Jordi Cuixart liberado de prisión por indulto

El 16 de octubre de 2020 se cumplirá el tercer año en prisión del defensor de derechos humanos Jordi Cuixart, que pasa a menudo hasta 23 horas al día solo en su celda. Tras la suspensión del tercer grado otorgado por el tribunal, y debido a las restricciones vinculadas a la pandemia de COVID-19, las condiciones de detención de Jordi Cuixart han empeorado significativamente.

Jordi Cuixart es el presidente de Òmnium Cultural, una organización no gubernamental con 180.000 miembros creada en 1961 en respuesta a la censura y persecución a la que se enfrentó la cultura catalana durante la dictadura de Franco. Òmnium Cultural ha estado trabajando para apoyar y preservar la lengua y el patrimonio cultural de Cataluña desde su creación. Con este propósito, la organización también ha financiado y patrocinado varios premios y concursos literarios de trabajos publicados en catalán. Tras la restauración de la democracia en España, Òmnium Cultural ha participado activamente en la promoción y defensa de los derechos humanos en Cataluña. En los últimos años, ha ayudado a organizar una serie de manifestaciones pacíficas en defensa del derecho de las personas en Cataluña a decidir su futuro político de forma libre y democrática.

El 14 de octubre de 2019, tras pasar dos años en prisión preventiva, Jordi Cuixart fue declarado culpable de «sedición» y condenado a nueve años de prisión. Las acusaciones que se presentaron contra él estaban relacionadas con la promoción de una manifestación pacífica en Cataluña el 20 de septiembre de 2017 y el referéndum de autodeterminación de Cataluña el 1 de octubre de 2017.

El 13 de febrero de 2020, tras cumplir una cuarta parte de su condena, un juzgado de vigilancia penitenciaria de Cataluña le concedió un permiso para salir de la cárcel a diario y trabajar 12 horas al día, cinco días a la semana, en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Tras una breve suspensión de estos términos, el 14 de abril de 2020 se le permitió volver al régimen flexible de detención, de acuerdo con las restricciones de la COVID-19.

El 17 de julio de 2020, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria concedió a Cuixart el tercer grado, que supone un régimen de detención más flexible en virtud del cual los condenados pueden trabajar de lunes a viernes fuera de la cárcel, regresando solo para dormir y pasar los fines de semana fuera de la prisión. Tan solo 11 días después, la Fiscalía recurrió esta decisión, después de que Cuixart hiciera declaraciones públicas en las que afirmaba que con este régimen empezaría a ejercer de nuevo sus derechos fundamentales, en particular su derecho a manifestarse pacíficamente. El recurso dio lugar a la suspensión cautelar tanto del régimen de tercer grado como del régimen concedido en virtud del artículo 100.2 por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Ahora le corresponde al Tribunal Supremo la evaluación del recurso presentado por la Fiscalía.

Front Line Defenders muestra su preocupación por la detención continuada y el endurecimiento de las restricciones del régimen de detención de Jordi Cuixart, especialmente en el contexto de la pandemia de la COVID-19, en un momento en que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido la liberación de todos los defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos y detenidas por expresar opiniones divergentes. Front Line Defenders pide la liberación inmediata de Jordi Cuixart ya que considera que su encarcelamiento es consecuencia de su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión.

El Gobierno catalán ha iniciado un proceso que lleva a la liberación temporal de presos no violentos por el arresto domiciliario para crear más espacio en las cárceles durante el confinamiento por la crisis del coronavirus. El defensor de derechos humanos, Jordi Cuixart, cumpliría los requisitos para acogerse a esta medida ya que previamente se le había concedido la liberación temporal. Sin embargo, el proceso se paralizó ya que el 31 de marzo de 2020, el Tribunal Supremo de España advirtió que los funcionarios del Gobierno regional catalán que autorizaran el arresto domiciliario para presos políticos se enfrentarían a sanciones penales.

Jordi Cuixart es el presidente de Òmnium Cultural, una organización no gubernamental creada en 1961 en respuesta a la censura y persecución que enfrentó la cultura catalana durante la dictadura de Franco. Además de trabajar para apoyar y preservar la lengua y patrimonio cultural de Cataluña, Òmnium Cultural ha participado activamente en la promoción y defensa de los derechos humanos en Cataluña. La organización ha ayudado a organizar una serie de manifestaciones pacíficas para defender el derecho de las personas en Cataluña a una autodeterminación libre y democrática.

El 14 de octubre de 2019, el defensor de derechos humanos catalán Jordi Cuixart fue declarado culpable de sedición y condenado a 9 años de prisión. Fue arrestado en octubre de 2017, poco después de haber promovido públicamente una manifestación pacífica así como el referéndum por la independencia de Cataluña. El 13 de junio de 2019, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria instó a España a liberar a Jordi Cuixart y a investigar su detención arbitraria y la violación de sus derechos.

