Asesinato del defensor Arnold Joaquín Morazán Erazo criminalizado por su defensa del río Guapinol

La noche del 13 de octubre de 2020, dos hombres desconocidos a bordo de una moto llegaron a la vivienda del defensor Arnold Joaquín Morazán Erazo en el municipio de Tocoa, departamento de Colón y le propiciaron varios disparos que le ocasionaron la muerte. El defensor formaba parte de las 32 personas criminalizadas como resultado del campamento comunitario en defensa del río Guapinol.

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Arnold Joaquín Morazán era un defensor ambiental que defendió los recursos naturales y el territorio de proyectos extractivos, entre estos el río Guapinol en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. Arnold Joaquín participo activamente en actividades convocadas por el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) para denunciar públicamente a nivel municipal la implementación de proyectos mineros en el parque nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras. Como resultado de su participación fue nombrado en dos requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público de Tocoa respondiendo a denuncias hechas por una empresa minera y la compañía de seguridad contratada por la empresa.

La noche del 13 de octubre de 2020, dos hombres desconocidos a bordo de una moto llegaron a la vivienda del defensor Arnold Joaquín Morazán en el municipio de Tocoa, departamento de Colón y le propiciaron varios disparos que le ocasionaron la muerte. Arnold Joaquín formaba parte de un caso en curso junto con 32 defensores y otras personas de Tocoa que enfrentan cargos por su participación en un campamento comunitario establecido para defender el río Guapinol.

Pocos días antes del asesinato del defensor Arnold Joaquín Morazán, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa denunció públicamente un aumento de la vigilancia militar y policial en Guapinol. Sin embargo, después del asesinato de Arnold Joaquin Morazán, el CMDBCP tuvo que denunciar públicamente rumores y campañas de difamación que surgieron en las redes sociales pretendiendo enculpar al CMDBCP de este asesinato y otros más en la zona. Estas campañas tienen la intención de desestabilizar a la comunidad y su resistencia legitima en contra de la minería en el Parque Nacional Carlos Escaleras sembrando miedo, desconfianza y buscando romper del tejido social de la comunidad.

Desde agosto de 2018, las comunidades afectadas se articularon en lo que se conoce como campamento por el Agua y la Vida en la comunidad de Guapinol para prevenir la contaminación de los ríos San Pedro y Guapinol ante las actividades de una empresa minera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos. El proyecto minero, frente al cual existen numerosas alegaciones de irregularidades en la licencia y denuncias penales, fue realizado sin el derecho a la consulta previa y consentimiento de las comunidades afectadas. El 29 de noviembre de 2019, se llevó a cabo un cabildo abierto a nivel municipal, pero hasta la fecha no ha sido respetado.

En total, 32 defensores y otras personas de Tocoa han sido acusados de delitos fabricados. El proceso de criminalización que empezó desde septiembre de 2018 ha estado copado de irregularidades incluyendo, el uso indebido del derecho penal y violaciones al debido proceso, como el incumplimiento de los plazos procesales para la emisión y notificación de resoluciones judiciales. Desde septiembre de 2019

ocho defensores de Guapinol se encuentran detenidos arbitrariamente en los Centros Penales de Olanchito y La Ceiba por los delitos de “incendio agravado” y “privación injusta de libertad”, por lo que su equipo legal ha solicitado una nueva audiencia de revisión de medidas. Cinco defensores más están en riesgo de detención por estos mismos delitos después de que un sobreseimiento a su favor recientemente fue revocado por una corte superior.

La medida cautelar de prisión preventiva en la que se encuentran ocho defensores es un reflejo del uso indebido del derecho penal para controlar, neutralizar y criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos que ejercen su libre derecho de defender el territorio en Honduras. El asesinato del defensor Arnold Joaquín Morazán, en un momento decisivo del caso de criminalización de Guapinol deja entrever la violencia sistemática en contra de la comunidad de Guapinol que busca castigar su trabajo en defensa del agua y del medio ambiente. La investigación sobre la muerte del defensor aún no ha dado resultados.

Las amenazas y asesinatos de los integrantes del CMDBCP como lo es el caso del defensor Roberto Antonio Argueta asesinado en agosto del 2019, no han sido atendidas por las autoridades, permitiendo impunidad a los agresores. Front Line Defenders condena enérgicamente el asesinato del defensor Arnold Joaquín Morazán, y expresa su profunda preocupación por la violencia extrema que enfrentan los defensores ambientales en Honduras.