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Jordi Cuixart en prisión provisional

Estatus: 
Detenido
Sobre la Situación

El 14 de octubre de 2019, el defensor de derechos humanos catalán Jordi Cuixart fue declarado culpable de sedición y condenado a 9 años de prisión.

Desde octubre 2017, Jordi Cuixart se encuentra en prisión provisional. El defensor de derechos humanos enfrenta hasta 25 años de prisión por un supuesto delito de rebelión, en relación con su trabajo en la promoción de protestas pacíficas en Cataluña el 20 de septiembre de 2017 y su participación en el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017.

About Jordi Cuixart

Jordi Cuixart Jordi Cuixart is the president of Òmnium Cultural, a non-governmental organisation, which was founded in 1961 in response to censorship and persecution of Catalan culture by the Franco dictatorship. Òmnium Cultural has been working to promote and preserve Catalan language and cultural heritage ever since its establishment. Serving its purpose, the organisation has also founded and sponsored various awards and literary contests for works published in Catalan. Upon the restoration of democracy in Spain, Omnium Cultural has been actively involved in the promotion and defence of human rights in Catalonia. Over the last few years, the association has helped to organise a number of peaceful demonstrations in support of the right of people in Catalonia to decide their political future freely and democratically.

15 Octubre 2019
El defensor de derechos humanos catalán Jordi Cuixart condenado a 9 años de prisión

El 14 de octubre de 2019, el defensor de derechos humanos catalán Jordi Cuixart fue declarado culpable de sedición y condenado a 9 años de prisión. Jordi Cuixart fue arrestado poco después de haber promovido públicamente una protesta pacífica en Cataluña el 20 de septiembre de 2019 así como el referéndum por la independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2019. Jordi Cuixart permanecía en prisión preventiva desde su arresto el 16 de octubre de 2017.

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Jordi Cuixart es el presidente de Òmnium Cultural, una organización no gubernamental creada en 1961 en respuesta a la censura y persecución que enfrentó la cultura catalana durante la dictadura de Franco. Además de trabajar para apoyar y preservar la lengua y patrimonio cultural de Cataluña, Òmnium Cultural ha participado activamente en la promoción y defensa de los derechos humanos en Cataluña. La organización ha ayudado a organizar una serie de manifestaciones pacíficas para defender el derecho de las personas en Cataluña a una autodeterminación libre y democrática.

El 21 de marzo de 2018, cuatro meses después de que su caso se uniese al de otras 13 personas acusadas, Jordi Cuixart fue imputado por delito de «sedición» por el magistrado instructor del Tribunal Supremo. Fue acusado de hacer campaña activamente a favor del referéndum de independencia de Cataluña celebrado el 1 de octubre de 2017, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional. La acusación se basa principalmente en que Jordi Cuixart organizó las protestas del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía de Cataluña, que intentaban impedir una operación policial, relacionada con el referéndum y ordenada judicialmente, en varios edificios público. Antes de que se produjeran las protestas, Jordi Cuixart había hecho particularmente hincapié a través de publicaciones en redes sociales y otras plataformas, sobre el carácter pacífico de las movilizaciones. Grabaciones de vídeo muestran al defensor de derechos humanos de pie sobre un vehículo policial durante las protestas tratando de calmar y disolver a una multitud enérgica que protestaba contra la detención de los/as organizadores/as del referéndum.

El 14 de octubre de 2019, la Sala Segunda del Tribunal Supremo español condenó a nueve líderes catalanes, entre ellos el defensor de derechos humanos Jordi Cuixart, a penas de prisión de hasta 13 años por sedición y otros delitos.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria halló que siete de los/as líderes catalanes/as fueron detenidos/as arbitrariamente, entre ellos Jordi Cuixart, e instó a España a liberar a aquellas personas que permanecían detenidas. Como declara International Trial Watch, FIDH y Euromed Rights, el proceso judicial presenta numerosas irregularidades y vulneraciones del derecho a un juicio justo. Amnistía Internacional, OMCT, relatores especiales de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa también han mostrado su preocupación por el caso de Jordi Cuixart y han instado a las autoridades españolas a liberarlo.

