Historia del Caso: Maria Cedeño

Durante el mes de marzo de 2015, miembros de diversas organizaciones de derechos humanos en Colombia han recibido amenazas, incluyendo personas del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).

Las amenazas se han presentado en forma de panfletos, una práctica cada vez más común por todo el país, y fueron entregados en mano o enviados por correo electrónico a varios individuos y organizaciones. El formato más común de los panfletos es una página mecanografiada, firmada y marcada con el sello de un grupo paramilitar, frecuentemente “Las Águilas Negras”. Los panfletos amenazan a un grupo de personas defensoras de derechos humanos ordenándoles que abandonen la región donde se encuentran dentro de un periodo específico y advirtiéndoles de que cesen todos sus actividades en la defensa de los derechos humanos, o serán víctimas de otro tipo de agresión.

Las personas a quienes las amenazas se dirigen incluyen Sr. José Humberto Torres, Sr. Deivis Flórez y Sra. María Cedeño (miembros del CSPP); Sra. Rosario Montoya, Sra. Ingrid Vergara Chavéz y Sra. Martha Díaz (miembros del MOVICE); Sr. Mauricio Aviles, miembro de la Corporación de Centros de Estudios y Desarrollo de los Derechos Humanos (CEDERHNOS); Sra. Soraya Bayuelo, Directora del Colectivo de Comunicaciones Montes de María; Sr. Fabian Oyaga, Director de la Unidad de Restitución de Tierra del Magdalena; Sr. Jerry Garavito, miembro del Centro de Investigación y Educación Popular; Sr. Juan David Ortega Jiménez, abogado de la Fundación Infancia Feliz; Sr. Jairo Barreto López, líder comunitario y defensor de los derechos humanos en Montes de María; Sr. Gary Martínez Gordon, defensor de derechos humanos y líder estudiantil; así como a los defensores de derechos humanos Sra. Sandra Manjarrés y Sr. Agustín Jiménez.

La distribución de estos panfletos tuvo lugar en un contexto de hostigamiento e intimidación hacia integrantes de MOVICE a largo plazo y de otras organizaciones de la sociedad civil en todo Colombia. Los/as defensores/as de derechos humanos son objeto constante de amenazas, intimidación, detención arbitraria, desaparición forzada, agresiones físicas, actos de tortura, asesinatos, allanamientos ilegales de sus domicilios y oficinas y estigmatización, consecuencia de sus actividades. El 21 de enero de 2015, miembros de la policía judicial hallaron el cuerpo del defensor de derechos humanos Carlos Alberto Pedraza en un área deshabitada de San Bartolomé, municipio de Gachancipá, departamento de Cudinamarca. Carlos Alberto Pedraza Salcedo habría recibido un balazo en la cabeza.

Desde la muerte de Salcedo, defensores y defensoras de derechos humanos continuaron enfrentando situaciones de hostigamiento y amenazas. El 16 de marzo de 2015, aproximadamente a las 20:30 horas, un automóvil Twingo de color negro (cuya matricula es conocida) fue observado frente el domicilio de Ingrid Vergara Chavéz; minutos después una moto de color negro de alta cilindrada, llevando dos hombres desconocidos fue vista pasar varias veces por la casa de la defensora de derechos humanos. Ingrid Vergara Chávez llamó por teléfono a la policía nacional, porque el teléfono que tiene como parte de su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección estaba en buzón de mensajes. También llamó a sus escoltas, quienes llegaron inmediatamente. El automóvil negro se puso en marcha y salió a gran velocidad; los escoltas lo persiguieron, pero no lograron alcanzarlo. Ingrid Vergara Chávez llamó nuevamente a la policía, y unos agentes llegaron 45 minutos después del primer llamado. El 17 de marzo de 2015, la defensora de derechos humanos fue informada por miembros de su comunidad que el día anterior unos hombres en el mismo tipo de vehículo ya descrito, identificándose como miembros de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional – SIJIN, habían estado preguntando por ella y diciendo que querían hacerle una entrevista.