Abogado de víctimas del conflicto armado en Colombia, líder social y defensor de derechos humanos en regiones de Barrancabermeja, Santander y el Magdalena Medio. Desde el año 2021, ha ejercido representación judicial de las diferentes familias que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de la violencia a cargo de grupos armados ilegales en Colombia. Adicionalmente ejerce la representación judicial de los defensores de derechos humanos que hacen parte de la Corporación Integrada para la Defensa de los Derechos Humanos, Sociales, Políticos, Culturales, Ambientales y Empresariales de Colombia – CORPOINDH.
Actualmente lidera el Departamento Jurídico estratégico de CORPOINDH, desarrollando funciones de asesoramiento estratégico, gestión de equipo legal, asesoramiento legal en informes, gestión de riesgos y cumplimiento, relacionamiento con organizaciones nacionales e internacionales, solicitudes de medidas cautelares en la CIDH, negociaciones humanitarias, litigios y resolución de disputas, desarrollo de políticas y procedimientos, análisis de legislación y regulaciones, educación y capacitación en favor de la corporación y de los miembros de la organización.
Como consecuencia de su labor en la defensa Jurídica de las familias víctimas del conflicto armado en Colombia y de la representación judicial de los defensores de derechos humanos, ya ha recibido una serie de amenazas que ocasionaron su desplazamiento de su lugar de residencia junto con su familia, convirtiéndose en una víctima del conflicto armado reconocido por la Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Victimas.
Es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, mediante Resolución No 33/2023.
HRDs in Colombia work in a violent and unsafe environment. They are subjected to threats, intimidation, arbitrary detention, enforced disappearances, physical assaults, torture, killings, illegal searches of their homes and offices and stigmatisation as a result of their activities in defence of human rights. The perpetrators of these abuses are frequently paramilitary groups, many of whom have links to the government or security services, or armed opposition groups. The continued frequent and severe threats and attacks against HRDs around the country contradict government claims of paramilitary demobilisation.
HRDs at risk in Colombia come from a broad range of different backgrounds, including: trade unionists, indigenous leaders, afro-colombian leaders, activists working with internally displaced persons and on land issues, women's rights defenders, journalists, lawyers, students and youth activists, church workers, LGBTI and HIV activists.
