Informe EPU - Bolivia 2019

Presentación ante la 34ª sesión del examen periódico universal, noviembre de 2019
Fecha de presentación: 28 de marzo de 2019

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INTRODUCCIÓN Y PRINCIPALES PREOCUPACIONES

1. El presente documento se centra en la situación de los/as defensoras/as de derechos humanos (DDH) en Bolivia y abarca el periodo de octubre de 2014 a marzo de 2019.

2. Durante el período objeto de examen, Front Line Defenders realizó visitas de campo a La Paz, Oruro, Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba; y se reunió con DDH de Bolivia en Irlanda, Colombia, España y México. Front Line Defenders considera que el contexto general para la defensa de los derechos humanos no ha mejorado desde el último ciclo del EPU, y señala sus principales preocupaciones:

1. La existencia de un marco legal restrictivo para la defensa de los derechos humanos, como las leyes que limitan la capacidad de las ONG de operar libremente;
2. La utilización de sistemas de seguridad hostiles, represión policial y violencia contra los/as DDH, incluido el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones así como detenciones arbitrarias de líderes y organizadores;
3. Campañas difamatorias de alto nivel y estigmatización de los/as DDH;
4. Hostigamiento judicial, especialmente contra los líderes y lideresas indígenas y ambientales, sus seguidores/as y defensores/as;

3. Es importante señalar que Front Line Defenders ha recibido regularmente información sobre los/as defensores/as que trabajan en temas relacionados con los derechos LGBTI, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, que no son solamente perseguidos por las autoridades estatales, sino que cada vez más son también objeto de hostigamiento y ataques por parte de actores no estatales como grupos religiosos y empresas.

CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL Y PRÓXIMAS ELECCIONES

4. Actualmente Bolivia se encuentra inmersa en un escenario político profundamente polarizado en torno al posible cuarto mandato presidencial del actual presidente Evo Morales, que lleva en el poder desde 2006. Una enmienda constitucional permitió a Evo Morales postularse para su cuarto mandato en las elecciones de octubre de 2019. La enmienda fue aprobada a pesar de su derrota en el referéndum celebrado el 21 de febrero de 2016 (conocido como el Referéndum 21F) en el que el 51% de la población votó en contra.1 No obstante, en 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional, TCP falló en favor de permitir que el presidente Morales se postulara por cuarta vez, lo que fue recibido con protestas de diferentes sectores de la población.2

5. A principios de 2018, la propuesta para reformar el Código Penal dio lugar a una huelga general de médicos, lo que provocó una nueva oleada de protestas en el país. Los manifestantes exigieron el respeto de los resultados del Referéndum 21F, y plantearon demandas relacionadas con la corrupción, la discriminación contra las mujeres y los pueblos indígenas y la libertad de expresión, entre otras cuestiones de derechos humanos3 Incluso tras la retirada de la propuesta inicial, las protestas continuaron y fueron posteriormente reprimidas. A menudo las autoridades hicieron uso de armas no letales y detenciones arbitrarias para dispersar las protestas.

6. A pesar de su sólida experiencia en las luchas históricas de los pueblos indígenas, Evo Morales se ha enfrentado a críticas relacionadas con las políticas de desarrollo económico del Gobierno, que parecen privilegiar a las élites nacionales en detrimento de las comunidades locales. Los/as DDH destacan que a menudo los conflictos sociales son tratados como incidentes aislados de disputa por los recursos, la tierra o los derechos de los pueblos indígenas en lugar de verlos desde una óptica más amplia, como resultado de estas políticas económicas. Dada la polarización del entorno político, las cuestiones de derechos humanos a menudo están politizadas y el Gobierno nacional ha tratado con frecuencia las protestas como intentos orquestados por parte de la derecha para proteger sus intereses y desestabilizar la presidencia de Evo Morales.

