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14 Septiembre 2022

El Salvador: El régimen de excepción ha expuesto a las personas defensoras de derechos humanos a mayor riesgo

Front Line Defenders ha recibido preocupante información sobre la prolongada ola de detenciones arbitrarias, los múltiples casos de criminalización y el clima de estigmatización generalizada en contra de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de la cuarta ampliación del régimen de excepción en El Salvador.

El 19 de julio de 2022, el Congreso aprobó la cuarta ampliación del régimen de excepción propuesto por el presidente Nayib Bukele ante la escalada de asesinatos en el primer trimestre del 2022. De acuerdo a organizaciones civiles, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, el régimen de excepción instaurado desde el 27 de marzo de 2022 ha impactado de manera negativa y desproporcionada el tejido social de comunidades enteras, incluyendo a sobrevivientes y víctimas de la guerra civil que azotó al país hasta 19921. El régimen de excepción se encuentra regulado en el artículo 29 de la Constitución y permite a la Asamblea Legislativa suspender ciertos derechos constitucionales en circunstancias extremas, incluyendo el derecho a la libertad de asociación y reunión, la privacidad de las comunicaciones y algunas garantías relacionadas al debido proceso como el derecho a ser informado sobre el motivo de una detención.

En este contexto, el 17 de julio de 2022, el defensor de derechos humanos Alfredo Zetino Santos y su hijo Alexander Zetino fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras se encontraban en su vivienda en la comarca San Ramón, en el departamento de Sonsonate. Durante su detención, autoridades hicieron comentarios con connotaciones racistas en contra del defensor por su cabello largo. Después de 5 horas las autoridades dejaron en libertad a Alfredo Zetino Santos debido a la presión social que hubo de la comunidad, sin que fuera formalmente notificado por los motivos de su detención.

Alfredo Zetino Santos es un defensor de derechos humanos, guía y líder espiritual indígena de la Tribu Nahuat Pipil originario del municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate. Es sobreviviente de la masacre de las hojas de 1983 y dirigente de la Asociación Nacional Indígena Madre Tierra. Durante el régimen de excepción, las autoridades han capturado a cinco hijos del defensor de derechos humanos sin pruebas y sin antecedentes criminales.

El 23 de mayo de 2022, un grupo de agentes de la PNC detuvo a la defensora de derechos humanos Elsa Sandoval García en su casa en el Cantón El Jícaro, municipio de Tacuba en el departamento de Ahuachapán. Minutos antes, su padre y hermanos fueron detenidos mientras se dirigían a trabajar en una finca. La defensora fue detenida bajo el pretexto de que habían hecho una denuncia anónima en su contra y fue transferida al Centro Penal Apanteos en la ciudad de Santa Ana en donde espera la próxima etapa que podría llevarse a cabo dentro de seis meses.

Elsa Sandoval García es defensora de derechos humanos y derechos de la infancia del departamento de Ahuachapán. Ha trabajado en la Asociación de Desarrollo Comunal de su localidad (ADESCO) y a favor de los derechos de la niñez de bajos recursos. Bajo el régimen de excepción han detenido a su papá, su hermano, su hermana, su cuñado, su pareja y un sobrino.

El 19 de abril de 2022, agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a la defensora de derechos humanos Esmeralda Beatriz Rodríguez de Peña cerca de su casa en el Cantón Sisiguayo, en el municipio de Jiquilisco, departamento de Usulután.

Esmeralda Beatriz Rodríguez de Peña es una defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria del departamento de Usulután que por años ha trabajado a favor de los derechos de su comunidad a través de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO). En particular ha trabajo sobre el derecho a la verdad y a la memoria histórica ya que es sobreviviente de la masacre de La Quesera ocurrida en 1981 a manos de la Fuerza Armada. Hasta el momento las autoridades se han negado a informar a sus familiares sobre acusaciones en su contra.

Durante los últimos meses, diversas organizaciones de derechos humanos se han pronunciado y han hecho declaraciones sobre las detenciones arbitrarias y el clima de estigmatización que persiste en el país. De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil, se han acumulado más de 46,000 detenciones en los últimos meses. Además, durante el régimen de excepción, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha recibido más de 1,300 habeas corpus de cuales 87 % seguían sin una resolución hasta finales de julio. De acuerdo a sus familiares, las personas que se encuentran privadas de su libertad permanecen incomunicadas y sin atención médica, mientras que los defensores públicos son omisos y hostiles. Las familias de personas detenidas son forzadas a pagar cuotas de hasta 150 dólares mensuales para sus víveres.

En junio de 2022, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró al Estado de El Salvador su obligación de informar inmediatamente a las personas detenidas, sus familiares y representantes, sobre los motivos, las razones de la detención así como el deber de informar el lugar de privación de la libertad. Front Line Defenders resalta que dentro de las personas arbitrariamente detenidas se encuentran personas defensoras de derechos humanos que han sido criminalizadas y acosadas en represalia por su trabajo legítimo y pacífico de defensa de derechos humanos.

Front Line Defenders ha expresado en el pasado su profunda preocupación ante el riesgo en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y sus familiares, así como el impacto que tienen las agresiones, las detenciones arbitrarias y el contexto en sus vidas y su trabajo. Front Line Defenders hace un llamado a las autoridades de El Salvador a que detengan las detenciones arbitrarias y la estigmatización de personas defensoras de derechos humanos al estar directamente relacionadas con su trabajo, que reconozcan la importancia de su labor de defensa de derechos humanos y del medio ambiente y que lleven a cabo las medidas necesarias para que puedan continuar con este trabajo de manera segura y en libertad.

1https://biblioteca.utec.edu.sv/sitios/conflicto/index.php/1992/01/16/la-...