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Criminalización en contra de integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos

Estatus: 
Criminalización
Sobre la situación

El 13 de agosoto de 2020, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocó el sobreseimiento definitivo emitido en marzo de 2019, a favor de los defensores de derechos humanos Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reinaldo Domínguez, José Adalid Cedillo y Marco Tulio Ramos. Los defensores son integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP). El sobreseimiento se emitió como parte de un proceso judicial que inició en septiembre de 2018, mientras que otros ocho integrantes de la CMDBCP también vinculados a este caso permanecen en prisión preventiva, desde el 1 de septiembre de 2019.

Sobre Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) es una organización en Tocoa, departamento de Colón, integrada por los Comités Ambientales de Sector San Pedro (13 comunidades) y Comité Sector Abisinia (14 comunidades); Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol, grupos campesinos y las organizaciones Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA); Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Parroquia San Isidro de Tocoa. La articulación de esfuerzos y recursos del CMDBCP constituye una referencia importante como proceso de organización y acción social contra el despojo de los bienes comunes y públicos que imponen proyectos extractivos.

20 Agosto 2020
Criminalización en contra de integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos

El 13 de agosoto de 2020, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocó el sobreseimiento definitivo emitido en marzo de 2019, a favor de los defensores de derechos humanos Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reinaldo Domínguez, José Adalid Cedillo y Marco Tulio Ramos. Los defensores son integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP). El sobreseimiento se emitió como parte de un proceso judicial que inició en septiembre de 2018, mientras que otros ocho integrantes de la CMDBCP también vinculados a este caso permanecen en prisión preventiva, desde el 1 de septiembre de 2019.

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El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) es una organización en Tocoa, departamento de Colón, integrada por los Comités Ambientales de Sector San Pedro (13 comunidades) y Comité Sector Abisinia (14 comunidades); Comité Ambiental de la Comunidad de Guapinol, grupos campesinos y las organizaciones Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA); Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y Parroquia San Isidro de Tocoa. La articulación de esfuerzos y recursos del CMDBCP constituye una referencia importante como proceso de organización y acción social contra el despojo de los bienes comunes y públicos que imponen proyectos extractivos.

El 4 de marzo de 2019 se desestimaron los cargos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad” para un grupo de doce defensores de derechos humanos, todos miembros de la CMDBCP. Los cargos se remontan a septiembre de 2018 y están relacionados con su participación en la defensa pacífica de los ríos San Pedro y Guapinol. El 13 de agosto de 2020, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán revocó este sobreseimiento para cinco de los doce defensores sin ninguna explicación ó argumento legal. Los abogados de los defensores han presentado una reposición ante la misma Corte para impugnar la decisión de revocar el sobreseimiento definitivo de los cinco defensores.

El mismo día, la Corte de Apelaciones también ratificó los autos formal procesamiento dictados a los defensores Porfirio Sorto Cedillo, José Daniel Marquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Ewer Alexis Cedillo, Orbin Nahún Hernández, Arnold Javier Alemán y Jeremías Martínez – también integrantes del CMDBCP– por los mismos delitos. Siete de los defensores permanecen en prisión preventiva desde el 1 de septiembre de 2019 en el Centro Penal de Olanchito y Jeremías Martínez en el Centro Penal de La Ceiba desde diciembre de 2018.

El proceso legal contra los defensores del CMDBCP inició el 13 de septiembre de 2018, cuando un juzgado hondureño especializado en crimen organizado emitió una orden de detención contra dieciocho integrantes por los delitos de “usurpación y “daños” contra la empresa “Inversiones Los Pinares” y el Estado de Honduras. Los defensores protestaban pacíficamente en el campamiento Guapinol a causa de los daños ambientales y personales ocasionados por las actividades mineras de la empresa Los Pinares. Las actividades mineras contaminaron el agua del río Guapinol, fuente de agua potable de catorce comunidades circundantes, hecho que resulto en la muerte de animales y en enfermedades entre las y los habitantes del área. El proyecto minero, frente al cual existen numerosas alegaciones de irregularidades en la licencia, fue realizado sin el derecho a la consulta previa y consentimiento de las comunidades.

El 21 de febrero de 2019, trece de dieciocho personas de Tocoa se presentaron voluntariamente al juzgado de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula. Al presentarse ante el juzgado, los trece defensores y sus abogados se enteraron de la existencia de una segunda solicitud de captura emitida por el Ministerio Público en contra de treinta y uno personas del campamento, incluyendo doce de ellos, por delitos adicionales de “asociación ilícita”, “robo”, “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”. En respuesta, los abogados de los defensores interpusieron un recurso de recusación en contra del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a un Juzgado de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa. En febrero de 2019, un juez de dicho Juzgado dictó sobreseimiento de todos los cargos contra los defensores por falta de evidencia.

En su fallo del 13 de agosto de 2020, la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento definitivo por el delito de asociación ilícita para las personas defensores que se han presentado de forma voluntaria ante los tribunales, dejando claro que los defensores no forman parte de un grupo ilícito, uno de los motivos que se ha usado para mantener a los ocho defensores en prisión preventiva.

Front Line Defenders recibe con preocupación el fallo de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, toda vez que representa un acto de criminalización y persecución política en contra de los defensores Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reinaldo Domínguez, José Adalid Cedillo, y Marco Tulio Ramos. La decisión de la Corte contribuye a la desafortunada tendencia del uso indebido del derecho penal para favorecer intereses políticos y empresariales.

La decisión de la Corte es un ejemplo de la "justicia selectiva", utilizada para atacar a los defensores del medio ambiente y disuadirlos de continuar su trabajo en defensa del territorio y los recursos naturales en Honduras. Front Line Defenders insta al Estado Hondureño a implementar las recomendatcones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación al el sistema judicial en agosto del 2019.