Amenazas contra de Iván Madero Vergel

El 31 de julio de 2017, varias organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Colombia reportaron una nueva ola de amenazas e intimidaciones por parte de miembros de Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC, un grupo paramilitar que opera en el país. El grupo difundió un panfleto con mensajes amenazantes en el municipio de Barrancabermeja, Magdalena Medio y sus alrededores, incluyendo el nombre de varias organizaciones de derechos humanos y citando a cinco personas defensoras de derechos humanos: Ivan Madero, David Ravelo, Sonia Nevado, Melkin Castrillon y Maria Ravelo. Las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones mencionadas en el mensaje amenazador son ampliamente reconocidas por su trabajo en el proceso de paz colombiano.

Iván Madero Vergel es presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), organización que proporciona capacitación y educación en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. David Ravelo Crespo es el secretario del Consejo de Administración de CREDHOS. El 20 de junio de 2017, el defensor de derechos humanos fue puesto en libertad condicional después de casi 7 años en el cárcel. Había sido detenido desde el 14 de septiembre de 2010, cuando fue falsamente acusado de homicidio agravado cometido en 1991. Fue condenado a 18 años de prisión. Sonia María Nevado Morales es integrante del Frente Amplio por la Paz y ha participado activamente en el proceso de paz en Barrancabermeja. Melkin Hernán Castrillón Peña es un dirigente campesino, Coordinador de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de Juventud Rebelde y Tesorero de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). María Leonilda Ravelo Grimaldo es presidenta de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS) de Barracabermeja. La defensora de derechos humanos es también integrante de la Comisión de Paz en Colombia.

El 31 de julio de 2017 varias organizaciones y personas defensoras de derechos humanos en Colombia informaron que AGC estaba circulando un panfleto en la región de Barrancabermeja y sus alrededores que contenía amenazas de muerte contra varias personas defensoras que trabajan en temas de derechos humanos y en el proceso de paz en el país. En el mensaje amenazador, el grupo paramilitar los acusó de colusión con el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contra los intereses del pueblo colombiano. AGC afirmó que los traería de vuelta "en bolsas plasticas picaditos". El panfleto denominado menciona CREDHOS, Asociación de Víctimas de Crímenes del Estado - Magdalena Medio (ASORVIMM), ANDAS, ACVC, Juventud Rebelde, entre otras. El grupo paramilitar también declaró que las siguientes personas defensoras de derechos humanos son objetivos de alto valor militar: Ivan Madero, David Ravelo, Sonia Nevado, Melkin Castrillón y María Ravelo. ACG también declaró que: "para su conocimiento no es una amenaza, es una declaración de guerra, ya estamos en la zona. Ustedes y sus familias lo saben”.

En la mañana del 30 de julio de 2017, mientras María Leonilda Ravelo Grimaldo y su hija participaban en un taller en la Comuna 1 de Barracabermeja, varias personas no identificadas en motocicletas parecían vigilar la zona y tomar fotos de la defensora de derechos humanos. Alrededor del mediodía, uno de los ciclistas se acercó a un miembro de la comunidad y dijo que la defensora de derechos humanos debía abandonar el área inmediatamente y nunca volver. María Leonilda Ravelo Grimaldo y su hija decidieron salir del área.

El 28 de julio de 2017, alrededor de las 10 de la mañana, Iván Madero Vergel recibió una llamada de su teléfono móvil de una persona no identificada que amenazaba con que si el defensor de derechos humanos no dejaba de denunciar violaciones de derechos humanos sería asesinado.

Esta no es la primera vez que Front Line Defenders reporta sobre este patrón de amenazas e intimidación de AGC en la región del Magdalena Medio. El 26 de noviembre de 2016, otro panfleto firmado por el grupo paramilitar prometió una recompensa económica por el asesinato de Iván Madero Vergel, Lilia Peña Silva, Melkin Hernán Castrillón Peña, Miguel Cifuentes y Eladio Morales.

El 25 de julio de 2016, un panfleto adicional firmado por AGC fue distribuido en las redes sociales, amenazando con matar a varias personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas y funcionarios/as públicos que apoyaban el proceso de paz. El panfleto fue compartido directamente en la página de Facebook de CREDHOS y la cuenta personal de uno de sus miembros, Andrés Ortiz. El panfleto también fue enviado directamente a la defensora de derechos humanos María Ravelo Crespo.

Front Line Defenders expresa preocupación por la situación de personas defensoras de derechos humanos en Colombia. En su Informe Anual 2017, Front Line Defenders reportó 281 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo. 86 de esos asesinatos tuvieron lugar en Colombia, convirtiéndose en el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en el mundo.

