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Humberto Prado Sifontes

OVP

Observatorio Venezolano de Prisiones
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El Observatorio Venezolano de Prisiones – OVP  es una organización fundada en 2002 que documenta casos de violaciones contra las personas detenidas en Venezuela y defiende sus derechos.

El director de la organización, Humberto Prado Sifontes, ha sido a menudo objeto de persecuciones e intimidación, campañas de difamación y amenazas de muerte. Los/as funcionarios/as públicos/as, incluido el presidente, lo han acusado de instigar incidentes violentos en las cárceles venezolanas. El 4 de mayo de 2016, Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, atacó y desacreditó al defensor de derechos humanos en su programa de televisión semanal Con El Mazo Dando, afirmando que Sifontes estaba recibiendo ilegalmente financiación extranjera, una actividad que puede considerarse como acto de traición contra el Estado. Estos ataques exponen al DDH a mayores riesgos y ataques por parte de los partidarios de Cabello.

Las amenazas contra Humberto Prado comenzaron en junio de 2011, después de que el entonces ministro del Interior y Justicia, Tareck El Aissami, dijera en un programa de televisión estatal que Humberto Prado había mentido flagrantemente sobre la situación en la prisión de El Rodeo II. Un día antes, alrededor de 3.500 miembros de la Guardia Nacional comenzaron una operación que duró varios días para controlar unos disturbios violentos en la prisión, hecho que denunció el defensor de derechos humanos. Tras la declaración de El Aissami, un bloguero anónimo publicó información personal de Humberto Prado, incluyendo su dirección y número de teléfono, así como amenazas de muerte contra él.

Venezuela

Los/as DDH trabajan desde hace años en un contexto de políticas restrictivas: el gobierno de Maduro continúa con la tarea iniciada por Chávez para restringir el espacio de la sociedad civil y restar legitimidad a los/as DDH, acusándolos reiteradamente de socavar la democracia venezolana con la presunta colaboración de los EE.UU. Los/as DDH son desacreditados y criminalizados por los medios de comunicación controlados por el estado (televisión, radio, medios impresos) todas las semanas.