Comunicado Conjunto – Honduras: Foro Internacional condena los asesinatos de personas defensoras en Honduras y demanda una investigación diligente
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Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras, integrado por más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, condenamos enérgicamente los actos violentos, hostigamientos y asesinatos perpetrados contra las personas defensoras de derechos humanos en Honduras.
Según el estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos, en 2021 al menos 170 defensores fueron víctimas de ataques, hostigamiento y amenazas en Honduras; para el primer trimestre del 2022, se tenían registrados 6 asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos. En 2023, lamentablemente esta tendencia se mantiene.
Por este medio condenamos los recientes asesinatos de los defensores del agua y los derechos humanos Aly Magdaleno Domínguez Ramos y Jairo Bonilla Ayala, ocurridos en la comunidad de Guapinol, municipio de Tocoa en el departamento de Colón el 7 de enero. Ambos mantenían una impugnación pacífica contra el desarrollo de proyectos mineros en el Parque Nacional Carlos Escaleras, enfrentaban fuertes ataques, amenazas e, incluso, un proceso de criminalización contra Aly Domínguez, junto a su hermano, Reynaldo Domínguez y 31 defensores más.
La situación de riesgo del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), así como de las comunidades de Guapinol y sector San Pedro, ha sido reconocida y documentada por múltiples actores en vigilancia de la situación de derechos humanos en Honduras. Particularmente, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha hecho múltiples alertas sobre el riesgo y amenazas a las líderes comunitarias. A pesar de las denuncias públicas, el Estado hondureño no ha respondido de manera contundente y efectiva frente a la crítica situación de peligro de las personas defensoras de Guapinol y sus familiares, omitiendo su responsabilidad internacional de otorgar protección a personas defensoras, la debida investigación pronta e imparcial de los hechos, así como la garantía de no repetición.
Asimismo, denunciamos también el lamentable asesinato de Omar Cruz Tomé el pasado 18 de enero del 2023, quien fuera líder campesino, defensor de la tierra y territorio presidente de la Cooperativa campesina Los Laureles e integrante de la Plataforma Agraria del Valle del Aguán.
Este hecho criminal ha sido vinculado con denuncias anteriores realizadas por integrantes y d irigentes de la Plataforma Agraria de El Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y el Bufete Estudios para la Dignidad, en la que exponen los atentados y violencia generalizada en el Aguán bajo iniciativa de empresas agroindustriales en Honduras, sin que medie, a la fecha, alguna acción del Estado en respuesta a estas denuncias.
Dentro de este contexto de violencia generalizada, nos alarma el riesgo aumentado en el que están mujeres lideresas y defensoras del territorio en estas comunidades que luchan junto a los hombres por la tierra y el agua. Es de nuestro conocimiento que además de enfrentar la persecución, amenazas y criminalización de sus compañeros, experimentan agresiones diferenciadas contra sus cuerpos y experiencias vitales y sufren, en muchas ocasiones, de la invisibilización de su labor, liderazgo y su situación particular a las que se suman las históricas acciones de cuido familiar y comunitario que realizan.
Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras condenamos enérgicamente los asesinatos referidos y aseguramos que estos hechos evidencian las represalias y violencia sistemática contra quienes están defendiendo los derechos humanos en Honduras en un contexto que les expone todos los días, sin la debida atención, reconocimiento y protección por parte del Estado. De igual forma, genera indignación el sostenimiento de una política extractivista que opera en el país con aval y participación estatal. Las organizaciones que hacemos parte de esta articulación internacional hemos documentado, referido y denunciado cómo las actividades extractivas se desarrollan impunemente y en total detrimento de los pueblos, comunidades y personas defensoras de derechos humanos, sin que, a la fecha, las medidas implementadas por el Estado signifiquen un cambio estructural que ponga fin a los conflictos socio ambientales en el país.
Ante ello, instamos a las autoridades competentes, y al Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos a implementar medidas urgentes para garantizar la vida, seguridad y ejercicio digno de los derechos humanos de todas las personas defensoras en el territorio hondureño.
Es urgente que el Estado de Honduras desarrolle un proceso de investigación criminal diligente, que observe los principios de independencia e imparcialidad en cada una de las etapas del proceso, integre una perspectiva de género e interseccional y permita identificar a los responsables para la debida sanción de estos hechos. Asimismo, es imperativo crear mecanismos que permitan a las comunidades y organizaciones de derechos humanos dar seguimiento a los avances de la investigación.
Exigimos al Estado cumplir con las medidas que por obligación le competen para que estas lamentables muertes no queden, una vez más, en la impunidad, y que avance de inmediato con todas las medidas necesarias para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor de manera segura, entre ellas, la medida dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2018 de aprobar e implementar un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes cometidos contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Es imperativo que el Estado de Honduras realice cambios normativos que aseguren la actividad empresarial responsable, en completo apego a los más altos estándares internacionales en la materia. Hasta ahora, el país solo ha garantizado el enriquecimiento de los sectores económicos históricamente beneficiados por las actividades extractivas al margen de las obligaciones internacionales de los Estados y a costa de los cientos de asesinatos y hechos criminales contra personas defensoras que tanto ha sufrido Honduras y la región. En esta línea recordamos también la jurisprudencia de la Corte IDH al indicar que los Estados deben “prevenir las violaciones a derechos humanos producidas por empresas privadas”. Asimismo, el Tribunal Interamericano señala que las empresas tienen la obligación de evitar que sus actividades “provoquen o contribuyan a provocar violaciones a derechos humanos”, y adoptar medidas dirigidas a subsanarlas, en caso de que ocurran.
Desde el Foro Internacional por los Derechos Humanos en Honduras nos solidarizamos con quienes continúan ejerciendo su legítimo derecho de defender los derechos humanos en Honduras, así como con las víctimas de represalias y sus familias. Respaldamos su lucha constante en la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Tenemos derecho a defender derechos.
A esta comunicación suscriben:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras - COPINH
Front Line Defenders
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos - IM Defensoras
Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH)
