Un mes después del asesinato de Berta, su lucha es más fuerte que nunca
El 3 de marzo de 2016, un grupo de hombres irrumpió en la casa de Berta Cáceres en Intibucá, Honduras, y le asesinaron.
Un mes más tarde, los asesinos – y aquellos que los enviaron – siguen en libertad.
Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca. Desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca, liderando campañas contra los mega-proyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. En 1993 co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual, bajo su liderazgo, ha logrado con éxito evitar que empresas multimillonarias diezmen tierras indígenas. Berta tenía una fuerza que había que tener en cuenta. La fuerza de su espíritu y su activismo ante riesgos fatales le otorgó premios internacionales de derechos humanos y apoyos alrededor de todo el mundo en círculos ambientalistas. Su muerte provocó un estallido de indignación y defensores/as de derechos humanos en Kenia, Filipinas y otros países están exigiendo justicia para Berta.
Sin embargo, a pesar de la presión internacional y de las protestas de la familia y de los/as amigos/as de Berta, el gobierno de Honduras no ha abierto una investigación independiente y transparente sobre el caso.
No ha otorgado medidas efectivas de protección a los/las compañeros/as de Berta, miembros de COPINH que reportan acoso, intimidación y amenazas de muerte continuadas. El gobierno de Honduras no se está moviendo para proteger los derechos de las comunidades indígenas de Honduras y la tierra en donde viven.
De acuerdo con el COPINH y con los/las familiares de Berta, la investigación actual del gobierno sobre su muerte es profundamente deficiente. La escena del crimen fue alterada y la autopsia de su cuerpo se llevó a cabo sin la presencia de un médico forense independiente.
El único testigo del asesinato, el defensor de derechos humanos mexicano Gustavo Castro, no recibió protección alguna. Las autoridades no le proporcionan asistencia médica después de la muerte de Berta. Cuando intentó dejar Honduras por temor a un otro ataque, la policía le detuvo en el aeropuerto y le ordenó que permaneciera en el país a pesar del alto riesgo que enfrentaba. Hasta el 31 de marzo, casi un mes después del asesinato, las autoridades no dieron a Gustavo autorización para marcharse de Honduras.
Los agentes de la Policía que cuestionaron a Gustavo le mostraron fotos de otros miembros del COPINH y le preguntaron si el asesino era alguno de ellos. Los fiscales convocaron e interrogaron a ocho miembros coordinadores del COPINH. Nadie de la empresa hidroeléctrica a la que Berta y su comunidad se oponían en relación con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca fue interrogado/a.
El hecho de que los/as defensores/as de derechos humanos sigan enfrentando acoso y sean tratados como criminales no es ninguna sorpresa. La propia Berta enfrentaba acoso judicial debido a su labor de derechos humanos. En 2013 fue detenida bajo cargos falsos de "posesión ilegal de arma de fuego poniendo en peligro la seguridad del Estado hondureño", usurpación de tierras y coacción. También fue acusada de provocar más de 3 millones de dólares en daños a DESA, una empresa hidroeléctrica.
Mientras Honduras penaliza a defensores/as de derechos humanos, la impunidad para aquellos/as que amenazan, agreden y matan a los/as defensores/as es generalizada. Menos de dos semanas después de la muerte de Berta, otro miembro del COPINH - Nelson García - fue asesinado. Ninguna investigación ha sido iniciada después de su asesinato, y los medios de comunicación locales, controlados por el gobierno, casi no mencionaron el asesinato.
En un sitio web dedicado a mantener viva la memoria de Berta, su familia publicó una lista de peticiones para el gobierno de Honduras y para la comunidad internacional:
- Iniciar una investigación independiente, internacional, y posiblemente en cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH);
- Permitir a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala que analice las pruebas forenses;
- Garantizar protección efectiva a la familia de Berta, a los miembros de COPINH y, principalmente, al testigo Gustavo Castro;
- Dejar de prestar asistencia a las fuerzas de seguridad hondureñas, mientras que activistas como Berta sigan siendo asesinados/as de manera impune.
- Los bancos de desarrollo deben suspender el financiamiento al sector privado de Honduras, ya que no existe un mecanismo para evitar graves violaciones de derechos humanos en el país;
- Retirar la unidad "Tigres" (una unidad de la policía militarizada entrenada por los EE.UU.) de Río Blanco, ubicación de una propuesta de hidroeléctrica que enfrenta fuerte oposición de la comunidad indígena local;
- Poner fin al entrenamiento paramilitar y actividades apoyadas por gobiernos extranjeros;
- Poner fin a la persecución de los que defienden los derechos de los pueblos indígenas y de toda la sociedad.
El gobierno aún no ha respondido a tales solicitudes, pero está claro que la lucha de Berta no murió en la noche de su asesinato. En una carta abierta, Gustavo Castro escribió:
“Vi morir a Berta en mis brazos pero también vi su corazón sembrado en cada lucha que el COPINH ha realizado, en tantísima gente que la conocimos (…). El asesinato de Berta podrá significar para muchas empresas e intereses la oportunidad para avanzar sobre sus territorios. Pero el COPINH es más fuerte que nunca y necesitará de la solidaridad de todos y todas para sumarnos a su lucha, con solidaridad y con la memoria de Berta en nuestras manos”.
Cientos de personas de otras organizaciones de derechos humanos, sindicalistas, grupos de mujeres, comunidades indígenas y estudiantes se han unido a las protestas organizadas por COPINH. Ellos han demostrado solidaridad y sumado sus voces a la llamada del COPINH por justicia.
En un artículo para el Huffington Post, Karen Spring, coordinadora de la Red de Solidaridad con Honduras, escribe:
Banderas, carteles, grafiti y la energía proyectada por cientos de personas en las calles son todas muestras de la inspiración que era mi amiga Berta. En varios sitios de Tegucigalpa, su rostro ha sido pintado junto a las palabras, Berta no murió, se multiplicó.
Además de exigir justicia por el asesinato de Berta, defensores/as de derechos humanos en todo el mundo se han unido a COPINH para pedir la suspensión del proyecto de Agua Zarca. Construido sobre el Río Gualcarque, el Agua Zarca es una cascada de cuatro presas hidroeléctricas. El proyecto, que tiene el potencial de restringir el acceso al agua para las poblaciones indígenas que viven en la región, se inició sin el consentimiento de las comunidades locales o consultas apropiadas con ellos.
Tras el asesinato de Nelson García, tanto el FMO (el banco de desarrollo holandés) como Finnfund anunciaron la suspensión inmediata de todas sus actividades en Honduras. El 1 de abril, se hizo pública la noticia de que el Banco Centroamericano de Integración Económica, que había prestado 24,4 millones de dólares a la empresa que administra el proyecto, Desarrollos Energía S.A. (DESA), suspendía el financiamiento para Agua Zarca. DESA no ha suspendido el mega-proyecto. Familiares y amigos de Berta se han comprometido a seguir con las protestas y a organizar actividades de incidencia y cabildeo hasta que las hidroeléctricas sean abandonadas.
Front Line Defenders expresa su solidaridad con la familia de Berta y los miembros del COPINH, y se une a ellos/as para instar a las autoridades de Honduras a que inicien una investigación independiente sobre el asesinato de Berta Cáceres. Front Line Defenders expresa además su preocupación por el acoso y la intimidación continuos que enfrentan los miembros del COPINH y otros/as defensores/as de derechos humanos en Honduras, y urge a las autoridades a que les brinden protección adecuada.
