Lina Maria Espinosa

Lina María Espinosa Villegas es una defensora de derechos humanos, magister en litigio estratégico, licenciada en ciencias sociales y antropología y abogada. Tiene como eje central de su defensa de derechos humanos la defensa de derechos colectivos y de la naturaleza. Actualmente es integrante de Amazon Frontlines y cofundadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador. Desde hace más de una década acompaña procesos de pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador, Colombia y Perú que se resisten al despojo de sus territorios, a proyectos extractivos, a la presencia de actores armados irregulares y a la violación de sus derechos territoriales y colectivos. También ha dado acompañamiento y realizado la representación legal de personas y comunidades víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Su trabajo combina el litigio estratégico, el acompañamiento técnico en territorio y la formación de liderazgos comunitarios, con un enfoque en la autodeterminación de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza.

Lina María Espinosa Villegas ha sido una pieza clave en el acompañamiento a distintas comunidades y organizaciones indígenas. En el acompañamiento al pueblo Siona, pueblo transfronterizo entre Ecuador y Colombia, fue parte del equipo que impulsó la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los resguardos Po Piyuya y Gonzaya en el Putumayo, frente al riesgo de exterminio físico y cultural derivado del conflicto armado y la ausencia de protección del Estado. En este contexto, su trabajo ha sido clave para visibilizar la urgencia de protección internacional y fortalecer las estrategias comunitarias de defensa del territorio.

Lina María Espinosa Villegas ha impulsado procesos de exigibilidad del derecho a la autodeterminación y al consentimiento previo, libre e informado de pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador, entre ellos los casos de la Comunidad A’i Cofán de Sinangoe frente a concesiones mineras inconsultas en el río Aguarico y de las comunidades Waorani de Pastaza frente a licitaciones petroleras basadas en consultas previas de mala fe. Su labor ha contribuido a sentencias emblemáticas de la Corte Constitucional ecuatoriana que reforzaron los estándares sobre consulta y consentimiento, y reconocieron a las guardias indígenas como formas legítimas de organización y ejercicio de autoridad de los pueblos indígenas. En estos procesos, ha acompañado el fortalecimiento de Cuiracua, guardia Siona (Ziobain), Kuirasundekhu A´i Cofán de Sinangoe, Wajosar´a Siekopai, Tayak Runakuna de Pakkiru, Nee Wanonani Meñebai de los Woarani de Pastaza, entre otras, en el ejercicio de sus derechos y en su rol de gobernanza territorial y protección frente a amenazas externas.

Por su defensa de derechos humanos, Lina María Espinosa Villegas ha sido objeto de amenazas, estigmatización y criminalización tanto por parte de actores estatales como privados. Ha enfrentado denuncias penales por su labor de acompañamiento en procesos de exigencia de derechos frente a derrames de petróleo y concesiones mineras, así como investigaciones disciplinarias que buscan intimidar y deslegitimar su trabajo jurídico y político. La Alianza de Derechos Humanos ha documentado amenazas de muerte y seguimientos en su contra, la CIDH le ha otorgado medidas cautelares y la Unidad Nacional de Protección de Colombia ha reconocido un nivel de riesgo extraordinario para su vida e integridad, así como la de su familia.

Además de su trabajo en litigio y acompañamiento territorial, Lina María Espinosa Villegas ha sido parte de espacios de diálogo entre el Gobierno Nacional y el movimiento indígena en Ecuador, así como en las mesas instaladas tras las movilizaciones de 2019 y 2022, donde aportó con acompañamiento técnico-jurídico. Este rol la ha expuesto también a nuevos señalamientos y a la apertura de investigaciones penales, en un contexto de creciente hostilidad contra quienes defienden los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. A pesar de estos riesgos, continúa su labor como defensora de derechos humanos, sosteniendo que el acompañamiento jurídico, el fortalecimiento de las guardias indígenas y la articulación regional son herramientas esenciales para garantizar la vida, los territorios y los derechos colectivos en la Amazonía.