Mi nombre es Juan Carlos Flores Solís, soy mexicano, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTAMPT), el cual se dedica a la defensa de los derechos de los pueblos frente a las amenazas de empresas transnacionales y gobierno a despojarnos de nuestros bienes comunes naturales.
Actualmente enfrentamos la imposición de un proyecto energético denominado Proyecto Integral Morelos (PIM), que amenaza a más de 100 comunidades de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala con un gasoducto que atraviesa la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, uno de los volcanes más activos y peligrosos del mundo, además del consumo de agua y generación de lluvia acida que implican las 2 centrales termoeléctricas que incluyen el proyecto, así como el propósito de generar un proceso de industrialización que pretende acabar con los terrenos de cultivo de los pueblos originarios.
En 2012, en el FPDTAMPT comenzamos un proceso de información de las comunidades para dar a conocer las consecuencias del proyecto y buscar la unidad de los pueblos afectados, lo que me valió la persecución, la difamación en medios de comunicación y redes sociales, la tortura del compañero Jaime Domínguez Pérez, y mi encarcelamiento el 7 de abril de 2014, hacinado durante 10 meses en una celda de 6 metros cuadrados en donde habitaban 20 personas, acusado de los delitos de motín, extorsión, despojo y ataque a obra hidráulica.
A pesar de conseguir mi libertad por medio de amparos, las autoridades judiciales retrasaron mi salida 5 meses más por medio de instrumentos procesales que se han vuelto una práctica cotidiana contra los defensores de derechos humanos encarcelados en México. A la par de mi encarcelamiento y el de la comisariada ejidal Enedina Rosas Velez, se desataron más de una docena de ordenes de aprehensión, enfrentamientos entre policías y pobladores de Amilcingo, Morelos donde compañeros fueron heridos de bala por parte de la policía estatal, así como el cierre de 2 de nuestras radios comunitarias por elementos de la policía federal en Santa Maria Zacapetec y San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla. Así como el uso del ejército mexicano para imponer las obras del gasoducto en las comunidades indígenas nahuas de la región del volcán.
Actualmente soy nuevamente perseguido judicialmente por solicitar información a la Secretaría de la Defensa Nacional para que explique con que motivo y fundamento protege a una empresa extranjera para instalar un proyecto de riesgo científico comprobado, en zonas donde existe peligro volcánico. Los delitos que hoy se me siguen imputando son privación ilegal de la libertad, con los agravantes de: contra funcionario público y pandillerismo, además de haber sido acusado anteriormente por la empresa constructora del gasoducto, Bonatti SPA, de robo con violencia y obstrucción de obra pública. Los 9 delitos que se me imputaron fueron por medio de testimonios de trabajadores de las empresas constructoras y funcionarios de gobierno estatal y federal, interesados en que se lleve a cabo el PIM y que se prestaron para la fabricación de los delitos.
A pesar de conseguir mi libertad por medio de amparos, las autoridades judiciales retrasaron mi salida 5 meses más por medio de instrumentos procesales que se han vuelto una práctica cotidiana contra los defensores de derechos humanos encarcelados en México.
