Zimbawe

Casos Activos

Zimbabwe: asesinaron a Elliot Machipisa, defensor de los derechos humanos

Front Line desea manifestar su seria preocupación ante el asesinato de Elliot Machipisa, defensor de los derechos humanos. Se trata de un activista pro democracia y observador para el ZESN, una organización no partidaria e independiente, conformada por treinta y ocho organizaciones no gubernamentales, que se han unido para promover el proceso democrático en Zimbabwe.  

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Zimbabwe: el gobierno ordenó suspender las operaciones de organizaciones voluntarias privadas, incluyendo a CARE International

Front Line desea manifestar su honda preocupación ante los informes sobre la orden emitida por el gobierno para suspender las operaciones de campo de todas las organizaciones voluntarias privadas (OVP) y organizaciones no gubernamentales (ONG), con fecha 4 de junio de 2008. Asimismo, con fecha 30 de mayo de 2008, fueron suspendidas las operaciones de campo de CARE International en Zimbabwe. CARE International es una agencia de ayuda internacional, comprometida con el alivio de la pobreza y la promoción del desarrollo sustentable en los países en vías de desarrollo.  

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Zimbabwe: amenazas de muerte contra Musaiona Shortgame, defensor de los derechos humanos

Front Line desea manifestar su seria preocupación ante las amenazas de muerte recibidas por Musaiona Shortgame, defensor de los derechos humanos. Musaiona Shortgame es un Magistrado y residente gutu, que en el último tiempo ha presidido jucios en varios casos de violencia política. Según se informó, su vehículo fue incendiado el día 21 de abril de 2008, en cercanías de su domicilio.  

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Los/as defensores/as de derechos humanos en Zimbawe han sido sistemáticamente el blanco de detenciones arbitrarias, arrestos y torturas. La legislación introducida por el gobierno reduce severamente las libertades de expresión, asamblea, movimiento y reunión y ha llevado a que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos afirme que los indicios son tales que “la comunidad de derechos humanos en su totalidad, y los defensores individualmente, están en un nivel crítico de riesgo”.

De acuerdo con el informe 2006 de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, la comunidad de derechos humanos en Zimbawe está bien organizada, activa y es amplia, dados los asuntos que trata y los actores involucrados. Esto incluye ONG, grupos basados en la fe, abogados de derechos humanos, activistas estudiantiles, movimientos sociales, activistas a nivel comunitario, sindicalistas y miembros de la oposición política. Las mujeres defensoras de derechos humanos son destacadas. El gobierno ha introducido normas cada vez más represivas, las cuales han sido usadas contra los/as defensores/as de derechos humanos. Entre éstas se encuentran:

• La Ley de Acceso a la Información y Protección de la Privacidad (Access to Information and Protection of Privacy Act), usada por el gobierno para silenciar en forma efectiva a periodistas y obligar al cierre de los medios de comunicación que son vistos como críticos de las políticas gubernamentales;
• La Ley de Orden Público y Seguridad (Public Order and Security Act – POSA), la cual ha limitado severamente la libertad de reunión para los/as defensores/as de derechos humanos y ha restringido sus posibilidades para compremeterse y organizar protestas pacíficas. Cientos de defensores/as de derechos humanos, incluyendo trabajadores de los medios independientes y sindicalistas, han sido detenidos arbitrariamente o detenidos sin cargo alguno. En muchos casos los cargos son desechados y en consecuencia las personas detenidas son liberadas; y
• La ley de Organizaciones Voluntarias de Carácter Privado (Private Voluntary Organisations Act), restablecida en el 2002 por el gobierno y presuntamente usada para intimidar y acosar a las ONG, incluidas las organizaciones de derechos humanos.

En la mayoría de los casos, las autoridades de Zimbawe han sido señaladas como las autoras de violaciones contra los/as defensores/as de derechos humanos, entre las cuales se encuentran repetidas estigmatizaciones por parte del gobierno y vigilancia estatal. Se ha informado que los/as defensores/as detenidos bajo la ley de Orden Público han sido sometidos a malos tratos, acoso e intimidación por la policía mientras se encuentran en custodia, e incluso han sido asaltados físicamente y se les ha negado el acceso a un abogado defensor, a comida y cuidados médicos, mientras que se han dado casos de uso excesivo de la fuerza contra defensores/as durante marchas pacíficas.

[Fuentes: UN Add 5 Report: paras 1800-1824; Amnesty 2006 Report; Observatoire Report 2006; HRW World Report 2007]