Liah Ghazanfar Jawad
Liah Ghazanfar Jawad es una defensora de derechos humanos afgana residente en Kabul (Afganistán). En las últimas tres décadas ha sido directora ejecutiva de la organización Solidaridad Femenina por la Justicia, ha defendido los derechos de las mujeres, ha sensibilizado contra el acoso sexual en el trabajo, el matrimonio forzado y el matrimonio infantil y ha proporcionado tratamiento psicológico y médico a las víctimas de tortura. Además, ha realizado una labor fundamental para alzar la voz de las mujeres de todo Afganistán en favor de la educación, la paz y la estabilidad del país.
Asimismo, ha formado parte de varios comités de derechos humanos cuya labor dio lugar a la promulgación de la Ley de la Infancia y de leyes que prohíben la tortura, la violencia contra las mujeres y el acoso sexual. Ha trabajado en proyectos de acceso a la justicia en las cárceles para las víctimas de tortura, en la documentación de la tortura en las cárceles nacionales y ha proporcionado tratamiento médico y psicoterapia a las víctimas de tortura en las prisiones. En 2015 recibió la Medalla Malalai del Gobierno de Afganistán como reconocimiento a su labor en materia de derechos humanos. Asimismo, ha participado en numerosas conferencias internacionales sobre derechos humanos, buena gobernanza, el establecimiento de mecanismos de gobernanza en Afganistán, Jirgas por la paz y el empoderamiento de la mujer.
Tanto ella como su familia se han enfrentado a numerosas amenazas como consecuencia de su trabajo. A pesar de haberse visto obligada a trasladarse anteriormente debido a las amenazas, está decidida a continuar con su labor de derechos humanos tras la toma de posesión de los talibanes en agosto de 2021. Liah se encuentra actualmente en Afganistán y sigue brindando apoyo a mujeres víctimas de violencia y persecución, así como defendiendo sus derechos y su protección. Ha prestado un apoyo vital que incluye servicios, psicoterapia y tratamiento médico a más de 80 defensoras de derechos humanos desplazadas y amenazadas, así como a DDH, la mayoría mujeres.
La continua falta de seguridad e inestabilidad en el país tiene un efecto negativo en la capacidad de las defensoras y defensores de derechos humanos (DDH) para desarrollar su labor. Son objeto de amenazas, actos de intimidación, hostigamiento, vigilancia, detención arbitraria, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Entre los perpetradores se hallan tanto actores estatales como no estatales —que actúan con impunidad, siendo conscientes de que el Estado carece de la capacidad y el compromiso para garantizar la seguridad de los/as DDH y asegurar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos. Los defensores y defensoras que trabajan en regiones remotas corren un mayor riesgo y son más vulnerables a los ataques. Las defensoras de derechos humanos y quienes trabajan por los derechos de las mujeres y niñas son sistemáticamente amenazadas y atacadas por el trabajo que realizan y lo que representan, ya que son vistas como un desafío directo al statu quo. Carecen de protección efectiva por parte del Estado, incluida la policía, y se enfrentan a obstáculos y amenazas procedentes de sus propias comunidades, organismos estatales y grupos extremistas.
