Tentativa de asesinato contra Lidia Gómez
Between 21 November 2018 and 7 December 2018, six indigenous and campesino human rights defenders were killed in Colombia. On 8 December 2018, the Awá leader and woman human rights defeder Lidia Gómez suffered an assassination attempt. All of these defenders were working to protect their economic, social and cultural rights in the regions of Cauca, Nariño and Norte de Santander.
Lidia Gómez is the current leader of the Awá indigenous people’s Alto Cartagena reserve. As one of the leaders of the Cawamari indigenous organisation, she defends the human rights of indigenous communities in the region that are being violated by the actions of guerrilla and paramilitary groups that seek to control the territory.
Entre el 21 de noviembre de 2018 y el 7 de diciembre de 2018, seis defensores y defensoras de derechos humanos indígenas y campesinos fueron asesinados en Colombia. El 8 de diciembre de 2018, la líder Awá y defensora de derechos humanos Lidia Gómez sufrió una tentativa de asesinato. Todas estas personas defensoras de derechos humanos trabajaban para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en las regiones de Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Mira o Descarga Llamamiento Urgente
Aproximadamente a la 1 a.m. el 8 de diciembre de 2018, un número de individuos armados desconocidos tiró contra la casa de la defensora de derechos humanos Lidia Gómez, en la municipalidad de Ricaurte, Nariño. A pesar de que cinco balas entraron en la casa, ni la defensora ni su marido fueron heridos.
La Defensoría del Pueblo en la región de Cauca abrió una investigación; entretanto, no hay respuesta de la parte de mecanismos especializados de protección como la Unidad Nacional de Protección, cuyo mandato incluye la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales en riesgo.
El ataque ocurrió seis días después del asesinato de los líderes indígenas Awá y defensores de derechos humanos Héctor Ramiro García y su hijo Braulio Arturo García, en el resguardo indígena Palmar de Imbí, Ricaurte, Nariño, el 2 de diciembre de 2018. El 4 de diciembre de 2018, Lidia Gómez públicamente solicitó garantías especiales de protección para su pueblo, debido al elevado índice de violencia a que enfrentan. Héctor Ramiro García fue el fundador de la organización indígena Camawari, y su hijo Braulio Arturo García había sido escogido recientemente como líder de su pueblo.
El 1 de diciembre de 2018, el defensor de derechos humanos y autoridad indígena Aldemar Trochez fue encontrado cerca de Caloto, Cauca, a menos de 100 metros de un retén militar, con una herida de bala en la cabeza. Días antes, un panfleto amenazante fue circulado en la región. Estaba dirigido a las autoridades indígenas en Cauca, quienes fueron acusadas de “estar trabajando con la fuerza pública”.
Además, el 7 de diciembre de 2018, la autoridad indígena Edwin Dagua Ipia, que trabajó con líderes jóvenes en la región de Caloto, Cauca, también fue asesinado. Edwin Dagua Ipia fue atacado por hombres armados en una zona rural, después de una serie de amenazas en contra de él, lo que motivó un pedido de protección al gobierno de Colombia en julio. El Ministerio del Interior condemnó al asesinato de Edwin Dagua Ipia, y empezó una coordinación con las autoridades indígenas locales para el envío de una comisión judicial a la región.
En la región del Norte de Santander, los defensores de derechos humanos campesinos José Antonio Navas y Alba Edilma Cuevas también fueron asesinados al final de noviembre. El 21 de noviembre de 2018, Alba Edilma Cuevas fue atacada por hombres armados no identificados en Cúcuta, Norte de Santander, los cuales tiraron en contra de la defensora en su casa. Alba Edilma Cuevas había denunciado amenazas en su contra, debido a su labor como una líder social en la Junta de Acción Comunal de la vereda Agualasal.
El 29 de noviembre de 2018, José Antonio Navas fue asesinado en Tibú, Norte de Santander, por individuos armados no identificados quienes lo atacaron en su casa. Él fue un líder campesino en la Asociación Campesina de El Catatumbo, un director a la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Líbano y integrante de la Guarda Campesina.
Los asesinatos de José Antonio Navas y Alba Edilma Cuevas fueron reportados en la Declaración de Fin de Misión del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos Humanos en su visita a Colombia.
Todos ellos fueron defensores de derechos humanos indígenas o campesinos, y casi todos fueron atacados en sus casas, por personas armadas no identificadas. Estas tendencias recientes muestran la existencia de un patrón de asesinatos que no fue propiamente aderezado por las autoridades hasta el momento.
Defensoras y defensores de derechos humanos trabajando en Colombia están siendo cada vez más visados desde la firma de los Acuerdos de Paz, con números alarmantes de asesinatos y ataques perpetrados especialmente contra aquellos quienes trabajan por los derechos indígenas y campesinos. Eso representa un gran riesgo a defensores y defensoras que viven en áreas remotas, quienes son más vulnerables a ataques, y, en la ausencia de protección estatal apropiada, son dejados a operar en un contexto extremamente hostil.
Front Line Defenders condena fuertemente al asesinato de los y las defensores y defensoras de derechos humanos Alba Edilma Cuevas, José Antonio Navas, Aldemar Trochez, Héctor Ramiro García, Arturo García, y Edwin Dagua Ipia; así como la tentativa de asesinato contra la defensora de derechos humanos Lidia Gómez, una vez que cree estar conectados con su legítima labor en derechos humanos. Front Line Defenders también expresa preocupación por el patrón de aumento de violencia e impunidad que las y los defensores y defensoras de derechos humanos enfrentan en Colombia.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Colombia a:
1. Tomar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de la defensora de derechos humanos Lidia Gómez, así como del grupo indígena Awá, en coordinación con los mismos;
2. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los asesinatos recientes, con miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con los estandares internacionales;
3. Garantizar en todas las circunstancias que todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones
