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11 Octubre 2023

México : Preocupación por la recurrente violencia en contra de personas defensoras y comunidades en defensa de la tierra y el territorio en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla

Personas defensoras de derechos humanos de los pueblos nahuas del municipio de Juan C. Bonilla del estado de Puebla, quienes se articulan en la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, han sido objeto de ataques en años recientes por su defensa del territorio. El último siendo la represión ocurrida en el pueblo de San Lucas Nextetelco el 2 de octubre de 2023 durante una protesta en defensa del territorio y en contra de la construcción de un complejo de seguridad pública en la comunidad.

Descargue el comunicado

Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes es una organización integrada por 20 pueblos nahuas del valle de Puebla que históricamente han luchado contra violaciones de derechos humanos y despojo causado por la presencia e implementación de proyectos extractivos en sus territorios. Como pueblos originarios, con base en su autonomía y libre determinación se organizan para defender el territorio y la vida de la madre tierra. En el pueblo de San Lucas Nextetelco, Los Pueblos Unidos y la comunidad se han organizado en contra de los impactos en los derechos humanos de la construcción de un un complejo de seguridad. Este proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad, tanto como la presencia, de la policía en la localidad de San Lucas Nextetelco.

El 2 de octubre de 2023, personas que se presentaron como empleados de DECOSA, la empresa que presuntamente se ha contratado para construir el complejo de seguridad, llegaron al pueblo de San Lucas Nextetelco. Los trabajadores se retiraron del lugar después de que los integrantes de la comunidad les entregaran un acta de la asamblea en oposición a la obra del complejo de seguridad, en el cual decidieron rechazar el proyecto. Más tarde ese mismo día, sobre las 4:00 pm de la tarde, esos mismos trabajadores volvieron al pueblo de San Lucas Nextetelco, llevando una máquina excavadora. Custodiada por elementos de la Policía Estatal de Puebla, rompieron el portón y comenzaron a trabajar. Esto llevó a que integrantes del pueblo alertaran al resto de la comunidad, quienes acudieron a protestar e intentar impedir que siguiera la construcción del complejo de seguridad.

Después de esto, llegaron al lugar un grupo de personas que presuntamente son movilizadas por el gobierno municipal de Juan C. Bonilla y que han sido identificadas previamente por la comunidad como “golpeadores”. Este grupo comenzó a agredir físicamente a integrantes de la comunidad, incluyendo a jóvenes y a adultos mayores que se manifestaban de manera pacífica. Llegaron más integrantes de San Luchas Nextetelco a fin de apoyar a los manifestantes,,se enfrentaron con la policía y esto llevó al eventual retiro de los golpeadores y de los elementos de la Policía Estatal. Como forma de protesta, la comunidad decidió cerrar la carretera federal a la altura de San Lucas Nextetelco durante alrededor de 6 horas.

Front Line Defenders ha denunciado en diversas ocasiones la violencia en contra de personas defensoras y comunidades que luchan por la defensa de su tierra y territorio en el municipio de Juan C. Bonilla, incluso en un informe detallado tras un Misión Internacional de Observación en la región.

El 30 de junio de 2023, Alejandro Torres Chocolatl, integrante de los Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes, fue detenido por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE). El defensor de derechos humanos fue liberado sin que la FGE atendiera el llamado a presentarlo en audiencia y dictaminar el auto de no vinculación para formalizar su liberación. Anteriormente, el 2 de junio Front Line Defenders ya había denunciado que el defensor había sido víctima de acoso e intimidación por parte de elementos de la Policía Ministerial del Estado de Puebla.

El 28 de noviembre de 2022, diversas organizaciones nacionales e internacionales expresaron preocupación por los ataques, las amenazas de daño físico, repetidos allanamientos, y los actos de vigilancia, intimidación y hostigamiento que sufrió a lo largo de 2022 año el abogado y defensor del FPDTA – MPT, Juan Carlos Flores Solís.

El 10 de junio de 2021, un operativo con aproximadamente 100 elementos y 60 vehículos de la Policía Estatal de Puebla intimidaron e interrumpieron una manifestación pacífica en Santa María Zacatepec. Durante los hechos, el defensor de derechos humanos y comunicador comunitario, Alejandro Torres Chocoalt, fue agredido por policías estatales quienes, al ver que tomaba fotografías de los hechos, tomaron su celular por la fuerza y lo tiraron al piso.

El 3 de diciembre de 2019 organizaciones nacionales e internacionales conformaron una Misión Internacional de Observación a la comunidad nahua de Santa María Zacatepec, perteneciente al Municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, en donde documentaron una serie de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos de la comunidad de Zacatepec. El punto culminante de estos hechos fue la represión del 30 de octubre de ese año, en donde elementos policiales del estado de Puebla y de la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos, dispararon balas de goma y golpearon a personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la comunidad, quienes se manifestaban en contra del avance de la construcción. También se documentaron agresiones, hostigamientos, discriminación, amenazas de muerte y criminalización contra personas defensoras y comunicadoras por parte de diversos funcionarios públicos, las cuales fueron presentadas de manera más detallada en el Informe de la Misión Internacional de Observación al Río Metlapanapa, Zacatepec, Puebla publicado el 17 de enero de 2020.

A tan solo dos meses de la Misión Internacional de Observación al Río Metlapanapa, el 24 de enero de 2020 fue detenido el Miguel López Vega, defensor de derechos humanos e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA – MPT), por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla mientras salía de la Dirección de Gobierno del estado de Puebla. Fue hasta el 16 de marzo de 2023 que se retiraron dos de los tres cargos contra el defensor de los derechos humanos Miguel López Vega, tras el reinicio del proceso judicial en su contra el pasado 16 de marzo de 2023. El defensor está a la espera de una fecha para la audiencia final a fin de que todos los cargos sean retirados.

La construcción del complejo de seguridad pública se da en un contexto de un preocupante aumento de la militarización y la creciente construcción de complejos de seguridad y cuarteles militares en comunidades en el país donde existen resistencias y oposición a megaproyectos y en donde no ha habido consulta, previa, libre e informada. Front Line Defendors ha denunciado anteriormente que esto ha venido acompañado de criminalización y represión a quienes han liderado la oposición de la militarización y el aumento de la presencia de fuerzas de seguridad en sus comunidades y como parte de sus derechos colectivos en otras partes del país.

Front Line Defenders denuncia la violencia sistemática en contra de las personas defensoras de los pueblos nahuas del municipio de Juan C. Bonilla del estado de Puebla y de quienes integran la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, ya que la organización cree que estas violaciones están directamente relacionadas con su trabajo colectivo y pacifico de los derechos humanos en defensa de la autonomía, tierra y territorio. Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades locales, estatales y nacionales para que cesen inmediatamente la represión y los ataques sistemáticos en contra de de las personas defensoras de derechos humanos que integran las comunidades nahuas que trabajan en defensa de su tierra, territorio y autonomía en el municipio de Juan C. Bonilla. Front Line Defenders insta a las autoridades a llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y de las comunidades nahuas.