Según un informe de la Defensoría del Pueblo colombiano, 156 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas entre enero de 2016 y marzo de 2017. Además de eso, se informó 5 desapariciones, 33 ataques y más de 500 casos de amenazas. Según el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera: "una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las FARC,  para controlar las economías ilegales que han sido el combustible de la guerra en Colombia".

El gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016, pero esto no ha hecho que el país sea más seguro para las personas defensoras de derechos humanos. A pesar de todas las pruebas en contrario, el gobierno continúa manteniendo la posición de que estos homicidios no son ni sistemáticos ni vinculados a la actividad paramilitar.

Front Line Defenders muestra profunda preocupación por las más recientes amenazas de muerte contra varias personas defensoras y organizaciones de derechos humanos en Colombia, ya que considera que estas amenazas están directamente relacionadas con sus actividades de derechos humanos.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Colombia a:

1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte a Iván Madero Vergel, David Ravelo Crespo, Sonia María Nevado Morales, Melkin Hernán Castrillón Peña y integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Iván Madero Vergel, David Ravelo Crespo, Sonia María Nevado Morales, Melkin Hernán Castrillón Peña así como integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos mencionadas en el mensaje amenazador;

3. Garantizar en todas las circunstancias que todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones.

El 18 de julio de 2016, el Sr Iván Madero Vergel recibió amenazas de muertes a través de una llamada anónima a su teléfono celular. El individuo que efectuó la llamada le amenazó de muerte a menos que cesara su trabajo de denuncia y abandonara el país en 48 horas. Posteriormente, recibió un mensaje de texto del mismo número que amenazaba con poner una bomba en su oficina si seguía recibiendo denuncias. El mismo día, una colega del defensor también recibió una llamada telefónica en la que también amenazaban de muerte a Iván Madero Vergel.

En la tarde del 18 de julio de 2016, Iván Madero Vergel recibió amenazas de muerte por medio de una llamada anónima. Usando un lenguaje extremadamente ofensivo, el interlocutor amenazó con asesinarlo si continuaba denunciando violaciones de derechos humanos y le dió 48 horas para abandonar el país ("perro hijueputa, malparido lacra te vamos a picar, te vamos a matar hijueputa, sapo siga metiéndose en lo que no le importa, siga denunciando, tiene 48 horas para salir del país"). Minutos después, la secretaria de CREDHOS recibió una llamada anónima, con un lenguaje igualmente ofensivo y vulgar, pidiéndole que advirtiera a Iván Madero Vergel que dejara de "estar esculcando en el pasado de las personas" y que tenía 48 horas para abandonar el país (“oiga perra hijueputa, dígale al señor Iván Madero, que se deje de estar metiendo en lo que no le importa, que deje de estar esculcando en el pasado de las personas, que tiene 48 horas para largarse del país”). Poco tiempo después, el defensor de derechos humanos se percató que había recibido un mensaje de texto a su celular diciendo que si continuaba recibiendo testigos y denunciando violaciones le iban a poner una bomba en la oficina (“siga denunciando hijueputa, siga recibiendo los sapos en la oficina, que le vamos a meter una bomba”). CREDHOS reportó de inmediato todos los incidentes a las autoridades correpondientes, incluyendo la policía y la fiscalía.

Esta no es la primera vez que Iván Madero y miembros de CREDHOS reciben amenazas de muerte. Muchos de sus integrantes han sido asesinados o forzados a exiliarse en las últimas décadas. Front Line Defenders ha reportado varios ataques contra integrantes de CREDHOS, incluyendo amenazas de muerte a Iván Madero y su familia el 25 de junio de 2015, 23 de junio de 2015 y el 9 de enero de 2014. Adicionalmente, el 25 y 26 de noviembre de 2013, varios individuos, los cuales la organización pensaba eran paramilitares encargados de monitorear la oficina, fueron vistos vigilando las instalaciones de CREDHOS entre las 9am y las 3pm. Este incidente ocurrió pocos días después de que se dio un robo de información confidencial en la oficina central de CREDHOS en Barrancabermeja.

El 7 de diciembre de 2012, el entonces vocero de CREDHOS, el Sr David Ravelo Crespo, fue injustamente sentenciado a 18 años y 3 meses de prisión por homicidio agravado, tras un juicio lleno de irregularidades. El juez que le sentenció, William Pacheco Granados, fue destituido de su cargo anterior cuando una investigación interna determinó su involucramiento en la desaparición del jóven William Hurtado Parra en 1991. Adicionalmente, uno de los testigos claves en el caso de David Ravelo Crespo es un ex-miembro de un grupo paramilitar; este individuo está actualmente siendo procesado por dar falso testimonio en otro caso. A pesar de los numerosos llamados hechos por organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales para anular su condena, David Ravelo Crespo ha pasado casi 6 años en prisión por un crimen que no cometió. Front Line Defenders ha acompañado el caso de David Ravelo Crespo desde su detención en Septiembre del 2010 y continuará efectuando llamados para la anulación de su condena.

