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Detención arbitraria y criminalización del defensor indígena Leonidas Iza Salazar en el marco de protestas pacíficas en el país

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En 14 de junio de 2022, el defensor indígena de derechos humanos, Leonidas Iza Salazar fue detenido arbitrariamente en la madrugada por elementos de la Policía Nacional de Ecuador en las primeras horas del paro convocado por dirigentes indígenas en la provincia andina de Cotopaxi. Leonidas Iza Salazar permaneció cerca de 15 horas incomunicado y sin que se le notificara las razones de su detención. En la noche del día 14, una jueza de la Unidad Penal de Latacunga, ordenó su inmediata liberación y dictó medidas sustitutivas en su contra. La detención y criminalización de Leonidas se da en el contexto de una preocupante ola de detenciones arbitrarias y estigmatización de la protesta social llevada a cabo por el Gobierno Nacional como respuesta al paro nacional iniciado el 13 de junio de 2022.

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Leonidas Iza SalazarLeonidas Iza Salazar es un defensor indígena Kichwa Panzaleo de derechos humanos y actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Del Ecuador (CONAIE), la más grande organización indígena del país. Tiene más de 15 años de experiencia del Movimiento Indígena de Ecuador y como defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de los sectores campesinos.

17 Junio 2022
Detención arbitraria y criminalización del defensor indígena Leonidas Iza Salazar en el marco de protestas pacíficas en el país

En 14 de junio de 2022, el defensor indígena de derechos humanos, Leonidas Iza Salazar fue detenido arbitrariamente en la madrugada por elementos de la Policía Nacional de Ecuador en las primeras horas del paro convocado por dirigentes indígenas en la provincia andina de Cotopaxi. Leonidas Iza Salazar permaneció cerca de 15 horas incomunicado y sin que se le notificara las razones de su detención. En la noche del día 14, una jueza de la Unidad Penal de Latacunga, ordenó su inmediata liberación y dictó medidas sustitutivas en su contra. La detención y criminalización de Leonidas se da en el contexto de una preocupante ola de detenciones arbitrarias y estigmatización de la protesta social llevada a cabo por el Gobierno Nacional como respuesta al paro nacional iniciado el 13 de junio de 2022.

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Leonidas Iza Salazar es un defensor indígena Kichwa Panzaleo de derechos humanos y actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Del Ecuador (CONAIE), la más grande organización indígena del país. Tiene más de 15 años de experiencia del Movimiento Indígena de Ecuador y como defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de los sectores campesinos.

El 12 de junio de 2022, la CONAIE convocó a diversos sectores de la sociedad ecuatoriana a sumarse a una jornada nacional de movilización para exigir una respuesta del gobierno ante los altos precios de los combustibles, el nivel de desempleo, los precios de los productos del campo así como ante el avance de proyectos extractivos que amenazan el medio ambiente, la vida y los territorios de los pueblos indígenas en el país, entre otros puntos.

Una vez iniciado el Paro, en la madrugada del 14 de junio de 2022, el presidente Guillermo Lasso anunció a través de Twitter, el inicio de una serie de detenciones de personas a quienes calificó como “autores materiales e intelectuales de actos violentos” refiriéndose al paro nacional. Esa misma madrugada, ocurrió la detención arbitraria de Leonidas Iza Salazar por elementos de la policía quienes procedieron a trasladarlo de manera inmediata en un automóvil sin debida identificación a la unidad de flagrancia en la ciudad Quito para después ser trasladado en un helicóptero militar al aeropuerto de Latacunga. En dicho lugar, se inició su enjuiciamiento por los supuestos delitos de paralización de servicios públicos (obstruir las calles).

La detención arbitraria de Leonidas Iza Salazar se conoció gracias a un video grabado y publicado en redes sociales por uno de los dirigentes indígenas que presenció su privación de libertad. El defensor permaneció cerca de 15 horas incomunicado, sin ser presentado de forma inmediata ante una autoridad competente y sin que se le notificaran las razones de su detención. Los abogados de la CONAIE interpusieron una demanda de habeas corpus para que se ordenara su inmediata libertad. A pesar de que existe la garantía constitucional que tiene como objetivo proteger inmediatamente la libertad, vida e integridad de una persona, esta no fue conocida ni resuelta inmediatamente.

En la noche del 14 de junio de 2022, una jueza de la Unidad Penal de Latacunga ordenó la inmediata liberación del defensor indígena y dictó medidas sustitutivas que incluyen la prohibición de la salida del país y su presentación obligatoria dos días a la semana ante la Fiscalía. Además, la jueza convocó a audiencia para resolver su situación jurídica del defensor el 4 de julio de 2022.

Organizaciones locales han reportado que en los primeros dos días de paro nacional, el gobierno ha ordenado una ola de detenciones en las ciudades de Quito y en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Imbabura, Sucumbios, Morona Santiago y Santa Elena. Front Line Defenders condena la detención arbitraria y la subsecuente criminalización del defensor de derechos humanos Leonidas Iza Salazar, y considera que ha sido sujeto de acoso judicial como consecuencia de sus actividades pacíficas de reivindicación y en defensa de los derechos humanos en el contexto del paro nacional.

Front Line Defenders manifiesta su profunda preocupación por las irregularidades en el debido proceso en la detención del defensor de derechos humanos y por el efecto intimidatorio que estas detenciones tienen sobre otras personas defensoras que ejercen su legítimo derecho a la protesta social pacífica, en particular sobre aquellos que continúan denunciando a los abusos de la policía en el contexto del actual paro nacional.

Por último, Front Line Defenders expresa su preocupación por el hecho de que autoridades nacionales expresen públicamente opiniones estigmaticen o criminalicen sobre el derecho legítimo de la protesta social pacífica que tiene la sociedad ecuatoriana y los efectos negativos que estos pronunciamientos pueden tener en las personas activistas y defensoras de derechos humanos.