Criminalización de Stop Violències
El 2 de diciembre, el Tribunal Penal de Andorra («Batllia») rechazó la petición del abogado de la defensora de derechos humanos Vanessa Mendoza Cortés de archivar la investigación contra su clienta, iniciada en octubre de 2019 por «difamación con publicidad», «difamación contra los copríncipes» y «delitos contra las instituciones».
Vanessa Mendoza Cortés es psicóloga y defensora de los derechos de la mujer. Es la presidenta de Stop Violències, una organización de derechos humanos que trabaja en la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos y aboga por la despenalización del aborto en Andorra.
El 2 de diciembre, el tribunal penal de Andorra («Batllia») rechazó la petición del abogado de la defensora de derechos humanos Vanessa Mendoza Cortés de archivar la investigación contra su clienta, iniciada en octubre de 2019 por «difamación con publicidad», «difamación contra los copríncipes» y «delitos contra las instituciones».
Vanessa Mendoza Cortés es psicóloga y defensora de los derechos de la mujer. Es la presidenta de Stop Violències, una organización de derechos humanos que trabaja en la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos y aboga por la despenalización del aborto en Andorra.
El 2 de diciembre de 2020, el Tribunal Penal de Andorra rechazó la petición del abogado de Vanessa Mendoza Cortés de archivar la investigación contra la defensora de derechos humanos abierta en 2019. El 28 de octubre de 2019, el Gobierno de Andorra inició una investigación penal contra Vanessa Mendoza Cortés a raíz tanto de unas declaraciones públicas que hizo en un documental sobre los derechos sexuales y reproductivos en el país, como de la presentación de un informe sombra presentado por Stop Violències ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las formas de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) el 19 de octubre de 2019. La investigación se abrió con los cargos de «difamación con publicidad» contra el Gobierno en virtud del artículo 172, «difamación contra los copríncipes» en virtud del del artículo 320 y «delitos contra las instituciones» según el artículo 325 del Código Penal. Como resultado, la defensora de derechos humanos se enfrenta a al menos cuatro años de prisión.
Vanessa Mendoza Cortés también ha denunciado una campaña de desprestigio continua que han lanzado contra ella varios periódicos andorranos y plataformas de redes sociales. La defensora cree que está siendo objeto tanto de vigilancia física como digital. Esto ha sucedido después de que en el informe de la ONU del 2020 sobre los «actos de intimidación y represalia por cooperar con las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos» se haya advertido a Andorra de que deje de tomar medidas desproporcionadas contra Stop Violències y Vanessa Mendoza Cortés.
Además, Vanessa Mendoza Cortés está en medio de una investigación policial paralela, de la que tuvo conocimiento el 11 de noviembre de 2019, cuando la policía la llamó para interrogarla en relación a su actuación durante una asamblea pública celebrada el 28 de septiembre de 2019. Esta investigación policial sigue en curso aunque no se conocen más detalles sobre su estado o progreso.
Front Line Defenders considera que la persecución judicial y la campaña de desprestigio contra Vanessa Mendoza Cortés están únicamente vinculadas a su labor legítima y pacífica de defensa de los derechos de las mujeres y de incidencia por la despenalización del aborto en Andorra.
