Front Line desea poner de manifiesto su preocupación ante las denuncias sobre el incremento de una tendencia hacia la restricción de las actividades de las organizaciones de derechos humanos y de cuestionamiento de la legitimidad de su trabajo en Israel. Luego de una serie de declaraciones realizadas por funcionarios israelíes contra la labor de las organizaciones de derechos humanos, el intento es ahora el de introducir legislación que restrinja sus actividades.

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De acuerdo con la información recibida, miembros del Knesset (el cuerpo legislativo del gobierno israelí) actualmente están abocados a la promulgación de la legislación propuesta sobre “Requerimiento de divulgación relativo a todo aquel que brinde apoyo a una entidad política extranjera”. Presuntamente, esta ley se propone “promover la transparencia”, sin embargo al hacer un examen detallado de la misma queda claro que podría ser utilizada para quitar legitimidad a organizaciones de derechos humanos, etiquetar a sus miembros como traidores e impedir que desempeñen libremente sus actividades por los derechos humanos.

La ley se aplica a toda organización que participe en actividad política, la que queda definida como toda actividad que tenga por pbjeto afectar la opinión pública o llevar adelante cambios en la política. De acuerdo con lo propuesto, cada organización que desee recibir financiamiento desde países del exterior será requerida, como condición previa, de una inscripción en el Registro de Partidos Políticos, donde deberán registrarse todas las donaciones o financiamientos recibidos, para que toda esa información se publique en Internet, y mencionar en cada documento y al inicio de cada reunión o audiencia, etc., que recibe fondos de entidades extranjeras.

Del mismo modo, la ley hace responsables de manera personal a los funcionarios que estén dentro de las organizaciones, incluidos miembros de los consejos directivos, directores, contadores, entre otros, y ordena sentencias de prisión y multas para aquellos que contravengan ciertos artículos de la ley. Además, las organizaciones que tengan relación con la actividad política, tal como queda definido por la ley, perderán su estatus de institución pública según la define la Ordenanza de Impuesto a la Renta, y –en consecuencia- las excepciones de las que gozan actualmente.

De ser aprobada la ley, cercenará la libre asociación en Israel, carecerá de sentido la inscripción de organizaciones de la sociedad civil como organizaciones sin fines de lucro, volverá confusas las funciones del Registro de Partidos Políticos y del Registro de Organizaciones sin Fines de Lucro, y revocará el estatus de institución pública (con lo que ello supone en cuanto a la Ordenanza del Impuesto a la Renta) de cientos de cuerpos de la sociedad civil de Israel que trabajan en una variada gama de áreas, entre ellas los derechos humanos.