Ataques e intimidación contra Lucila Bettina Cruz Velázquez
La defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez y el defensor Rodrigo Flores Peñaloza han sido objeto de constantes ataques e intimidaciones por su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Lucila Bettina Cruz Velázquez is a Mexican human rights defender and member of the Assembly of the Indigenous Peoples of the Tehuantepec Isthmus in Defense of Land and Territory, in the Santa María Xadani municipality, Tehuantepec Isthmus, Oaxaca. She is also a member of the movement of Civil Resistance against High-Electricity Prices, who has faced significant threats against her because of her human rights work. She is also a member of the Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (National Network of Women Human Rights Defenders in Mexico – RNDDHM), which is comprised of 168 women human rights defenders and 95 member organisations, located in 21 States in the Republic and Federal District of Mexico.
La defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez y el defensor Rodrigo Flores Peñaloza han sido objeto de constantes ataques e intimidaciones por su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Lucila Bettina Cruz Velázquez es defensora de derechos humanos en México e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio - APIIDTT, en Municipio de Santa María Xadani, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. También es integrante del movimiento de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas de Energía Eléctrica y ha enfrentado significativas amenazascontra ella por su trabajo sobre derechos a la tierra y derechos de los pueblos indígenas.
Rodrigo Flores Peñaloza es profesor e integrante de la APIIDTT. La Asamblea reúne a varias organizaciones de pueblos indígenas para defender sus derechos y tradiciones territoriales contra violaciones de derechos humanos, como desalojos y proyectos realizados sin su consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con los criterios establecidos en el Convenio núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Desde principios de 2017, la defensora y el defensor de derechos humanos han sido objeto de varios atentados y actos de intimidación. El 29 de abril de 2017, Lucila Bettina Cruz Velázquez informó que la oficina de la APIIDTT estaba siendo vigilada por hombres no identificados. Al menos dos personas vestidas de civil habían sido vistos alrededor de la oficina durante varias horas del día.
El 10 de febrero de 2017, Rodrigo Flores Peñaloza y algunos/as colegas fueron asaltados frente a su oficina por dos hombres armados en una motocicleta. Uno de los criminales apuntó el arma específicamente al defensor de derechos humanos y exigió que se callara. El 24 de febrero de 2017, un hombre armado entró en la oficina donde trabaja Rodrigo Flores Peñaloza y preguntó a sus colegas varias veces sobre su paradero. El 19 de abril de 2017, la estación de radio 92.7 de Juchitán dedicó varias horas a difundir declaraciones difamatorias contra la labor Rodrigo Flores Peñaloza y Lucila Bettina Cruz Velázquez. El 26 de abril de 2017, el defensor de derechos humanos encontró una nota manuscrita en su auto al salir de su casa, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. La nota contenía amenazas específicamente dirigidas a él y le advirtió que estaba siendo monitoreado.
Estos ataques e intimidaciones están teniendo lugar de forma paralela a una campaña de apoyo a las comunidades indígenas de los Zapotecos de Puente Madera, Rancho Llano y Loma Bonita de San Blas Atempa contra la construcción de una subestación eléctrica en la región del Cerro Igúu.
El proyecto minero Cerro Igúu es propiedad de la empresa Tradeco, que suministra materiales a la empresa danesa Vestas y a la empresa española Gamesa Eólica para la construcción de un parque eólico. El proyecto minero también está relacionado con la construcción del aeropuerto de Ixtepec y la subestación de la Secretaría de Defensa Nacional – SEDENA.
La exploración y explotación de los recursos en el Cerro Igúu y la construcción de la subestación de SEDENA se están llevando a cabo sin previa consulta con los indígenas locales. Ambos proyectos están ubicados en tierras comunales de Zapotecos, en Oaxaca. De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Mexicana y el derecho internacional de derechos humanos, el Estado está obligado a realizar consultas previas con las personas indígenas afectadas por proyectos en sus tierras y debe solicitar su consentimiento libre e informado antes de que el proyecto pueda comenzar.
Front Line Defenders ha informado previamente sobre los riesgos de seguridad enfrentados por Lucila Bettina Cruz Velázquez. Desde febrero de 2012, ella ha estado bajo medidas de protección por parte de la Defensoría Pública de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y, en noviembre de 2012, por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas del Gobierno Federal. Además, la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca había concedido previamente medidas de protección a su favor el 14 de noviembre de 2011. A pesar de que se ha otorgado la protección de estos mecanismos, los ataques y el acoso no han cesado.
Front Line Defenders expresa su preocupación por los más recientes ataques y actos de intimidación contra Rodrigo Flores Peñaloza y Lucila Bettina Cruz Velázquez, y el mayor riesgo que enfrentan, ya que cree están vinculados a la labor de la defensora y el defensor de derechos humanos en contra de proyectos ilegales en sus tierras.
