Asesinato del defensor de derechos humanos Eugenio López y López

El 23 de junio de 2017, el defensor de derechos humanos Eugenio López y López fue asesinado mientras participaba en una protesta de ex-trabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada, en Coatepeque, Quetzaltenango, Guatemala.

El 23 de junio de 2017, alrededor de las 6 de la mañana, un grupo de aproximadamente 25 ex-trabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada y sus familiares se reunieron en el camino a la Aldea Pacayá para protestar pacíficamente por sus derechos. Un hombre no identificado vino de la finca con una parte de su cara cubierta y efectuó cuatro disparos contra los manifestantes. Eugenio López y López murió en el acto, mientras que Israel Méndez Vásquez y Berta López Escobar resultaron gravemente heridos. Desde el incidente, un grupo de 200 apoyadores, ex-trabajadores y familiares se reunieron frente a la finca para exigir justicia por el asesinato. Defensores de derechos humanos y organizaciones en Guatemala creen que el asesino era un miembro de la seguridad privada de la finca.

La finca San Gregorio Piedra Parada pertenece actualmente a la familia Quintanal Paiz, una de las más ricas del país, cuyas inversiones giran en torno a la producción de caña de azúcar, etanol, electricidad, propiedades y bancos con inversiones en Costa Rica y República Dominicana. Durante 30 años, la finca San Gregorio Piedra Parada estafó a 260 trabajadores al deducir su contribución mensual a la seguridad social sin transferirla al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Cuando los trabajadores intentaron jubilarse, con edades comprendidas entre 70 y 95 años, se dieron cuenta de que sus cuotas no habían sido transferidas y por lo tanto no podían recibir sus pagos de seguridad social.

Durante nueve años, el movimiento de ex-trabajadores ha apelado a diversas instituciones gubernamentales, como el Ministerio de Trabajo, para que se cumplan sus demandas. Debido a la falta de respuesta por parte de las instituciones estatales y de la finca, que se negaron a entablar negociaciones, los ex-trabajadores decidieron organizar protestas en la entrada de la propiedad. Las autoridades han reaccionado con violencia e intentos de criminalización. Alrededor de 19 personas defensoras de derechos humanos están siendo acusadas, incluyendo cargos por usurpación e instigación a delincuir, y se han dictado órdenes de arresto contra cuatro de ellas: Elmar Danilo Pérez Escobar, Digna Dalila Mérida Escobar, Ricardo Alberto Pérez Castillo y Francisco Vásquez Oxlaj.

El acoso judicial obedece a un patrón establecido de criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala. Tal como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha denunciado en un informe de 2016, es común que órdenes de captura sean giradas contra personas defensoras y que sólo sean ejecutadas en momentos cruciales para su lucha.

Front Line Defenders ha reportado previamente sobre violaciones contra personas defensoras de derechos indígenas y de la tierra en Guatemala, como Aura Lolita Chávez, Carlos Maaz Coc, Abelino Chub Caal y Angélica Choc.

Front Line Defenders condena el asesinato de Eugenio López y López, así como la criminalización de ex-trabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada, ya que considera que los actos realizados contra ellos están motivados exclusivamente por su trabajo en defensa de sus derechos laborales.
 

Front Line Defenders insta a las autoridades de Guatemala a:

1. Condenar pública e inmediatamente el asesinato de Eugenio López y López;

2. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Eugenio López y López, con el fin de publicar los resultados y de llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con los estándares internacionales;

3. Retirar inmediatamente todas las acusaciones contra personas defensoras de derechos humanos ex-trabajadoras de la finca San Gregorio Piedra Parada, ya que Front Line Defenders cree que están siendo criminalizados/as únicamente como resultado de su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los derechos humanos;

4. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas integrantes del movimiento de ex-trabajadores de la finca San Gregorio Piedra Parada;

5. Abstenerse de abusar del sistema judicial para intimidar, hostigar y desacreditar a las personas defensoras de derechos humanos;

6. Garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guatemala puedan seguir con sus actividades de defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones cualesquiera.