Los/as defensores/as de derechos humanos en Zimbawe han sido sistemáticamente el blanco de detenciones arbitrarias, arrestos y torturas.

La legislación introducida por el gobierno reduce severamente las libertades de expresión, asamblea, movimiento y reunión y ha llevado a que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Defensores de los Derechos Humanos afirme que los indicios son tales que “la comunidad de derechos humanos en su totalidad, y los defensores individualmente, están en un nivel crítico de riesgo”. Esta afirmación sigue vigente al día de hoy.

Pese a los cambios que ha afrontado, la comunidad de derechos humanos en Zimbawe está bien organizada, activa y es amplia, dados los asuntos que trata y los actores involucrados. Esto incluye ONG, grupos basados en la fe, abogados de derechos humanos, activistas estudiantiles, movimientos sociales, activistas a nivel comunitario, sindicalistas y miembros de la oposición política. Se destacan las defensoras de los derechos de la mujer.

A través de los años el gobierno introdujo una legislación cada vez más represiva, que es utilizada contra los/las defensores/as de los derechos humanos, entre estas normas:

• La Ley de Acceso a la Información y Protección de la Privacidad (Access to Information and Protection of Privacy Act), utilizada por el gobierno para silenciar de manera efectiva a periodistas y obligar al cierre de los medios de comunicación que son vistos como críticos de las políticas gubernamentales;
• La Ley de Orden Público y Seguridad (Public Order and Security Act – POSA), la cual ha limitado severamente la libertad de reunión para los/as defensores/as de derechos humanos y ha restringido sus posibilidades para compremeterse y organizar protestas pacíficas. Cientos de defensores/as de derechos humanos, incluyendo trabajadores de los medios independientes y sindicalistas, han sido detenidos arbitrariamente o detenidos sin cargo alguno. En muchos casos los cargos son desechados y en consecuencia las personas detenidas son liberadas; y
• La ley de Organizaciones Voluntarias de Carácter Privado (Private Voluntary Organisations Act), restablecida en el 2002 por el gobierno y presuntamente usada para intimidar y acosar a las ONG, incluidas las organizaciones de derechos humanos.

En la mayoría de los casos, las autoridades de Zimbawe han sido señaladas como las autoras de violaciones contra los/as defensores/as de derechos humanos, entre las cuales se encuentran repetidas estigmatizaciones por parte del gobierno y vigilancia estatal.

Los/as defensores/as detenidos bajo la ley de Orden Público han sido sometidos a malos tratos, acoso e intimidación por la policía mientras se encuentran detenidos, e incluso han sido agredidos físicamente y se les ha negado el acceso a un abogado defensor, a alimentación y cuidados médicos, mientras que se han dado casos de uso excesivo de la fuerza contra defensores/as al momento de dispersar marchas pacíficas.

Más recientemente, la situación de los/las defensores/as de los derechos humanos ha empeorado debido a la violencia y los abusos cometidos por las autoridades del gobierno y sus partidarios, en relación con las elecciones generales del 2008. La inseguridad y la nueva ola de violencia y secuestros resultantes contribuyeron a la creación de una situación aún más crítica.