Posted 2011/5/15

Bahréin: niegan el ingreso a la sala de la corte a observadora internacional, honda preocupación por la salud y seguridad de Abdulhadi Al-Khawaja

En el día de ayer, las autoridades bahreinís negaron el ingreso a la sala de audiencias a una observadora de juicios internacional e independiente. La misma, una abogada perteneciente a Tooks Legal Chambers, Londres, fue enviada por Front Line a observar el juicio a Abduldi Al-Khawaja, ex Coordinador de Protección de Front Line de Medio Oriente y norte de África, y viajó hasta Bahréin para asistir a la audiencia del 12 de mayo. El juicio había comenzado el 8 de mayo en la Corte Inferior de Seguridad Nacional.

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La decisión de las autoridades bahreinís de negar el ingreso a observadores/as internacionales está en abierta contradicción con el comunicado emitido por la Corte Inferior de Seguridad Nacional de Bahréin el día 8 de mayo de 2011, y publicitada ampliamente en los medios de comunicación gráficos y audiovisuales. De acuerdo con éste, “Con el fin de reflejar la disposición del reino a respetar sus compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos, todas las instituciones civiles, organizaciones de derechos humanos y representantes de los medios de comunicación tienen permitido asistir a los juicios.”

Funcionarios de seguridad negaron el ingreso a la sala de audiencias a la observadora, fundamentando que la orden de misión no había sido enviada por fax con una semana de antelación. Sin embargo, la audiencia del día 12 de mayo había sido agendada al término de la audiencia inicial, celebrada el día 8 de mayo, lo que hacía imposible el envío de la correspondencia pertinente siete días antes. Más aún, las autoridades habían sido informadas de la intención de Front Line de enviar un observador/a al juicio el día 6 de mayo y fueron debidamente notificadas de las credenciales de la observadora con anterioridad a la audiencia del día de ayer.

Un funcionario de seguridad explicó a la observadora que el juicio estaba abierto al público, pero que los observadores internacionales, además de enviar el mandato de mision con una semana de anticipación debían recibir una autorización por escrito para asistir al mismo. El funcionario agregó que se trataba de “una situación militar” y de una “institución militar” y que por esta razón debía cumplirse con toda la reglamentación. Este argumento para entrar en contradicción con el comunicado público publicado por el gobierno de Bahréin, que afirma que la Corte de Seguridad Nacional no es una corte militar.

Se requirió a la observadora en varias oportunidades que desaloje las instalaciones de la corte, a lo cual se resistió inicialmente. Sin embargo, mientras aguardaba en una sala de espera junto con integrantes de la familia que esperaba ver a los acusados, los funcionarios de seguridad intimidaban a las familias a no hablar con ella. Más aún, familiares de Abdulhadi Al-Khawaja fueron instruidos con que no le permitirían verlo a menos que la observadora internacional se retire de las instalaciones de la corte. La esposa e hijas de Abdulhadi Al-Khawaja no fueron autorizadas a encontrarse con él pese a que la observadora se retiró de inmediato al conocerse la amenaza.

De acuerdo con testigos de la audiencia en la corte, Abdulhadi Al-Khawaja intentó varias veces dirigir la palabra pero lo hicieron callar. Habría sufrido fracturas en un lado de la cara, y continua con dificultades para alimentarse. Durante la detención en calidad de incomunicado, habría sido ingresado en el hospital militar de al-Riffa para ser intervenido quirúrgicamente durante cuatro horas.

Front Line desea manifestar que lamenta profundamente la decisión del gobierno de Bahréin de no someterse al escrutinio internacional, pese a las manifestaciones realizadas con anterioridad que afirmaron lo contrario. Asímismo, desea reiterar su consternación ante el violento trato dispensado a Abdulhadi Al-Khawaja, y que continua su honda preocupación por la salud y seguridad del defensor mientras esté detenido.

Front Line urge al gobierno de Bahréin a cumplir con “la disposición del reino a respetar sus compromisos internacionales” , permitir el ingreso de observadores internacionales al juicio e investigar efectivamente las serias denuncias de torturas y malos tratos durante la detención.