A nivel internacional y doméstico, la expectativa ha sido que el progreso de las negociaciones de paz entre el estado de Colombia y la guerrilla de las FARC disminuiría los riesgos para defensores y defensoras de derechos humanos. Sin embargo, hasta ahora el resultado ha sido el contrario. Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos en el mundo para defensores y defensoras de derechos humanos. Entre enero y marzo de 2016, 20 defensores y defensoras han sido asesinados/as, en comparación con 19 asesinatos en el mismo período de tiempo en 2015 y 16 en 2014. Front Line Defenders reportó que, a nivel global, Colombia fue el país donde más defensores y defensoras fueron asesinados/as en 2015. Según la organización colombiana "Programa Somos Defensores", los esfuerzos para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos deben tener en cuenta que, en los últimos 5 años, alrededor de 90% de amenazas contra defensores y defensoras han venido de grupos paramilitares, quienes se oponen radicalmente al proceso de paz. Organizaciones como CREDHOS, que denuncian constantemente violaciones de derechos humanos perpetradas por todos los actores del conflicto y que buscan justicia para víctimas y sobrevivientes, son amenazadas por todos aquellos que buscan obstruir la justicia. CREDHOS es particularmente vulnerable a grupos paramilitares, dada la presencia de estos grupos en la región de Magdalena Medio desde mediados de los 90s.

Front Line Defenders condena las amenazas de muerte contra Iván Madero Vergel y sus familiares, así como los esfuerzos para intimidar integrantes de CREDHOS y disuadirles de su labor de defensa de derechos humanos.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Colombia a que:

1. Inicien una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte contra Iván Madero Vergel con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley de acuerdo con los estándares pertinentes establecidos en normas internacionales;

2. Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica de Iván Madero Vergel y su familia, incluyendo a través del refuerzo de las medidas de protección vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unidad Nacional de Protección, en consulta con el defensor;

3. Aseguren que todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones ni represalias.

El 9 de enero de 2014 en la ciudad de Barrancabermeja, el defensor de derechos humanos Iván Madero Vergel fue amenazado de muerte mediante una llamada telefónica, advirtiéndole también que ya conocían el paradero de su familia.

En el mismo día, la defensora de derechos humanos Sra Lilia Peña Silva recibió una amenaza de muerte en su contra y demás miembros de la Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado del Magdalena Medio (ASORVIMM), así como en contra del defensor de derechos humanos el Sr. Melkin Castrillón.

Iván Madero Vergel es presidente de la Corporación Regional por la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). Lilia Peña Silva es miembro de ASORVIMM y Melkin Castrillón es miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC). Las organizaciones trabajan en la ciudad petrolera de Barrancabermeja y en la región del Magdalena Medio atendiendo víctimas del conflicto en Colombia. Denuncian las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario cometidos por paramilitares y miembros de la fuerza publica, en especial casos de ejecuciones extrajudiciales, tanto como violaciones e intimidaciones al campesinado del Valle del Río Cimitarra.

El 9 de enero de 2014, la secretaria de CREDHOS recibió una llamada amenazando a Iván Madero Vergel, informándole que tenía “48 horas para que se vaya” y que ya tienen “ubicada la familia” En las oficinas de ASORVIMM encontraron un sobre de manila que contenía un panfleto y una bala. El panfleto decía: “Muerte a guerrilleros disfrazados de victimas Asorvin Melqun Lilia”. Este tipo de amenaza es común en Colombia; defensores y defensoras de derechos humanos, líderes campesinos, sindicalistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil son frecuentemente estigmatizados como miembros de grupos armados insurgentes.

Estos hechos se suman a los anteriores sucesos. Front Line Defenders ha emitido un llamamiento urgente el 27 de noviembre de 2013 sobre un allanamiento en las oficinas de CREDHOS, así como intimidación en contra de sus miembros. Por otra parte también Melkin Castrillón y Lilia Peña Silva durante febrero y marzo de 2013 recibieron mensajes de texto amenazándoles de muerte, incluso de lanzar una granada en su casa.

Me preocupa que las amenazas de muerte y estigmatización contra los mencionados defensores y defensora de derechos humanos no son hechos aislados. Forman parte de un patrón de hostigamientos contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia en relación con su legítima labor en la defensa de los derechos humanos, en particular el trabajo de denuncia del aumento del paramilitarismo y las acciones de las fuerzas del orden en la región del Magdalena Medio.