Historia del caso: Máxima Acuña de Chaupe

El 5 de agosto de 2015, la Sra Maxima Acuña de Chaupe reportó la llegada de un contingente de aproximadamente 30 policías, un miembro de la División de Operativos Especiales de la Policía Nacional de Perú (DINOES) armado y con un chaleco antibalas, y 50 comuneros, en particular de Chugurmayo, que se reunieron en el perímetro de su tierra.

Pocos días antes, el 30 de julio de 2015, había recibido una amenaza de muerte por parte de un empleado de la empresa minera Yanacocha, quien le dijo que 'la haría desaparecer'. La empresa minera ha instalado estratégicamente un puesto de vigilancia frente a la casa de la familia, mediante el cual el personal de la minera los vigila constantemente.

Sin embargo, la defensora sostiene que su familia nunca les concedió autorización o estuvo de acuerdo con esa venta. Máxima Acuña de Chaupe se ha convertido en una de las líderes más visibles de la oposición a esta mina a cielo abierto de oro y cobre, llamada Conga, y ha apoyado a personas que han sido desalojadas forzosamente como resultado del proyecto minero.

La empresa minera construyó una cerca en el límite de la tierra de Maxima Acuña y ahora tienen alpacas pastando en esta tierra vecina. Se han designado supuestos guardianes de las alpacas de forma permanente para observar la tierra y estas personas tienen una vista clara de la casa de la defensora de derechos humanos y su familia, que ahora se sienten sometidas a una vigilancia permanente. Fue uno de esos empleados de la empresa minera quien amenazó de muerte recientemente a Máxima Acuña.

Este no es el primer acto de intimidación que ha sufrido la defensora del derecho a la tierra. Previamente, Máxima Acuña de Chaupe recibió amenazas de muerte en febrero de 2014, cuando oficiales de DINOES intentaron desplazar forzosamente a la familia por la segunda vez, después de intentarlo anteriormente en 2011. Al año siguiente, el 3 de febrero de 2015, miembros de la DINOES y de la empresa de seguridad privada de la compañía minera Yanacocha, así como algunos de sus ingenieros, demolieron las construcciones preliminares del nuevo hogar que ella y su familia estaban construyendo en la propiedad. Más tarde, ese mismo mes, empleados de la compañía minera Yanacocha intentaron invadir la propiedad de Máxima Acuña de Chaupe.

La defensora de derechos humanos ha denunciado todos los incidentes ante las autoridades locales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Máxima y a su familia el 5 de mayo de 2014. A pesar de esto, el Estado peruano no ha tomado ninguna acción para asegurar la seguridad y protección de la familia.

El 3 de febrero de 2015, aproximadamente 200 personas entraron ilegalmente en el terreno propiedad de la defensora de derechos humanos Sra Máxima Acuña de Chaupe y demolieron el anteproyecto de construcción del nuevo hogar que ella y su familia construían en la propiedad. Presuntamente, miembros del grupo, que incluía empleados de la División de Operativos Especiales de la Policía Nacional de Perú (DINOES) y de la empresa de seguridad privada de SECURITAS de la compañía minera Yanacocha, así como algunos de sus ingenieros, dispararon armas.

Aproximadamente a las 9:00 horas, el grupo armado entró a la propiedad de la defensora de derechos humanos sin autorización y demolieron el edificio, que se construía a algunos metros de la residencia actual de Máxima Acuña de Chaupe. No hubo presencia de un fiscal y no se presentó una orden autorizando la acción.

La demolición sigue la decisión de la Corte de Justicia de Cajamarca del 17 de diciembre de 2014, la cual confirmó que Máxima Acuña de Chaupe fue la legítima propietaria del territorio. Sin embargo, la compañía minera Yanacocha mantiene que la defensora de derechos humanos está ocupando la propiedad ilegalmente, y que la demolición e invasión se hicieron “en defensa de sus derechos y en estricto cumplimiento de la Ley”. Anteriormente, en febrero de 2014, Máxima Acuña de Chaupe y su familia fueron víctimas de un intento de desalojo forzado y de amenazas de muerte.