Front Line Defenders condena enérgicamente la condena por sedición contra el defensor de derechos humanos Jordi Cuixart ya que considera que es resultado de su actividad legítima y pacífica de defensa de derechos humanos.
 

Front Line Defenders insta a las autoridades en España a que:

  1. Anulen inmediatamente la condena y liberen a Jordi Cuixart, ya que supone que está únicamente motivada por su legítima y pacífica labor en la defensa de los derechos a la libertad de reunión pacífica y expresión;
  2. Garanticen que todos/as los/as defensores/as de derechos humanos en España puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos en cualquier circunstancia sin temor a represalias y libres de cualquier limitación, entre ellas el acoso judicial y la criminalización.
23 Noviembre 2018
Defensor de derechos humanos en prisión provisional desde hace más de un año

Desde octubre 2017, Jordi Cuixart se encuentra en prisión provisional. El defensor de derechos humanos enfrenta hasta 25 años de prisión por un supuesto delito de rebelión, en relación con su trabajo en la promoción de protestas pacíficas en Cataluña el 20 de septiembre de 2017 y su participación en el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre de 2017.

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El 20 de septiembre de 2018, el Tribunal Supremo rechazó por la tercera vez la petición de libertad bajo fianza de Jordi Cuixart, declarando que las circunstancias no han cambiado para que sea justificada la revocación de la prisión provisional. El Tribunal ya había rechazado una primera petición el 4 de diciembre de 2017, y la segunda el 21 de marzo, declarando que había riesgo de reiteración delictiva por parte del defensor de derechos humanos.

El 21 de marzo de 2018, el magistrado instructor del Tribunal Supremo procesó a Jordi Cuixart por el delito de “rebelión”, junto con otras 13 personas. El defensor de derechos humanos ha sido acusado de participar y hacer campaña a favor del referéndum de independencia de Cataluña que se celebró el 1 de octubre de 2017, pese a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley que regula el referéndum. El cargo se basa principalmente en la acusación que Jordi Cuixart organizó las protestas del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía de Cataluña, que intentó impedir una operación policial ordenada por el tribunal en varios edificios públicos relacionados con el referéndum. Anteriormente, Jordi Cuixart había destacado públicamente, incluso a través de publicaciones en redes sociales, la importancia de la naturaleza exclusivamente pacífica de las movilizaciones. Grabaciones de vídeo muestran al defensor de derechos humanos en un vehículo policial durante las protestas, tratando de calmar los/as manifestantes, pidiéndoles que se disolvieran.

En el juicio, que se espera tenga lugar en los próximos meses, Jordi Cuixart enfrenta acusaciones criminales que pueden resultar en una sentencia de hasta 25 años en prisión, en el caso de una condena por “rebelión”, un crimen definido por el Código Penal español como alzamiento “violento”.

Front Line Defenders muestra su grave preocupación por la continuada prisión provisional del defensor de derechos humanos Jordi Cuixart, ya que considera que su detención, encarcelamiento y la gravedad y disproporcionalidad de las acusaciones en su contra son acciones en represalia por su trabajo en la protección de los derechos civiles y políticos.

Front Line Defenders insta a las autoridades en España a que:

  1. Retiren todos los cargos en su contra y liberen de forma inmediata e incondicional a Jordi Cuixart, ya que se supone que estén motivados por su legítima y pacífica labor en la defensa de los derechos a la libertad de reunión pacífica y expresión.
     
  2. Garanticen en toda circunstancia que todos los defensores y las defensoras de derechos humanos en España puedan llevar a cabo su legítimo labor en la defensa de los derechos humanos sin miedo a represalias y libres de todo tipo de restricciones arbitrarias, incluyendo el hostigamiento judicial.