7. Los/as DDH consideran a menudo que las instituciones gubernamentales centradas en la defensa y protección de los derechos humanos responden a intereses políticos. Los/as Defensores/as del Pueblo, que solían ser considerados como instituciones independientes del Gobierno, fueron víctimas de campañas de difamación en diferentes ocasiones y acusados/as de «ser manipulados por la oposición». Sin embargo, desde diciembre de 2016, una nueva ley sobre las funciones de la oficina del Defensor del Pueblo eliminó las referencias anteriores a la independencia del órgano de la interferencia política. Desde entonces, se considera que los/as Defensores/as del Pueblo seleccionados/as posteriormente para el cargo han estado bajo la influencia y el control de los intereses del Gobierno.4

AVANCES DESDE EL CICLO ANTERIOR DEL EPU

8. En su revisión anterior, Bolivia aceptó 17 recomendaciones relacionadas con la reforma judicial y el acceso a la justicia. La delegación de Alemania recomendó el inicio de «un conjunto integral de medidas para hacer frente a las ineficiencias existentes en el sistema judicial, lo que incluye garantizar una acusación eficiente y la prevención del delito así como garantizar la independencia judicial, entre ellas la del tribunal constitucional». Sin embargo, el acceso a una justicia justa sigue siendo uno de los mayores desafíos a los que se han enfrentado los/as DDH locales durante el período objeto de examen. El uso indebido de los mecanismos estatales para obstaculizar el acceso a la justicia a quienes trabajan en temas de derechos humanos es notable, en particular en los casos de criminalización y hostigamiento judicial para intimidar a los/as abogados/as que defienden legalmente a los/as DDH (ver más abajo).

9. Bolivia también aceptó cinco recomendaciones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, cuatro de las cuales ya se habían implementado o estaban en proceso de implementación según declaraciones del Gobierno. Las recomendaciones abordaban temas como el acceso a la educación por parte de los pueblos indígenas, la aplicación del Estado de derecho en los procedimientos judiciales del sistema de justicia de los pueblos indígenas y su participación y consulta en general y en el contexto de los proyectos de desarrollo. Sin embargo, Front Line Defenders ha observado con preocupación que en los últimos cuatro años, Bolivia ha llevado a cabo proyectos de desarrollo que contravienen directamente las demandas de los pueblos indígenas afectados, a pesar de los estudios de impacto ambiental que advierten de sus daños. Entre ellos se encuentra la construcción de una carretera que atraviesa el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS en 2017.5

10. Bolivia también aceptó 16 recomendaciones relacionadas con el tema de la discriminación, con respecto al trato de los pueblos indígenas, las mujeres y las personas LGBTI. Si bien la recomendación de Irlanda de «investigar y perseguir de manera justa y exhaustiva los actos de violencia y discriminación contra las mujeres, los pueblos indígenas y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) y garantizar un recurso efectivo a las víctimas y sus familias» fue aceptada y se afirma que ya se está implementando, Front Line Defenders ha recibido una serie de comunicaciones que apuntan a una falta de implementación adecuada. Las defensoras de derechos humanos en el país siguen siendo objeto de ataques por motivos de género, especialmente las que trabajan en asuntos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Los/as DDH LGBTI también se enfrentan a altos niveles de discriminación, a pesar de las disposiciones constitucionales en contra de ello. A pesar de los esfuerzos del Gobierno nacional por mejorar el trato de las personas indígenas, estas poblaciones aún se enfrentan a altas tasas de pobreza y desempleo comparado con el resto, y los/as DDH que intentan revertir esta situación se enfrentan frecuentemente a acciones de intimidación, amenazas y ataques. Como noticia positiva, en marzo de 2018 Bolivia firmó el Acuerdo de Escazú con otros países latinoamericanos, comprometiéndose a promover la participación popular y a fortalecer la protección de los/as defensores/as de los derechos ambientales.

11. En el ciclo anterior, Bolivia solo recibió una recomendación relativa a la protección de los/as defensores/as de derechos humanos por parte de la República Checa: «Garantizar su protección y la de los/as periodistas, así como llevar a cabo una investigación eficiente e imparcial de las amenazas y los ataques dirigidos contra estas personas». Las autoridades nacionales tomaron nota y respondieron que la recomendación no reflejaba la situación actual en Bolivia. Sin embargo, Front Line Defenders ha recibido una serie de informes que apuntan a un patrón de falta de protección, de investigación e incluso a ataques directos y hostigamiento perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado contra los/as DDH.

(a) Un marco legal restrictivo             

12. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) continúan sujetas al control gubernamental y a una prohibición de facto para trabajar en temas que las autoridades consideran inapropiados, en virtud de la Ley 3516 6 y el Decreto 1597 de 2013. La Ley 351 permite la revocación del permiso para operar a una organización si realiza actividades diferentes de las que recoge su estatuto, o si viola leyes y decretos del departamento en el que se encuentra. El Decreto Supremo nº 1597 permite que cualquier entidad pública solicite al Ministerio de Autonomías revocar la personalidad jurídica de una organización por motivos varios. Las disposiciones legales fueron impugnadas en 2015 ante el Tribunal Constitucional, que ratificó la validez de la legislación.

