Carlos Maaz Coc asesinado mientras participaba en manifestación pacífica
El 27 de mayo de 2017, Carlos Maaz Coc, defensor de derechos indígenas y de la tierra, fue asesinado mientras participaba en una manifestación pacífica que pedía a las autoridades una solución a la contaminación del Lago Izabal, El Estor, Guatemala, que resulta de las actividades mineras.
Carlos Maaz Coc era miembro de la comunidad indígena Maya-Q'eqchi y defensor del medio ambiente y de la tierra. Fue parte del Gremial de Pescadores Artesanales (GPA), que, junto con otras organizaciones locales, trabaja para proteger los derechos humanos de las comunidades Maya-Q'eqchi contra la contaminación generada por las actividades de minería de níquel en la región, la cual puede afectar a sus tierras y poner en peligro sus medios de vida.
El 27 de mayo de 2017, Carlos Maaz Coc, defensor de derechos indígenas y de la tierra, fue asesinado mientras participaba en una manifestación pacífica que pedía a las autoridades una solución a la contaminación del Lago Izabal, El Estor, Guatemala, que resulta de las actividades mineras.
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El 27 de mayo de 2017, el gobierno de Guatemala abandonó unilateralmente las negociaciones con el GPA, que habían sido organizadas en un intento por encontrar una solución a los problemas de la comunidad causados por las actividades mineras. Aproximadamente a las 15:00, la comunidad de El Estor decidió realizar una manifestación pacífica cerrando la carretera que conduce a Alta Verapaz y a las instalaciones mineras. El Ministerio de Gobernación de Guatemala ordenó el despliegue de la unidad de policía antimotines de la Policía Nacional Civil a la región. El uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el uso de balas de goma, municiones reales, bombas de gas y bombas sonoras, resultó en varias personas heridas y en la muerte de Carlos Maaz Coc, que fue atingido con munición real.
Varias autoridades guatemaltecas, entre ellas el Ministro de Medio Ambiente, Sydney Samuels, han negado públicamente la muerte.
En 2006, el gobierno guatemalteco otorgó licencias de explotación minera a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria local de la empresa canadiense HudBay Minerals Inc. El gobierno no solicitó el consentimiento previo, informado y libre de las comunidades indígenas de El Estor, un requisito establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Las actividades mineras en los alrededores del Lago Izabal han causado su contaminación por metales tóxicos, como el níquel, el cromo y el cadmio. Esto ha puesto en peligro los derechos humanos de las comunidades indígenas que utilizan el lago para la pesca y como su principal fuente de agua potable.
El gobierno guatemalteco ha faltado repetidamente en el cumplimiento de la legislación internacional y nacional y de las decisiones judiciales que le exigen que respete los derechos de las comunidades indígenas. Front Line Defenders ha informado previamente sobre violaciones contra personas defensoras de la tierra y de derechos indígenas en el país. El 4 de febrero de 2017, Abelino Chub Caal, defensor indígena Maya-Q'eqchi, fue detenido y acusado falsamente de usurpación agravada, incendio, coacción, asociación ilícita y agrupaciones ilegales de gente armada. Permanece detenido mientras espera que se juzgue su caso. El 17 de septiembre de 2016, se dispararon tiros fuera de la casa de Angélica Choc en El Estor, donde dormía con sus dos hijos. A la mañana siguiente, la defensora de derechos humanos descubrió al menos cuatro disparos contra la pared que rodeaba su casa. Angélica Choc, junto con otros 12 demandantes, presentaron una demanda contra la compañía Hudbay Minerals y su filial guatemalteca CGN en Canadá, en un esfuerzo sin precedentes por llevar justicia a su comunidad Maya-Q'eqchi.
En 2011, Rodrigo Tot, presidente de la comunidad Agua Caliente en El Estor y ganador del Premio Ambiental Goldman 2017, presentó una demanda contra el gobierno de Guatemala para demostrar la propiedad de la tierra por su comunidad. A pesar de que varias páginas del registro oficial de tierras fueron retiradas intencionalmente, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió a favor de la propiedad comunal de la comunidad de Agua Caliente, reafirmando así la necesidad de que el Estado busque la aprobación de las comunidades locales antes de emitir licencias mineras en sus tierras, las cuales pueden violar sus derechos humanos. El gobierno aún no ha cumplido con la decisión.
Front Line Defenders condena el asesinato del defensor de derechos humanos Carlos Maaz Coc, así como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades guatemaltecas contra manifestantes pacíficos en El Estor. Front Line Defenders también muestra profunda preocupación por las declaraciones públicas hechas por autoridades que niegan el asesinato.
Front Line Defenders insta a las autoridades de Guatemala a:
1. Condenar enérgicamente el asesinato de Carlos Maaz Coc;
2. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Carlos Maaz Coc con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
3. Tomar medidas para asegurar que funcionarios/as gubernamentales u otras figuras públicas se abstengan de hacer declaraciones o declaraciones estigmatizando el trabajo legítimo de personas defensoras de derechos humanos;
4. Tomar todas las medidas necesarias, en consulta con las personas defensoras, para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las comunidades Maya-Q’eqchi de El Estor, incluyendo miembros del GPA;
5. Tomar todas las medidas necesarias para poner fin a las intimidaciones contra los/as defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, para que puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias, de acuerdo con la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
