Perú: Continúa criminalización en contra del defensor de derechos humanos Fabián Antúnez

El 30 de enero de 2026, una orden de detención contra el defensor de derechos humanos Asháninka, Fabián Antúnez, fue confirmada, después de haber sido apelada por su equipo legal. El caso judicial en contra del defensor de derechos humanos surgió como una represalia por las protestas organizadas por el pueblo Asháninka en Puerto Ocopa en el 2023, en las cuales exigían justicia por el asesinato del defensor de derechos humanos Santiago Contoricón. En el contexto de la protesta, desaparecieron cuatro personas, lo cual fue utilizado como un pretexto para iniciar una persecución penal infundada en contra de liderazgos Asháninkas, incluyendo a Fabián Antúnez.

Descargue la apelación urgente

Fabián Antúnez es un defensor de derechos humanos y líder indígena asháninka del distrito del Río Tambo, en Junín, parte de la Amazonía peruana. Es sobreviviente del conflicto armado interno, marcado por graves violaciones de derechos humanos en contra de integrantes de su familia. Fue presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART) que agrupa a más de 50 comunidades. Su trabajo en derechos humanos se centra en la protección del territorio indígena por medio de liderar esfuerzos en contra de la tala ilegal, la deforestación y el cultivo ilegal de coca vinculado al narcotráfico. Ha denunciado públicamente estas actividades y ha promovido acciones comunitarias para garantizar la vida, seguridad y derechos de las comunidades del Río Tambo. En el 2016 fundó la cooperativa Kemito Sankori, la cual promueve el cultivo sostenible de cacao y artesanías para mejorar la estabilidad económica de las comunidades indígenas y contribuir a una vida comunitaria digna.

La investigación en contra del defensor de derechos humanos Fabián Antúnez comenzó con una denuncia legítima de los familiares de las personas desaparecidas en las protestas del 2023. Sin embargo, a pesar de no existir pruebas concluyentes respecto a la identidad de los autores, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo del departamento de Junín acusó a los lideres indígenas Asháninkas de secuestrar a las cuatro personas, y, en Septiembre de 2023 inició los procesos judiciales en contra de tres defensores de derechos humanos y liderazgos asháninkas: Fabián Antúnez, en ese entonces presidente de la Central Asháninka del Río Tambo (CART), Fredi Gavilán, presidente de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE) y, Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE).

En agosto de 2024, tras once meses del proceso de investigación, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Satipo excluyó del proceso al líder asháninka Ángel Pedro Valerio. El Juzgado reconoció la falta de pruebas y absolvió de los cargos al defensor de derechos humanos. En meses previos, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos elevaron denuncias señalando una serie de irregularidades en el proceso y en la vinculación de Angel Pedro con las desapariciones. Actualmente, el proceso judicial continúa vigente en contra de Fabián Antúnez y Fredi Gavilán, pese a la existencia de las mismas irregularidades en la supuesta evidencia que vincula a los dos líderes indígenas con los desapariciones.

El derecho al debido proceso de Fabián Antúnez, según se informa, fue violado por diversas irregularidades procedimentales y por las acusaciones en su contra basadas en testimonios contradictorios. La evidencia presentada por la Fiscalía y los testimonios de los testigos referenciales se contradicen con la investigación y evidencia recabada por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en las cuales los testigos vinculan a Fabián Antúnez con las desapariciones basándose únicamente en su papel como presidente de la CART en 2023 y en su participación en la protesta pacífica. No se le menciona por su nombre en los testimonios, sino que se le asocia con un apodo que él nunca utilizó. Adicionalmente, un testimonio clave de una monja franciscana, del convento donde se alojaban personas indígenas de diferentes comunidades asháninkas durante los días de la protesta, no ha sido tomando en cuenta durante la investigación y las audiencias ante la Sala Penal de Apelación de Satipo. Su testimonio confirma que Fabián Antúnez pasó la noche en el convento y no pudo haber salido del lugar, ya que la entrada está estrictamente controlada por las monjas. Sin embargo, la Fiscalía sigue adelante con el caso y una orden de detención ha sido emitida en su contra.

Desde el 2023, la criminalización de Fabián Antúnez, y en particular, la orden de detención, ha resultado en riesgos para su vida y su integridad física y emocional, causada -entre otros- por su aislamiento prolongado. Por ello, en enero de 2026, Fabián Antúnez y su defensa legal buscaron revertir dicha orden e impulsar la transparencia de la investigación por medio de una apelación ante la Sala Penal de Apelaciones de Satipo. Sin embargo, el 30 de enero de este año los magistrados de la Sala, decidieron mantener la orden de prisión en contra del defensor, teniendo como efecto la continuación de su aislamiento. A pesar de ello, Fabián Antúnez y su defensa legal continuarán con sus esfuerzos de revertir la decisión de la Sala y probar su inocencia.

La criminalización de liderazgos indígenas Asháninkas se enmarca en un contexto de riesgo en Perú para las personas defensoras indígenas. El país tiene parte de los números más altos de asesinatos contra liderazgos indígenas en la región. Particularmente el pueblo Asháninka, enfrenta actualmente una situación crítica de riesgo por el avance del narcotráfico, la ganadería, la tala y cultivo ilegal, así como conflictos territoriales. Actores estatales, empresariales y del crimen organizado están igualmente involucrados en la apropiación de territorio indígena, dejando así a los líderes indígenas y sus comunidades expuestos a amenazas y violaciones de su seguridad, territorio y derechos colectivos. En consecuencia, el pueblo Asháninka se ve afectado por una violencia creciente cuando intenta detener estas actividades, fortalecer la soberanía indígena sobre sus territorios y proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas.

Front Line Defenders expresa su más profunda preocupación por la criminalización del líder indígena asháninka Fabián Antúnez en un contexto de ataques en contra de líderes indígenas de la Amazonía peruana. Front Line Defenders considera que él es objeto de represalias por su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Front Line Defenders resalta que al aislar y criminalizar a liderazgos indígenas, las autoridades peruanas debilitan la capacidad de los pueblos indígenas de ejercer su derecho a una manifestación pacifica y de exigir justicia. Al atacar a los líderes indígenas, las autoridades también deslegitiman y socavan los procesos organizativos llevados a cabo por los pueblos indígenas en el país.

Finalmente, Front Line Defenders reitera la obligación del Gobierno peruano de garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo su labor en un entorno libre de ataques, amenazas y restricciones, así como de reconocer la importancia de su trabajo para la sociedad, en particular, la de las personas defensoras indígenas en la protección del medio ambiente y sus territorios.

Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades peruanas a:

1. Retirar los cargos contra el defensor de pueblos indígenas Fabián Antúnez y garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia;
2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad del defensor de derechos humanos Fabián Antúnez;
3. Poner fin al uso de investigaciones infundadas contra líderes indígenas en la Amazonía peruana y reconocer los procesos legítimos de defensa de derechos impulsados por los pueblos indígenas y sus liderazgos;
4. Front Line Defenders reitera la necesidad de que las autoridades promuevan una investigación seria, transparente, objetiva y eficaz que garantice el acceso a la justicia a las personas desaparecidas y a sus familias;
5. Garantizar que todas las personas defensoras de derechos humanos en Perú puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de defensa de derechos humanos sin temor a represalias y libres de toda restricción, incluido el acoso judicial.