Back to top

Historia del caso: Nicolasa Díaz Ortiz

Estatus: 
Amenazada
About the situation

El 23 de julio de 2015, la defensora de derechos humanos Sra Nicolasa Ortiz Díaz recibió dos llamadas telefónicas anónimas a su casa en las que se amenazó su vida.

About Nicolasa Díaz Ortiz

Nicolasa Diaz OrtizNicolasa Ortiz Díaz es la directora ejecuriva de la Asociación de Niños y Jóvenes Casa Taller Las Moya, una organización comunitaria con sede en el barrio de San Luis Nororiental Chapinero de Bogotá. Fue abierta para proporcionar un espacio para los niños y jóvenes para estudiar o llevar a cabo otras actividades, a la luz de la falta de servicios sociales de la zona. Nicolasa Ortiz Díaz es también miembro fundador y miembro del consejo de la Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), una organización que tiene como objetivo dar voz a las comunidades rurales aisladas en riesgo de desplazamiento y promover la inclusión, la potenciación de la comunidad y el desarrollo en Colombia.

23 Julio 2015
Amenazas de muerte contra Nicolasa Díaz Ortiz, defensora de derechos humanos

El 23 de julio de 2015, la Sra. Nicolasa Díaz Ortiz, defensora de derechos humanos, recibió dos llamadas anónimas a su casa en las cuales fue amenazada de muerte.

Nicolasa Díaz Ortiz es la directora executiva de la Asociación de Niños y Jóvenes Casa Taller las Moyas, una organización comunitaria ubicada en el barrio de San Luis Nororiental Chapinero en Bogotá. La organización fue fundada para proporcionar un espacio para que los niños y jóvenes puedan estudiar o realizar otras actividades, debido a la falta de infraestructura social en el barrio. Nicolasa Díaz Ortiz también es miembro fundadora y forma parte de la junta directiva de la Asociación para la Investigación y Acción Social (NOMADESC), cuyo fin es dar voz a comunidades rurales y aisladas en riesgo de desplazamiento y promover la integración, el empoderamiento de la comunidad y el desarrollo en Colombia.

El 23 de julio de 2015, la defensora de derechos humanos recibió dos llamadas a su teléfono fijo a las 9:42 y a las 9:46. Durante la primera llamada, un desconocido con voz fingida le insultó. Durante la segunda, un hombre con voz natural le amenazó directamente: “estamos llamando de la funeraria San Gabriel y queríamos decirle que hemos vigilado su casa y sabemos que se va a morir pronto”. La línea telefónica llevaba dos meses y medio sin funcionar hasta que fue reparada el 23 de julio, el mismo día en que recibió las llamadas amenazantes.

La defensora de derechos humanos ha enfrentado otros riesgos en los últimos meses . El 16 de mayo de 2015, un grupo de desconocidos irrumpió en la Casa Taller. El incidente fue denunciado a la policía y miembros del Comandos de Atención Inmediata – CAI – fueron enviados al lugar. Sin embargo, no analizaron la escena sino le aconsejaron a Nicolasa Díaz Ortiz que protegiera mejor el edificio y que presentara una denuncia.

Tras las denuncias formuladas por varias organizaciones que apoyan a la Casa Taller, el caso fue designado al Coronel Raúl Verá Moreno. El 17 de mayo de 2015, el Coronel visitó la organización y hizo algunas averiguaciones; luego organizó varios registros en edificios vecinos. Esa misma noche, a las 11:00, el Coronel Raúl Verá Moreno llegó a la casa de Nicolasa Díaz Ortiz, acompañado por dos coches patrullas y tres motocicletas policiales. Llevaron con ellos un sospechoso y le pidieron a Nicolasa Díaz Ortiz que lo identificara. Eso puso la defensora de derechos humanos en grave riesgo de represalia. Queda poco claro porqué la policía no procedió a la identificación anónima del sospechoso en la comisaría. El 18 y 19 de mayo, se realizaron más registros siguiendo las órdenes del Coronel Verá Moreno. El 13 de junio de 2015, se presentó una denuncia fundada en varias irregularidades en la investigación, incluyendo la exposición del testigo al riesgo de ataques en represalia.

En asociación con otros miembros de la junta directiva de NOMADESC, Nicolasa Díaz Ortiz recibió medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2004, como consecuencia de amenazas continuadas en su contra. A pesar de sus esfuerzos para asegurar que el Estado cumpliera con las medidas cautelares, actualmente ningún miembro de la junta directiva recibe protección.