El 22 de mayo de 2014, se cumplió el plazo para que el Estado peruano responda a la cocesión de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin que se haya emitido un comunicado oficial a las comunidades, sus representantes, tal y como ordena el organismo internacional.

El 19 de mayo de 2014, las comunidades de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc-Bambamarca, junto con las Rondas Campesinas, que fueron las beneficiarias de la orden de medidas cautelares de la CIDH, enviaron una carta al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía Especial para Temas Supranacionales pidiendo el debido cumplimiento del Estado ante la resolución de la CIDH.

El 5 de mayo del 2014, la CIDH otorgó medidas cautelares a 46 personas defensoras de los derechos humanos líderes de las comunidades campesinas y de las Rondas Campesinas de Cajamarca, en vista del patrón de amenazas, hostigamiento y actos violentos que han sufrido en su trabajo de protección de los derechos humanos. Asimismo, la Comisión descubrió que no existe evidencia clara de que -a la fecha- Perú haya tomado las medidas indicadas. La CIDH también afirmó que, a la luz de la controversia sobre las posibles violaciones de los derechos humanos relativas a los proyectos mineros locales, las tierras ancestrales de las comunidades fueran también objeto de una orden de protección.

Esta decisión responde a una solicitud de medidas cautelares formulada por la Asociación Interétnica de la Selva Peruana AIDESEP, Confederación Campesina del Perú - CCP, Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería - CONACAMI y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP.

Los/as defensores y defensoras de derechos humanos trabajan por la protección de los derechos de los habitantes de la región en el contexto del desarrollo de un proyecto minero, que se espera que tendrá un serio impacto ambiental y social. Los miembros de los grupos han sido víctimas de difamación, hostigamiento, amenazas, ataques, robos, detención arbitraria, hostigamiento judicial y homicidios como consecuencia de su labor pacífica y legítima. Algunos de ellos han debido comparecer en alguno de los más de 40 procesos judiciales, la mayoría de ellos desestimados o sobreseídos, acusados de delitos tales como obstrucción, resistencia a la autoridad o usurpación, violación de propiedad privada, daños, disturbios o terrorismo.

La CIDH destacó la importancia de la labor de los/as defensores y defensoras de los derechos humanos y la necesidad de protegerles. De acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión ordenó a Perú a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de todas las personas defensoras mencionads en la solicitud. Además, se requirió que el Estado consulte con las personas en cuestión en cuanto a la decisión de las medidas a adoptar, así como que informe dentro de un plazo de 15 días acerca de qué medidas se tomaron. Para terminar, se ordenó al Estado reportar sobre la investigación de los actos que originaron la necesidad de medidas cautelares, con el fin de evitar sucesos similares en el futuro.

La CIDH cita específicamente declaraciones en cuanto a la violencia que tuvo lugar durante algunas de las protestas, los intentos de desplazamiento de la familia Chaupe, y las amenazas y actos de violencia contra el periodista y defensor de los derechos humanos Sr. César Estrada Chuquilín. Estos hechos habrían sido cometidos fundamentalmente por miembros de las fuerzas de seguridad del estado y de la seguridad privada de la empresa minera. La Sra. Máxima Acuña de Chaupe es parte de una disputa de tierras con una empresa minera que reclama haber adquirido esas tierras en Cajamarca. La defensora ha sido objeto de amenazas, allanamientos y destrucción de su propiedad y violencia física, tanto contra ella misma como contra su familia. César Estrada Chuquilín es periodista, y ha informado sobre la disputa de tierras relativa a la familia Chaupe. Cesar Estada fue agredido, además que le confiscaron sus pertenencias tambien en otras ocasiones,. El periodista también ha sido víctima de difamaciones. El 21 de febrero de 2014, se le notificaron cargos en su contra presunto robo e irregularidades financieras. Ese mismo mes, su padre fue amenazado por la tarea que él desarrolla.