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28 Enero 2021

Preocupación por la situación de defensoras mayas de derechos humanos en el nororiente de Guatemala

Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por el aumento de violencia y amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos y organizaciones indígenas en el nororiente de Guatemala. En especial mujeres defensoras que trabajan en la protección de la tierra y el territorio Maya Q’eqchi’ en Cahabón, Carcha, San Juan Chamelco, partes urbanas de Cobán y comunidades del valle del Polochic incuyendo Sepur Zarco quienes están siendo sujetas a represalias por su trabajo a favor de los derechos humanos. Las defensoras de derechos humanos que trabajan en la defensa de los derechos de las comunidades, a favor de la diversidad sexual y los derechos de las mujeres indígenas están particularmente en riesgo.

La intensificación de campañas de difamación y criminalización en contra de defensoras Maya Q’eqchis’ del nororiente de Guatemala se produce dentro de un ambiente históricamente cargado de desigualdad, violencia y opresión para las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes se enfrentan actualmente a un contexto político más complejo, ante el desarrollo de la pandemia COVID-19 y las graves secuelas humanitarias e inundaciones que dejaron los huracanes ETA y IOTA en diferentes comunidades de Guatemala. El abuso de la imposición de los estados de excepción bajo la excusa de la pandemia por COVID-19 y por el crimen organizado y narcotráfico ha aumentado el clima de tensión y agresiones contra las personas defensoras, especialmente aquellas que defienden la tierra , el territorio y la justicia.

Tzk´at; La Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew- Guatemala es una organización que brinda apoyo y fortalecimiento a la resistencia de mujeres indígenas en Guatemala. La organización ha denunciado estar bajo contaste riesgo de estigmatización, criminalización y persecución política así como vigilancia por parte agentes del Estado, oficiales corruptos, terratenientes y familias oligarcas en el territorio. Los ataques han tenido un impacto profundo en la seguridad psicosocial, en su salud física, emocional y espiritual.

Desde junio de 2020 la defensora de derechos humanos Maya Q’eqchi y Afrodescendiente Lourdes Gómez Willis ha sido sujeta a diversas agresiones. Según el reporte los perpetradores de los ataques incluyen actores de poder del sector palmero de la región quienes han agredido a la defensora debido a su trabajo de acompañamiento a comunidades en resistencia. Integrantes de su propia comunidad también han atacado a la defensora por denunciar el machismo y la violencia institucional dentro de organizaciones locales que defienden a las comunidades. Desde el 5 de diciembre de 2020 la situación de seguridad de la defensora Lourdes Gómez Willis se agravó a partir de acciones de criminalización provenientes de actores privados y gubernamentales por su involucramiento en las jornadas de apoyo ante la crisis humanitaria causadas por los Huracanes Eta y Iota. El nulo respaldo estatal y la falta de medidas de protección han agravado el bienestar integral de la defensora.

Las defensoras de derechos humanos Maya Q’eqchis’- Jalan-Trans, quienes trabajan en el municipio de San Pedro Carchá y sus alrededores han percibido un incremento en el acoso en contra de su labor en redes sociales y en sus comunidades. El acoso que reciben está cargado de discursos de odio que se unen a fundamentalismos religiosos. Las defensoras denuncian expresiones como que “la pandemia es un castigo a la comunidad por la existencia de personas maya trans” además denuncian que el acoso tiene origen en su trabajo ya que acompañan casos de defensoras de derechos humanos criminalizadas, documentan casos de transfeminicidios en la región, dan seguimiento a la salud de personas con VIH positivo en el contexto la pandemia por COVID-19 y brindan acompañamiento a la situación de empobrecimiento y exclusión laboral de personas de la comunidad LGBTTIQ+.

El 29 de diciembre de 2020 la defensora Maya Q’eqchi’, Jalan- Trans, Roberta Pitan, fue agredida por individuos desconocidos con un arma corto punzante cuando iba a abordar el autobús que la llevaría su casa aproximadamente a 20 minutos del Centro de Cobán en la comunidad de Gualom. Roberta Pitán fue auxiliada por personas particulares que le brindaron apoyo y primeros auxilios en la vía pública, siendo luego trasladada de manera inconsciente al Hospital Regional de Cobán. El hecho ya ha sido denunciado por las integrantes de la asociación Gente Positiva ante el Ministerio Público de Cobán y es acompañado por la Red de Sanadoras.

El 11 de enero de 2021 el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Cobán resolvió ligar a proceso a la defensora de derechos humanos, pedagoga, educadora y teóloga feminista Delia Adelina Leal Mollinedo tras su detención y fabricación de cargos el 29 de diciembre de 2020. La defensora, originaria de Cobán, Alta Verapaz trabaja a favor de la salud sexual y reproductiva con mujeres en comunidades indígenas de la Región Q’eqchi’ y Poqomchi’. En días posteriores a su detención la defensora fue víctima de campañas de desprestigio y estigmatización pública con contenidos misóginos en medios de comunicación y redes sociales que contribuyeron a crear un ambiente de desinformación y estigmatización entorno a su caso y a los procesos mal debidamente encaminados por la Fiscalía de la Mujer de Cobán Alta Verapaz, y el Ministerio Público.

La defensora de derechos humanos Chahim A´j am Vásquez Leal, Corporalidad Plural Intersexual – Jalanil Junxaqalil (En idioma Maya Q’eqchi’) e integrante Activa de Tzk´at ha percibido desde mayo de 2020 un agravamiento en el acoso del que es sujeta desde el 2017 en redes sociales y en su cotidianidad como defensora, en específico a raíz del acompañamiento espiritual que realiza a defensoras criminalizadas en territorio Q’eqchi’, las denuncias por casos de corrupción de funcionarios públicos estatales y su acompañamiento en asambleas y audiencias a defensoras del territorio. Las expresiones públicas y espirituales de la defensora son la razón de la persecución legal que vive al ser vinculada por supuesto encubrimiento propio en el caso de la defensora Delia Adelina Leal Mollinedo.

Tzk’at Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial, en su trabajo por el acompañamiento fundamental para el sostenimiento y el fortalecimiento de la resistencia de las mujeres originarias y los pueblos Originarios denuncia estar en constante riesgo de estigmatización, criminalización, persecución política y en constante observación de su trabajo por parte de instancias del Estado y por funcionarios que conforman pactos de corrupción, terratenientes y familias oligarcas del territorio.

Front Line Defenders reconoce que existe un peligroso contexto para las mujeres defensoras de derechos humanos en Guatemala. Según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público del 1 de enero al 17 de enero 2021, se registran ya, 23 muertes violentas de mujeres en el país. Front Line Defenders está profundamente preocupada por el patrón de violencia e inseguridad al que se están enfrentando las mujeres defensoras de derechos humanos en el nororiente de Guatemala, es de particular preocupación que las defensoras de derechos humanos estén siendo sujetas a estigmatización, intimidación y vigilancia por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres, la defensa de la tierra y el territorio y los derechos de la comunidad LGBTQI+.

Front Line Defenders hace un llamado a las instituciones y organismos nacionales e internacionales de protección a personas defensoras de derechos humanos en el país a que den seguimiento y brinden la protección urgente y necesaria a los casos para salvaguardar la integridad y vida de estas defensoras. Front Line Defenders insta a la Procuraduría de Derechos Humanos para que de seguimiento a los casos de criminalización y judicialización que han proliferado contra defensoras en la Región Q’eqchi’ en medio de la pandemia y la crisis humanitaria. Front Line Defenders reitera que es su deber investigar y visibilizar la complejidad de las violaciones de derechos humanos de las mujeres defensoras en la región.