Dictan libertad definitiva a personas defensoras de derechos ambientales integrantes de ARCAH
El juicio de las personas defensoras de los derechos ambientales Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Víctor Hernández, Patricia Godoy, María Valladares y Fernando Hernández está previsto para el 27 de abril de 2021 ante la Corte Suprema de Justicia en Barrio la Granja, Tegucigalpa. Las y los defensores de los derechos ambientales han permanecido bajo arresto domiciliario desde que fueron detenidos por la fuerza el 29 de marzo de 2021. Las y los siete defensores están acusados de "desplazamiento forzado", que conlleva una posible condena de tres a nueve años de prisión.
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) es una organización que defiende los recursos naturales de la comunidad y aboga contra los proyectos extractivos en Honduras. Christopher Castillo es el Coordinador General de ARCAH.
El 20 de abril de 2022, la Corte de Apelaciones en los Juzgados de Letras de lo Penal de Tegucigalpa dictó sobreseimiento definitivo a favor de las personas defensoras de derechos ambientales Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Víctor Hernández, Patricia Godoy, María Valladares y Fernando Hernández integrantes de la comunidad de Loarque y de la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH).
Las y los defensores de derechos ambientales permanecieron bajo arresto domiciliario desde el 29 de marzo de 2021 acusados de "desplazamiento forzado" por realizar una manifestación pacífica frente a las oficinas de la empresa avícola "El Cortijo" para protestar por las actividades de la empresa que han contaminado un río local.
Front Line Defenders celebra la conclusión final de la Corte y el sobreseimiento del caso, sin embargo, condena el uso del delito de desplazamiento forzado en casos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellos que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio. Front Line Defenders cree firmemente que Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Víctor Hernández, Patricia Godoy, María Valladares y Fernando Hernández fueron señalados en un intento de criminalizarles a raíz de la defensa del territorio que realizan.
El juicio de las personas defensoras de los derechos ambientales Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Víctor Hernández, Patricia Godoy, María Valladares y Fernando Hernández está previsto para el 27 de abril de 2021 ante la Corte Suprema de Justicia en Barrio la Granja, Tegucigalpa. Las y los defensores de los derechos ambientales han permanecido bajo arresto domiciliario desde que fueron detenidos por la fuerza el 29 de marzo de 2021. Las y los siete defensores están acusados de "desplazamiento forzado", que conlleva una posible condena de tres a nueve años de prisión.
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Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Víctor Hernández, Patricia Godoy, María Valladares y Fernando Hernández son defensores del medio ambiente de la comunidad de Loarque e integrantes de Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), una organización que defiende los recursos naturales de la comunidad y aboga contra los proyectos extractivos en Honduras. Christopher Castillo es el Coordinador General de ARCAH.
El 29 de marzo de 2021, las y los defensores de los derechos ambientales y otros integrantes de ARCAH realizaban una manifestación pacífica frente a las oficinas de la empresa avícola "El Cortijo" para protestar por las actividades de la empresa que han contaminado un río local, cuando fueron detenidos violentamente y amenazados por unos 90 agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, elementos de la Policía Nacional de Honduras, el Comando "Tigres" y de la Dirección de Investigación Policial (DPI). Los agentes llegaron al lugar en dos tanques militares y cinco patrullas, y no presentaron ninguna orden de dispersión ni de detención. Los agentes confiscaron y revisaron los teléfonos móviles de los defensores , antes de llevarlos a la Dirección Policial de Investigación (DPI) en Kennedy, Tegucigalpa. Desde allí, las y los defensores de los derechos ambientales fueron trasladados a la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP 1), donde permanecieron detenidos durante más de 20 horas y fueron acusados de "desplazamiento forzado". Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Víctor Hernández, Patricia Godoy, María Valladares y Fernando Hernández fueron liberados de la UMEP 1 el 30 de marzo de 2021 y puestos bajo arresto domiciliario hasta su juicio.
Integrantes de ARCAH han denunciado anteriormente ante las autoridades amenazas y ataques contra ellas y ellos en relación con su legítima labor de defensa de los recursos naturales y el territorio. Desde enero de 2020, Christopher Castillo es beneficiario de Medidas de Seguridad del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Honduras, debido a los anteriores atentados contra su vida y las reiteradas amenazas de muerte que ha recibido.
En los últimos meses se ha incrementado el uso del delito de desplazamiento forzado en casos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellos que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio. En diciembre de 2020, el defensor Víctor Vásquez del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) fue procesado por el cargo fabricado de desplazamiento forzado y en marzo de 2021 la defensora Jennifer Solórzano, integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), fue procesado bajo el mismo delito.
Front Line Defenders manifiesta su profunda preocupación por la criminalización bajo cargos infundados de Christopher Castillo, Jeffry Suazo, Michael Aguilar, Víctor Hernández, Patricia Godoy, María Valladares y Fernando Hernández, las persistentes amenazas contra ellas y ellos y, el uso excesivo de la fuerza durante su detención. Front Line Defenders considera que el uso excesivo de la fuerza y la criminalización son parte de una estrategia más amplia de intimidación contra las y los defensores de los derechos ambientales en Honduras para desalentar sus actividades legítimas de derechos humanos.
