Poulette Celene Hernández
Poulette Celene Hernández (25 de Enero 1888) es defensora de derechos humanos, abogada y comunicóloga originaria de la costa de Chiapas. Desde 2013 colabora en el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, con sede en la ciudad de Tonalá, donde ha acompañado procesos de defensa, promoción y exigibilidad de los derechos humanos en comunidades de la región.
A lo largo de su trayectoria ha brindado acompañamiento a mujeres víctimas de violencia basada en género, contribuyendo al acceso a la justicia, al fortalecimiento organizativo de las mujeres y a la visibilizarían de las violencias que enfrentan en contextos comunitarios y rurales.
Es fundadora de la Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía, un espacio de articulación de mujeres defensoras que impulsa procesos de organización, formación y acción colectiva para la defensa de los derechos de las mujeres y la construcción de territorios más justos y libres de violencia.
Su trabajo se ha enfocado en el acompañamiento integral a mujeres, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de capacidades comunitarias. Actualmente, sus intereses se centran en la seguridad digital con perspectiva de género y derechos humanos, promoviendo herramientas y estrategias para la protección de defensoras, organizaciones y comunidades frente a riesgos digitales y contextos de violencia.
Debido a su labor de defensa de derechos humanos ha sido sujeta de diversas agresiones. En el 7 y 8 de febrero del 2026 sufrió amenazas y agresiones físicas en su vivienda en Tonalá, Chiapas, México, ante un intento de amedrentarla por su trabajo. Sin embargo, Poulette continúo ejerciendo su defensa y ha exigido justicia por parte de las autoridades buscando que se investiguen las agresiones en su contra y se sancione a los responsables, por medio de la aplicación de la perspectiva de género y un enfoque de personas defensoras de derechos humanos, subrayando la necesidad de combatir la impunidad, especialmente cuando se dirigen contra mujeres defensoras. En respuesta a estas demandas, los agresores iniciaron un proceso en su contra, acusándola del delito de lesiones, lo que llevó a la Fiscalía de Chiapas Istmo-Costa a abrir una investigación y citarla a declarar con base a señalamientos de sus propios agresores.
Esta situación expone el contexto de riesgo en el que la defensora ejerce su labor donde la institución que debería garantizar una investigación diligente sobre las agresiones que sufrió, le someta al mismo tiempo a un proceso penal, configurando un patrón de criminalización que incrementa el riesgo a su vida, integridad y seguridad.
