Segundo Ordóñez
Segundo Ordóñez es un defensor de derechos humanos afrodescendiente de Esmeraldas, Ecuador. Su familia emigró de Tumaco (Colombia) cuando era niño. Durante la mayor parte de su vida en Ecuador, vivió y trabajó en plantaciones de abacá con abacaleros para la empresa japonesa ''Furukawa Plantaciones C. A'' - empresa que produce y exporta fibra de abacá. El abacá se utiliza y exporta a EE.UU. y Europa para papel moneda, cuerdas, bolsas de té, autos y más. Ecuador es el segundo mayor exportador de fibra de abacá; sin embargo, quienes cultivan la materia prima lo hacen en condiciones semejantes a la esclavitud.
Cientos de familias de la zona de Esmeraldas han trabajado para esta empresa y vivido en campamentos en las fincas de la empresa durante generaciones; sufriendo condiciones de escasa remuneración, explotación, falta de acceso a servicios básicos adecuados como educación, atención sanitaria y mucho más. Los abacaleros, incluido Segundo, se unieron tras años de discriminación para llevar a la empresa y al Estado de Ecuador ante los tribunales, acusándolos de sumir al menos a tres generaciones de trabajadores rurales empobrecidos en condiciones de esclavitud moderna.
Con el apoyo del Comité de Solidaridad "Furukawa Nunca Más", integrado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil, se iniciaron procesos constitucionales y penales contra la empresa, pero hasta ahora los abacaleros no han recibido justicia ni ningún tipo de reparación. Cuando el caso se hizo público en 2019, la empresa tomó represalias y demolió la mayoría de los campamentos donde vivían los abacaleros y sus familias, desalojando a cientos de personas. Esto se hizo en parte para ocultar las pruebas condenatorias de las condiciones en las que Furukawa Plantaciones C. A mantenía a sus trabajadores. Un grupo de abacaleros, incluido Segundo. se opuso al desalojo y permaneció en tres de los campamentos, ocupación que continúa cuatro años después. Tras enfrentar nuevas amenazas, los abacaleros en defensa de sus derechos colectivos lograron obtener un medida cautelar impidiendo la empresa de entrar en los campamentos ocupados.
Inspirado por su valentía y su capacidad para mantener la cohesión del grupo de ex trabajadores, Segundo se convirtió en el representante de su comunidad en los procedimientos judiciales, desempeñando un papel clave al enfrentarse a la empresa en los tribunales y en público, hecho que también ha significado un riesgo para su vida.
Como consecuencia de su resistencia, Segundo ha sido atacado de diversas formas, desde acoso constante hasta demandas estratégicas contra su participación pública interpuestas por la empresa para intimidarle y desacreditarle y, más recientemente, amenazas de muerte. Además, tras perder su empleo en la empresa y ser víctima de campañas de desprestigio, ahora lucha por encontrar un nuevo trabajo en la región y por poder acceder a ingresos fijos. No obstante, ha persistido en la lucha por la justicia y reparación para su comunidad.
While the new Constitution promulgated in 2008 contained clauses referring to the environment and its protection, over the last couple of years, the government has permitted multinational corporations to enter and exploit oil and gas reserves to the detriment and devastation of the environment and indigenous communities. HRDs working to protect the environment increasingly find themselves targeted and in need of protection.
A presidential decree in 2013 targeting civil society organisations has so far only resulted in one entity being closed down (Fundación Pachamama) but the threat of closure looms large over more (Fundamedios) and has a deeply chilling effect on journalism. What's more, the President's use of state controlled media to harass, stigmatise and defame HRDs by name (especially on his 3-5 hour Saturday morning TV program) has made many HRDs wary.
Human rights defenders have been victims of a wide range of violations in Ecuador, such as police brutality, judicial harassment, arbitrary detentions, smear campaigns, threats, harassment and the oppression of indigenous and campesino communities. Recent incidents have shown that the situation for human rights defenders in Ecuador is precarious. Throughout the month of August 2015 thousands of people gathered in different parts of the country to protest against President Correa's proposed amendments to the constitution that would allow him to run for re-election indefinitely. During this demonstration, many HRDs were detained and beaten by the police.
