalmente en más del 90 por ciento.

Finalmente, reiteramos nuestra profunda preocupación expresada el 5 de octubre del presente año, en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán, todas personas beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH, siguiendo en la impunidad el homicidio del líder indígena Brörán, Jehry Rivera, así como los persistentes ataques contra la vida de los líderes y
defensores indígenas Pablo Sibar y Minor Ortíz.