El 5 de marzo de 2020, una corte penitenciario en Cataluña concedió a Jordi Cuixart la liberación temporal en virtud del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, permitiéndole salir de la prisión y trabajar durante 12 horas al día, cinco días a la semana. La Fiscalía General apeló de inmediato esta decisión alegando que el delito de sedición es "excepcional" y requiere una "interpretación restrictiva" a la hora de conceder este permiso.

El 6 de marzo de 2020, los/as abogados/as de Jordi Cuixart presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de España argumentando que el encarcelamiento a largo plazo podría tener un impacto negativo en la salud de Jordi Cuixart. El recurso permanece pendiente.

El 16 de marzo de 2020, el permiso para salir temporalmente de la prisión otorgado a Jordi Cuixart fue suspendido debido a la crisis del COVID-19. El 27 de marzo de 2020, el defensor de derechos humanos solicitó una medida extraodinaria de urgencia ante el Tribunal Constitucional, pidiendo su puesta en libertad bajo arresto domiciliario durante la crisis de COVID-19.

Varias organizaciones locales en España han pedido a los Gobiernos centrales y regionales que sigan las recomendaciones hechas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes de conceder a los presos políticos el arresto domiciliario debido a que están expuestos a un alto riesgo de contagio de COVID 19 en las cárceles.

El 2 de abril de 2020, Boriss Cilevics, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pidió a España y Turquía que liberen a varios presos políticos, incluido el defensor de derechos humanos Jordi Cuixart, debido a la amenaza planteada por el COVID-19 en prisiones superpobladas.

Front Line Defenders está seriamente preocupada por la suspensión de la liberación temporal previamente otorgada a Jordi Cuixart, especialmente dado el alto riesgo al que está expuesto en prisión en medio del brote del COVID-19. Front Line Defenders hace nuevamente un llamado a la liberación inmediata e incondicional de Jordi Cuixart, ya que cree que ha sido condenado y encarcelado en represalia por sus actividades legítimas y pacíficas de defensa de los derechos humanos.

Desde octubre de 2017, Jordi Cuixart ha estado en prisión preventiva, y se enfrenta a una pena de prisión de hasta 25 años de prisión por un delito de "rebelión". El defensor de derechos humanos fue acusado de promover una manifestación pacífica en Cataluña el 20 de septiembre de 2017 así como el referéndum sobre la independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017.

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El 20 de septiembre de 2018, el Tribunal Supremo rechazó por la tercera vez la petición de libertad bajo fianza de Jordi Cuixart, declarando que las circunstancias no han cambiado para que sea justificada la revocación de la prisión provisional. El Tribunal ya había rechazado una primera petición el 4 de diciembre de 2017, y la segunda el 21 de marzo, declarando que había riesgo de reiteración delictiva por parte del defensor de derechos humanos.

El 21 de marzo de 2018, el magistrado instructor del Tribunal Supremo procesó a Jordi Cuixart por el delito de “rebelión”, junto con otras 13 personas. El defensor de derechos humanos ha sido acusado de participar y hacer campaña a favor del referéndum de independencia de Cataluña que se celebró el 1 de octubre de 2017, pese a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley que regula el referéndum. El cargo se basa principalmente en la acusación que Jordi Cuixart organizó las protestas del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía de Cataluña, que intentó impedir una operación policial ordenada por el tribunal en varios edificios públicos relacionados con el referéndum. Anteriormente, Jordi Cuixart había destacado públicamente, incluso a través de publicaciones en redes sociales, la importancia de la naturaleza exclusivamente pacífica de las movilizaciones. Grabaciones de vídeo muestran al defensor de derechos humanos en un vehículo policial durante las protestas, tratando de calmar los/as manifestantes, pidiéndoles que se disolvieran.

En el juicio, que se espera tenga lugar en los próximos meses, Jordi Cuixart enfrenta acusaciones criminales que pueden resultar en una sentencia de hasta 25 años en prisión, en el caso de una condena por “rebelión”, un crimen definido por el Código Penal español como alzamiento “violento”.

Front Line Defenders muestra su grave preocupación por la continuada prisión provisional del defensor de derechos humanos Jordi Cuixart, ya que considera que su detención, encarcelamiento y la gravedad y disproporcionalidad de las acusaciones en su contra son acciones en represalia por su trabajo en la protección de los derechos civiles y políticos.

Front Line Defenders insta a las autoridades en España a que:

Anulen inmediatamente la condena y liberen a Jordi Cuixart, ya que se supone que está únicamente motivada por su legítima y pacífica labor en la defensa de los derechos a la libertad de reunión pacífica y expresión;

Garanticen que todos/as los/as defensores/as de derechos humanos en España puedan llevar a cabo sus actividades legítimas de derechos humanos en cualquier circunstancia sin temor a represalias y libres de cualquier limitación, entre ellas el acoso judicial y la criminalización.