13. Además, las ONG locales se han enfrentado a obstáculos burocráticos a la hora de registrarse o recibir un permiso, sin el cual no pueden recibir financiación. Es el caso del Centro de Documentación e Investigación de Bolivia (CEDIB) y de varias organizaciones que han perdido su registro y no han podido obtener la personalidad jurídica. Tras una serie de ataques en su contra, en noviembre de 2017, el CEDIB, una ONG que lleva 45 años dedicada a la investigación sobre derechos humanos y recursos naturales en el país, recibió la noticia de que sus cuentas bancarias habían sido congeladas por orden judicial a petición de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).7 La sanción se aplicó sin previa notificación de la autoridad judicial.

b) Sistemas de seguridad hostiles, represión policial y violencia

14. Los/as DDH que participaron en temas relacionados con la defensa del medioambiente han sido objeto de intimidación, amenazas, vigilancia y criminalización. El 15 de mayo de 2018, dos policías trataron de detener al defensor de los derechos humanos y abogado Nelson La Madrid en una estación de autobuses en Cochabamba. Viajaba desde la ciudad de Cochabamba a Lagunillas para asistir como parte en un litigio en el caso del Proyecto Hidroeléctrico Rositas. Al día siguiente, un juez declaró inadmisible la acción popular de las comunidades indígenas contra el Proyecto Hidroeléctrico Rositas. Este proyecto es impulsado por la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia ENDE en territorios indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado. Las comunidades se han opuesto al proyecto porque inundará aproximadamente 45 000 hectáreas de tierra, dejando el territorio de doce comunidades guaraníes (aproximadamente 500 familias) bajo el agua.

15. Durante la dispersión de una protesta en febrero de 2018, la policía disparó gases lacrimógenos directamente contra Franco Albarracín, abogado y miembro de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, dejándolo herido.8 Franco Albarracín es el hijo de Waldo Albarracín, exdefensor del Pueblo y Decano de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que fue objeto de amenazas debido a sus críticas contra el Gobierno de Evo Morales durante su mandato como Defensor del Pueblo.

(c) Campañas difamatorias de alto nivel y estigmatización;

16. El Gobierno boliviano estigmatiza particularmente la defensa de los derechos de los pueblos indígenas frente a los proyectos de desarrollo. A pesar del reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a la autonomía, el autogobierno y las entidades territoriales, incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado, a menudo no se producen las consultas con las comunidades locales antes de que comiencen los proyectos extractivos o son percibidas por los/as defensores/as de derechos humanos como el mero cumplimiento de un requisito. El 25 de abril de 2018, el presidente Morales solicitó a los tribunales de Santa Cruz resolver el caso del Proyecto Rositas, afirmando que «no puede entender cómo algunas familias y comunidades pueden estar en contra de los sueños de todo el departamento». Asimismo, declaró que no había recibido ninguna propuesta para proteger mejor los intereses de quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico. En un incidente anterior, al referirse a TIPNIS, el presidente afirmó que «lo acepte o no, tarde o temprano habrá un camino pavimentado que atravesará el Trópico de Cochabamba hasta el departamento de Beni, que pasará por San Ignacio de Moxos».9

17. Las autoridades bolivianas también han sido acusadas de usar sus redes de apoyo para generar campañas de desprestigio y para hostigar, dividir y silenciar a grupos críticos. Los/as DDH y las personas que lideran movimientos sociales a menudo son objeto de amenazas o sobornos para que hagan una mala gestión de los movimientos sociales que representan, con miras a estigmatizar públicamente el trabajo de los/as defensores de derechos humanos. Dicha estigmatización de los/as DDH también se lleva a cabo para distanciar a la población de las estas organizaciones. En 2016, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, alegó falsamente que varias ONG intentaron dar un golpe político.10

d) Hostigamiento judicial

18. El hostigamiento judicial es una de las formas más comunes de represión contra los/as DDH en Bolivia, especialmente contra quienes defienden los derechos indígenas, ambientales y a las personas que solicitan al Gobierno una rendición de cuentas. Las demandas y cargos contra los/as DDH han sido utilizados como represalia por su trabajo de denuncia de delitos y violaciones de derechos humanos en lugar de cuando se producen verdaderamente violaciones de la ley. Aunque en la mayoría de los casos los/as DDH son posteriormente declarados inocentes, deben destinar recursos humanos y económicos para acudir a los tribunales y obtener una defensa legal adecuada, lo que los mantiene ocupados y alejados de su trabajo de defensa de derechos humanos.

