Aumentan amenazas y campañas de desprestigio en contra de la Central Campesina Chortí Nuevo Día

Durante los últimos tres meses, diariamente, integrantes de la Central Campesina Chortí Nuevo Día han sufrido amenazas directas e intimidaciones por parte de autoridades locales y personas relacionadas con el proyecto minero Cantera de los Manantiales, INCAMIN S.A, y el proyecto de desarrollo Corredor Interoceánico. El 2 de mayo de 2019, un ex integrante de la organización fue asesinado en relación con el trabajo de la Central. Personas defensoras de derechos humanos de las comunidades indígenas Maya Chortí en Chiquimula han sido objeto de campañas coordinadas de difamación y amenazas por defender sus derechos al consentimiento libre, previo e informado.

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La Central Campesina Chortí Nuevo Día, CCCND, trabaja con las comunidades indígenas Ch’orti en la región de Chiquimula, Guatemala. La organización provee apoyo legal y visibilidad a esas comunidades, quienes enfrentan amenazas y violaciones de derechos humanos debido a la implementación de proyectos hidroeléctricos y de minería en sus territorios.

El 25 de febrero de 2019 se estableció un campamento de protesta pacífico conocido como "punto de resistencia" cerca de una de las principales entradas del proyecto minero Cantera de los Manantiales, INCAMIN S.A. en la comunidad de La Prensa, Olopa. Defensoras y defensores de derechos humanos de la CCCND e integrantes de la comunidad establecieron una asamblea permanente para discutir estrategias de visibilidad y presionar a las autoridades locales para implementar las decisiones del Ministerio de Medio Ambiente (MARN). De acuerdo con el órgano, el proyecto minero no cumplía los requisitos legales y ambientales necesarios para operar, y tenía 15 días para cerrar el trabajo y recuperar su maquinaria del local.

El 8 de abril de 2019 se estableció un segundo campamento de protesta pacífica cerca de una entrada diferente del proyecto minero, próximo a la comunidad de El Carrizal. Desde entonces, la empresa privada cesó su trabajo en el área, pero mantuvo su maquinaria cerca de la mina y, en varias ocasiones, amenazó con continuar trabajando.

Desde el establecimiento de las protestas pacíficas que resisten la implementación del proyecto minero, personas defensoras de derechos humanos han visto un aumento en los incidentes de seguridad y amenazas en su contra. Integrantes de la Central Campesina Chortí Nuevo Día han sido objeto de lo que parecen ser esfuerzos coordinados de las autoridades locales y la seguridad privada contratada por Cantera de los Manantiales, INCAMIN S.A., con el objetivo de suprimir la resistencia a la implementación del proyecto.

Defensores y defensoras denunciaron amenazas diarias, tales como disparos al aire, advertencias verbales y telefónicas e intentos de vigilancia en La Prensa y El Carrizal. El 27 de marzo, 15 personas armadas dispararon al aire cerca de donde los manifestantes estaban reunidos; el 3 de abril, un conductor que pasó por la protesta sostuvo un arma de fuego y amenazó a los integrantes de la comunidad por alzar la voz; además, el 9 de abril y el 11 de abril, se hicieron disparos al aire y cerca de personas que participaban en la protesta. Personas relacionadas con la compañía minera también fueron vistas vigilando el lugar.

El 2 de mayo de 2019 fue asesinado un ex integrante de la CCCND, quien también era pariente de uno de los coordinadores de la organización. Defensores y defensoras locales creen que su asesinato está relacionado con el trabajo de la Central Campesina. El asesinato ha tenido un impacto directo en el nivel de riesgo de quienes enfrentan estas amenazas, especialmente aquellas personas que están en posiciones de liderazgo en la CCCND. El asesinato estuvo acompañado de intensas campañas de difamación e incidentes de seguridad contra diferentes integrantes de la organización, incluso vigilancia de la oficina y sus casas.

Integrantes de la Central Campesina Chortí Nuevo Día también han enfrentado amenazas crecientes en otros municipios de la región de Chiquimula. En Jocoatán y Camotán, han enfrentado amenazas de muerte y criminalización como una represalia por denunciar violaciones de derechos humanos asociadas con la implementación del proyecto de desarrollo Corredor Interoceánico. El proyecto buscar la construcción de una carretera, una vía férrea y un oleoducto que conecta las costas del Pacífico y Atlántico en Guatemala.

Las autoridades y empresas privadas responsables de la implementación del Corredor Interoceánico no han obtenido el consentimiento previo e informado de las comunidades locales Maya Chortí, las cuales creen que el proyecto afectará gravemente sus derechos de acceso al agua, la tierra y el uso del territorio. La implementación del proyecto implicaría la privatización masiva de la tierra y el drenaje de los escasos recursos hidricos de la región. Este conflicto ha resultado en que las autoridades judiciales emitieran órdenes de captura preventivas contra varios integrantes de la comunidad, una práctica que se ha utilizado desde 2010 contra la Central Campesina.

Integrantes de la comunidad y personas defensoras de derechos humanos han sufrido amenazas directas por parte de grupos cercanos a las compañías responsables por implementar el Corredor Interoceánico, así como por el alcalde local, quien afirmó que "la única opción era eliminarlos". Defensoras y defensores han tratado de denunciar estas amenazas a la policía local, que se ha negado a ocuparse de algunos de los casos, además de no haber investigado de manera efectiva casos anteriores y no proporcionar medidas de seguridad adecuadas a defensoras y defensores en riesgo.

Integrantes de la Central Campesina Chortí Nuevo Día también siguen siendo objeto de una campaña de desprestigio, donde se les presenta como aprovechadores de su papel de liderazgo en las comunidades para beneficio personal. Defensores y defensoras han sufrido intentos de soborno, acoso telefónico y vigilancia en sus hogares, al mismo tiempo que sus hijos e hijas también han sufrido acoso escolar, incluso por parte de profesores.

Líderes indígenas integrantes de la Central Campesina Chortí Nuevo Día han recibido amenazas directas de muerte, y ocho de ellos han sido notificados de que se había contratado a asesinos a sueldo, lo que aumentó considerablemente sus niveles de riesgo. El 21 de diciembre y el 17 de abril, dos de los defensores amenazados fueron atacados por hombres armados, uno de ellos sufrió un severo corte en la mano. Los atacantes también amenazaron de muerte a dos defensores integrantes de la organización.

La Central Campesina Chortí Nuevo Día es parte del Frente Campesino, una red que permite que defensores y defensoras locales de derechos humanos se articularen e implementen medidas conjuntas para la defensa de los derechos humanos en Guatemala. CODECA y CCDA también integran la red, las cuales tuvieron en total a 7 de sus integrantes asesinados entre el 9 de mayo y el 8 de junio de 2018. Las amenazas crecientes y recientes ponen a la CCCND y sus integrantes en mayor riesgo.

Front Line Defenders sigue profundamente preocupada por las amenazas y ataques contra personas defensoras de derechos humanos e integrantes de la CCCND, una vez que cree que están vinculadas a su trabajo legítimo de derechos humanos. Front Line Defenders expresa su preocupación por la criminalización que siguen sufriendo las y los defensores de los derechos indígenas, ambientales y de la tierra, mientras trabajan para proteger sus tierras y su sustento en Guatemala.