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El ambiente en que operan los defensores y defensoras de derechos humanos en cualquier área de Bolivia puede ser bastante hostil: hacen frente a continuados ataques, amenazas y actos de intimidación. La falta de respuesta de parte del gobierno es particularmente preocupante y las organizaciones, en especial las que denuncian violaciones y abusos de los derechos humanos de parte del estado, han sufrido estigmatización y hostigamiento de manera constante. La sociedad civil también ha denunciado la falta de acción del estado boliviano en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación por las serias violaciones de los derechos humanos cometidas durante los 18 años de gobierno militar.

Antes de ser reelecto en el 2014, en el 2013 el presidente Evo Morales sancionó un decreto que le otorga la capacidad de disolver organizaciones de la sociedad civil. Aunque esta legislación actualmente está siendo cuestionada por el Ombudsman boliviano ante la Suprema Corte, está claro que defensores y defensoras no pueden trabajar con libertad. Los periodistas son especialmente atacados de forma constante a través de hostigamiento, difamación y cuestionamientos legales.

En los últimos años causaron especial preocupación algunas temáticas relativas a defensores/as de derechos humanos, tales como el hostigamiento de defensores/as que trabajan con las comunidades indígenas y de campesinos, particularmente el caso del conflicto entre grupos indígenas y cultivadores de coca en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Las organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condenan la violencia contra los/as DDH tomados como blanco en este contexto.