19. En 2015, el líder indígena quechua del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) Tata Félix Becerra fue encarcelado debido a su participación en las protestas en contra de la construcción de la carretera que atraviesa el Parque Nacional TIPNIS. El DDH fue llevado a La Paz, lejos de su comunidad y su familia en Cochabamba, y no tuvo acceso total a una defensa legal. En 2017, tres estudiantes universitarios fueron detenidos y acusados de protestar junto a mujeres de Achacachi en La Paz, cuyas manifestaciones fueron brutalmente reprimidas. En esa ocasión, la policía golpeó violentamente a la DDH Violeta Tamayo, y posteriormente fue acusada de obstruir el trabajo de las fuerzas policiales y de causar heridas leves a los agentes de policía.

20. Como se mencionó anteriormente, el hostigamiento judicial a menudo se utiliza contra los/as representantes legales de los grupos indígenas o los que trabajan en temas ambientales. Como consecuencia de ello, son pocas los/as abogados/as que se ocupan de defender los derechos de los pueblos indígenas, lo que representa otra barrera en su acceso a la justicia. En 2017, la abogada y DDH Eliana Torrico, representante del Colectivo Árbol y la Plataforma para el Medio Ambiente y la Vida, fue falsamente acusada de asaltar una casa y amenazar a una persona, un día después de que el Colectivo denunciara un intento de retirar un árbol protegido.11

21. En 2017, el exdiplomático y defensor de derechos humanos Pablo Solón se enfrentó a acusaciones penales presentadas por funcionarios del Gobierno. Fue acusado de nombrar ilegalmente a representantes estatales y de no cumplir con sus obligaciones mientras estaba a cargo de la misión boliviana para las Naciones Unidas en 2011.12 Pablo Solón ha sido perseguido por su labor de defensa de los derechos humanos desde que dejó su cargo diplomático para trabajar en las organizaciones de derechos ambientales Fundación Solón y el Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO DE BOLIVIA

22. Front Line Defenders hace un llamado a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que insten a las autoridades de Bolivia a priorizar la protección de los/as DDH y, con ello, a:

1. Llevar a cabo investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre todos los casos denunciados de hostigamiento y persecución de DDH ambientales, urbanos, rurales o indígenas, siguiendo como línea principal de investigación la posibilidad de que sean objeto de represalias por su trabajo de derechos humanos;
2. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección y el ejercicio del derecho a la libre determinación de las poblaciones indígenas, garantizando su derecho al consentimiento libre, previo e informado;
3. Adoptar todas las medidas necesarias, entre ellas legislativas, para garantizar la protección de los/as DDH de la violencia y estigmatización, especialmente de las mujeres, las personas indígenas y LGBTI;
4. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de asociación en Bolivia, mediante la adaptación de la legislación nacional al funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar el respeto de las normas internacionales de derechos humanos;
5. En vista de la utilización de juicios y procedimientos judiciales contra los/as DDH, y teniendo en cuenta que la gran mayoría terminó a favor de los/as acusados/as, implementar medidas para evitar este uso abusivo del sistema judicial para llevar a cabo procedimientos infundados o inventados;
6. Desarrollar políticas públicas efectivas y transparentes e instituciones de educación y rendición de cuentas para los/as empleados públicos, especialmente aquellos que trabajan aplicando la ley, a fin de reducir las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades y garantizar el acceso a un remedio apropiado cuando estas tengan lugar;
7. Tomar medidas para garantizar que los funcionarios públicos, entre ellos los miembros del Gobierno, se abstengan de hacer declaraciones públicas que estigmaticen y debiliten el papel legítimo que desempeñan los/as DDH, y promover el reconocimiento público del importante rol que desempeñan en las sociedades democráticas;
8. Considerar la adopción de una política pública, en estrecha colaboración y consulta con la sociedad civil, que aborde el tema de la seguridad y protección de los/as DDH, mediante la creación de un mecanismo centrado en la protección de la capacidad de los/as DDH de defender los derechos humanos y no solo en su protección física directa. Esto debería incluir, entre otros, un análisis sobre la protección colectiva y la perspectiva de género.