Continúa el patrón de acoso e intimidación hacia defensores/as de los derechos humanos (DDH) que tiene como claro objetivo el disuadirlos/as de llevar a cabo sus esfuerzos por incidir a favor de los derechos humanos. Los/las defensores/as y sus familias son objeto de todo tipo de hostigamiento, que va desde la vigilancia intrusiva a la agresión física, campañas de difamación y la restricción de su libertad de tránsito. Los derechos básicos que permiten que los/las defensores/as cumplan libremente y en un marco de seguridad sus actividades son sistemáticamente violados. La libertad de expresión, asociación y asamblea de defensores/as está seriamente recortada.

Muchos/as defensores/as sufren restricciones a su derecho a la libertad de tránsito en el nivel internacional, ya sea que una vez en el aeropuerto se les ha impedido abordar un avión, o que las autoridades les han confiscado sus pasaportes, o se han negado a renovarlos. Asimismo, muchos/as DDH informaron que la policía confiscó artículos de entre su equipaje, tales como libros y documentos, al regresar de un viaje al exterior.

Las denuncias de los/as defensores/as de los derechos humanos sobre violaciones a estos derechos realizadas mediante declaraciones públicas y a través de Internet han recibido como respuesta represalias por parte del gobierno. Varios/as activistas de derechos humanos fueron procesados por exponer de manera pública abusos a los derechos humanos. Las autoridades han bloqueado el acceso a sitios web y blogs independientes que cubren la situación de derechos humanos en Túnez. A menudo, los autores de estos artículos son acusados de “dar a conocer información falsa con el fin de socavar el orden público”.

Las autoridades tunecinas impiden que los abogados de derechos humanos se reúnan con sus clientes. Frecuentemente, los/las abogados/as sufren ataques y agresiones físicas y, en ocasiones, las autoridades comienzan a contactar a sus clientes y los disuaden de contratar sus servicios. Las oficinas de aquellas organizaciones que brindan asistencia legal a prisioneros políticos y víctimas de torturas son regularmente rodeadas por policías que controlan la identidad de los clientes que ingresan, y muchas veces les impiden la entrada.

Se niega reconocimiento legal a las organizaciones independientes de derechos humanos. Esto trae como consecuencia un gran número de organizaciones independientes de derechos humanos que no cuentan con reconocimiento oficial y exponen a los/las defensores/as a ser sancionados por la comisión de delitos. Aún los pocos grupos de derechos humanos que fueron autorizados a inscribirse deben soportar hostigamiento judicial e interferencias de tipo administrativo.

Como rutina, las ONG de derechos humanos no reciben autorización para realizar reuniones públicas o manifestaciones. Sus oficinas están bajo vigilancia las 24 horas del día, y en muchos casos funcionarios de seguridad controlan los documentos de identidad de las personas que ingresan, y frecuentemente se lo impiden. Muchos DDH han informado que sus oficinas fueron allanadas, y que objetos tales como ordenadores fueron robados o dañados. De acuerdo con la legislación anti terrorista, está bloqueado todo financiamiento externo.

Los/las defensores/as de los derechos humanos y sus familias también permanecen bajo permanente vigilancia, por parte de agentes de seguridad. Las comunicaciones telefónicas son interceptadas y los correos electrónicos están bloqueados o interceptados. Muchos de ellos han visto sus conexiones telefónicas y de Internet prácticamente interrumpidas.

El hostigamiento constante que deben enfrentar los DDH los ubica bajo un intenso estrés emocional que afecta su vida familiar y profesional y que, en algunos casos, les ha causado problemas de salud.