Criminalización del líder indígena Leonidas Iza tras proceso de justicia indígena

El 3 de septiembre de 2025, el líder indígena y defensor de derechos humanos Leonidas Iza se presentó ante la sede de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi para dar su declaración en el marco de una investigación en el que se le acusa por el delito de secuestro. Esta acusación se da por la supuesta retención de tres agentes policiales por parte de integrantes de la comunidad San Ignacio en la parroquia Toscazo el 18 de agosto de 2025, luego de que fueran descubiertos mientras vigilaban al líder indígena. Los policías fueron liberados luego de tres días de un proceso de justicia indígena - reconocido por la Constitución de la República del Ecuador.

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Leonidas Iza es un defensor de derechos humanos indígena Kichwa Panzaleco integrante de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (UNOCANC) perteneciente al Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Del Ecuador (CONAIE). Tiene más de 15 años de participación activa en el movimiento indígena de Ecuador como defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas, campesinos y de la naturaleza. El líder indígena ha sido criminalizado por ejercer su derecho a la protesta de forma legítima y pacífica, siendo en el 2022 detenido arbitrariamente en el marco del paro nacional y acusado de ser autor intelectual de actos violentos. Con este nuevo proceso judicial, Iza ha acumulado cincuenta juicios por defender derechos colectivos de Pueblos y Nacionalidades en el Ecuador.

El 3 de septiembre de 2025, Leonidas Iza se presentó ante la Fiscalía para rendir una declaración. Fue notificado al respecto el 26 de agosto de 2025 como parte de una investigación por el supuesto secuestro de tres agentes policiales. El arresto se llevó a cabo dentro del marco y atribuciones de la justicia indígena, instrumento reconocido y protegido por la Constitución de Ecuador desde 1998. Los agentes policiales fueron liberados el 21 de agosto luego de que una audiencia de justicia indígena se llevara a cabo y concluyera con los policías reconociendo la vigilancia y hostigamiento, y ofreciendo disculpas públicas a la comunidad y al líder indígena. Durante los tres días del proceso, los celulares de los policías fueron examinados, revelando toda una red de espionaje establecida para dar seguimiento a dirigentes y líderes indígenas; solo a cargo de Iza se había asignado un equipo de dieciséis agentes de alto rango como sargentos y tenientes. El 21 de agosto de 2025, el sistema de justicia ordinario aceptó la acción de habeas corpus solicitada por la policía nacional en beneficio de los tres policías. La policía nacional también interpuso una denuncia por el delito de secuestro en contra de la UNOCANC, cuyos miembros fueron señalados de mantener a los policías bajo custodia desde el 18 de agosto de 2025.

En la tarde del 18 de agosto de 2025, el defensor indígena de derechos humanos Leonidas Iza se encontraba en su vivienda en la comunidad de San Ignacio, Cotopaxi, cuando notó que tres personas estaban pasando en un auto afuera de su domicilio por tercera vez filmando y tomando fotos. Cuando el defensor salió a increparlos, las personas en el auto intentaron escapar manejando a alta velocidad, casi atropellándolo. El defensor, con el apoyo de los demás comuneros, logró detenerlos. Las tres personas fueron luego identificados como integrantes de la Unidad Nacional de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana y Orden Público, y fueron retenidos por miembros de la comunidad indígena de San Ignacio para ser sometidos a un proceso de justicia indígena. Al día siguiente, el 19 de agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado se pronunció confirmando que las tres personas detenidas son agentes policiales y que se encontraban en la comunidad “colaborando con diligencias dentro de una investigación previa” sin dar mayores detalles al respecto ni especificar si esta guarda relación con Leonidas Iza.

Paralelamente, como parte de la etapa de investigación del proceso de justicia indígena, se revisaron los celulares de los agentes, descubriendo videos que evidencian que estaban vigilando al defensor desde el viernes 15 de agosto de 2025, pero los registros se remontaban a un periodo más amplio. En la tarde del mismo día, se llevó a cabo una primera audiencia pública en Cotopaxi convocada por la UNOCANC y que contó con la presencia de centenas de personas de la comunidad en la cual se corroboró la información de los celulares con la versión contada por los policías.

El 20 de agosto de 2025, se continuó con la revisión de los celulares de los policías retenidos, y se encontraron más de cinco mil chats, documentos y videos que evidencian una constante vigilancia a Leonidas Iza e incluso a otros líderes indígenas más. Se identificó que en el material descubierto se hacía referencia a Leonidas Iza con apodos y que planeaban “desaparecerlo”. El 21 de agosto de 2025, se llevó a cabo una audiencia pública de justicia indígena en Cotopaxi, en la cual los líderes indígenas participantes declararon a los tres policías detenidos culpables de invadir su territorio y les ordenaron ofrecer disculpas públicas a Leonidas Iza y a la comunidad para luego ser liberados.

La constitución ecuatoriana establece que “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial”. De acuerdo a la información pública disponible, los eventos ocurrieron dentro del territorio de la comunidad indígena de San Ignacio y en perjuicio de un líder indígena -Leonidas Iza, quien participó en el proceso como parte afectada. Las audiencias se llevaron a cabo de manera abierta, pacífica y transparente en la comunidad, con amplia participación ciudadana y en apego a los derechos constitucionales y derechos humanos. La audiencia también se transmitió en vivo en redes sociales y contó con la presencia de integrantes de la Cruz Roja y la Defensoría del Pueblo para velar por la integridad física de los agentes policiales. Decenas de organizaciones de la sociedad civil expresaron su solidaridad con el líder indígena y elevaron manifiestos y pronunciamientos de rechazo a las acciones de hostigamiento.

Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por los continuos ataques al defensor indígena de derechos humanos Leonidas Iza, incluida la vigilancia a la que ha sido sometido. La organización también expresa su preocupación por la potencial criminalización a Leonidas Iza por la implementación legítima de un proceso de justicia indígena, y por la deslegitimación de estos procesos por el sistema de justicia ordinaria. Varios países latinoamericanos, como Colombia (1991), Perú (1993), Bolivia (2009), Ecuador (1998) y Venezuela (1999), reconocen constitucionalmente los mecanismos de justicia indígena. La Constitución Ecuatoriana también establece que el Estado debe “garantizar que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas”.

Finalmente, Front Line Defenders expresa preocupación por la falta de respuestas institucionales sobre un posible plan de vigilancia de líderes sociales e indígenas revelado por el proceso de justicia indígena llevado a cabo en la comunidad de San Ignacio. Los sistemas judiciales suelen actuar con rapidez contra las personas defensoras de derechos humanos, pero tardan en responder cuando estos son objeto de ataques, que suelen ser investigados de forma lenta e inadecuada, lo que contribuye a crear un clima de impunidad y pone a las personas defensoras en mayor riesgo. Front Line Defenders reitera que esta situación está ocurriendo en un contexto cada vez más preocupante de persecución y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Ecuador a:

1. Cesar de inmediato las acciones de vigilancia y criminalización al defensor indígena Leonidas Iza, y a otras personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador;
2. Tomar las medidas necesarias para asegurar que los funcionarios del gobierno u otras figuras públicas se abstengan de realizar acciones que vulneren la jurisdicción indígena y la labor legítima de las personas defensoras indígenas;
3. Evitar el uso abusivo e indebido de acciones de vigilancia injustificadas en contra de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, y organizaciones de la sociedad civil;
4. Garantizar en todas las circunstancias que todas las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos sin temor a represalias y sin ninguna restricción, incluido el acoso judicial.