Miller Dussán
Las prácticas de una multinacional italiana en Huila, Colombia, ejemplifican cómo la criminalización de los activistas se utiliza cada vez más para poner fin a la disidencia y la participación democrática real.
True wisdom comes when we are transforming the world.
Miller Dussán es un líder de la comunidad, profesor de la Universidad Sur Colombiana y presidente de ASOQUIMBO (Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo). Esta organización consiste de un colectivo de campesinos, pescadores, trabajadores y familias locales que desde el 2009 resisten la construcción de la represa El Quimbo mediante protestas pacíficas, piquetes, y campañas de incidencia.
El Quimbo es una represa construida sobre el río Magdalena, departamento de Huila, en el sur de Colombia, operada por EMGESA, subsidiaria local de la compañía multinacional italiana de energía eléctrica ENEL. Durante el proceso de planeamiento del proyecto, no se consultó adecuadamente a la comunidad local. De acuerdo con Elsa Ardilla, ex presidente de ASOQUIMBO, los “procesos de consulta fueron una mera formalidad, ya que ni la compañía ni el gobierno tomaron en cuenta la opinión de las comunidades locales”. Debido a la represa, alrededor de 1500 personas fueron desalojadas de sus tierras y reubicadas lejos del río. Muchos campesinos y pescadores perdieron sus medios de vida, y no recibieron una compensación adecuada. Además, EMGESA no realizó una evaluación ambiental transparente antes de comenzar el proyecto ni respetó algunos de los compromisos asumidos respecto de la protección del ambiente. Según la organización Democracy Centre, “El hecho de que Emgesa no cumplió con las regulaciones referidas a retirar biomasas del reservorio lo convirtió en una bomba de tiempo de metano, consecuencia de la vegetación en descomposición”.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH) de Colombia trabajan en un ambiente violento e inseguro, sometidos a amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ataques físicos, actos de tortura, homicidios, allanamientos ilegales en sus hogares y oficinas y estigmatización, todo ello como consecuencia de sus actividades en defensa de los derechos humanos. Con frecuencia, quienes perpetran estos abusos son grupos paramilitares, muchos de los cuales tienen relación con el gobierno o los servicios de seguridad, o con grupos armados de la oposición. Los frecuentes, continuos y graves ataques y amenazas perpetrados contra los/as DDH en todo el país contradicen las afirmaciones del gobierno sobre la desmovilización paramilitar.
