Nadia Schujman
Entrevista a Nadia Schujman que ofrece un repaso a sus dos décadas de activismo y defensa de los derechos humanos.
Referentes de organizaciones de Derechos Humanos, junto a dirigentes sociales, sindicales y políticos denunciaron, este miércoles por la mañana, amenazas y hostigamiento por parte de desconocidos a través de grupos de WhatsApp.
Todo el tiempo nos quieren decir desde los medios que ya está, que ya fue, que es pasado. Y la respuesta en las calles es otra, que se atraviesa con otras luchas, como siempre. Por eso nosotras fuimos incorporándonos a las marchas de Ni Una Menos, o por el aborto, desde H.I.J.A.S.
Nadia Schujman es una abogada argentina que ha desarrollado una labor judicial muy intensa en casos de gran trascendencia y en recientes megacausas, durante los últimos 20 años, en los que se juzga el accionar del terrorismo de estado.
Su trabajo consiste en asistir legalmente a familiares de víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos en Argentina. La Dra. Schujman también ha tenido un rol relevante en diversas campañas de DDHH nacionales y provinciales por la memoria, justicia y reparación.
Desde el 2002 hasta la fecha integra el Equipo Jurídico de la organización no gubernamental Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, H.I.J.O.S, en la provincia de Santa Fe. También integra actualmente el equipo de abogados que lleva adelante la querella del Colegio de Abogados en la causa que investiga el secuestro y asesinado del abogado Felipe Rodriguez Araya.
Desde el 2009 al 2011 ha trabajado en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe coordinando el Programa de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Delitos de Lesa Humanidad; para luego en el 2011 desempeñarse como Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe en la región sur. Actualmente es Directora Provincial del Área de Reconstrucción de la Memoria Histórica de dicha Secretaría.
Desde el 2005 hasta el 2010 fue abogada de Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de Rosario.
Su labor en los juicios de lesa humanidad en la provincia de Santa Fe y Buenos Aires, tal como el caso de su participación en la megacausa del caso FECED y otros, consiste en representar judicialmente a los querellantes. Ha tenido un rol central en cinco juicios orales de prolongada duración en los que se juzgó el accionar del terrorismo de Estado. Hasta la fecha, ha representando a cientos de víctimas y sobrevivientes en estos juicios y como resultado de esta larga labor 54 genocidas han sido condenados. Los genocidas condenados enfrentas condenas ejemplares enmarcada en la contrucción del Estado de Derecho en Argentina.
Nadia Schujman ha recibido numeros premios y distinciones por su labor de los DDHH en Argentina: Declarada abogada distinguida por el Consejo Municipal de Rosario, por su labor en la querella en el juicio Guerrieri, 2010; Declarada abogada notable por el gobernador de la Provincia de Santa Fe Hermes Binner, 2011; Premio Mujeres que Luchan, otorgado por la diputada provincial Alicia Gutiérrez, 2012; Reconocimiento del Colegio de Abogados de Rosario por la labor en los juicios lesa humanidad, 2015; Reconocimiento por su labor como Subsecretaria de Derechos Humanos y como Directora Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica de la Zona Sur de la Provincia de Santa Fe del Gobernador Antonio Bonfatti y el Ministro Derechos Humanos Juan T Lewis, 2015.
Durante por lo menos una década, Argentina está establecida como un gobierno y una sociedad que respeta mayormente los derechos humanos. Sin embargo, los crímenes del pasado y los intentos por asignar responsabilidades todavía empañan la situación. Si bien muchos/as defensores/as de derechos humanos (DDH) pueden operar en libertad, aquellos/as DDH que buscan justicia para las violaciones perpetradas durante la dictadura, periodistas y sindicalistas han sido objeto de amenazas de muerte, hostigamiento, arresto arbitrario, procesos judiciales, violencia policial y campañas de difamación. En el último tiempo, defensores y defensoras han enfrentado nuevos riesgos, entre ellos brutalidad policial, hostigamiento judicial y opresión de comunidades indígenas.
