Los/las defensores/as de los derechos humanos de Tailandia están sujetos a amenazas, agresiones físicas, detención arbitraria, desaparición forzada, ejecuciones sumarias, vigilancia y determinación de perfiles, investigaciones penales y difamación.

El Grupo de Trabajo sobre Justicia y Paz (Working Group on Justice and Peace – WGJP) publicó un informe en 2009 denominado “Los héroes sin armas de Tailandia: panorama de la situación de los defensores de los derechos humanos” en el que identifican cuatro cuestiones de derecho fundamentales en Tailandia. “Un significativo número de defensores/as de los derechos humanos trabajan con migrantes, especialmente en la frontera con Burma (Myanmar), y con las víctimas de la agresiva guerra contra la droga de Tailandia. Otros defensores/as luchas por los derechos económicos en todo el país, y muchos otros/as se desempeñan en la zona de conflicto de las tres provincias que se hallan sobre el límite, en el sur del país.”

En noviembre de 2008, Front Line visitó a defensores/as de los derechos humanos en el sur de Tailandia y permanece seriamente preocupada por los informes de continuas violaciones contra las organizaciones de derechos humanos y los/as defensores/as, y por la absoluta impunidad en que operan los militares y las autoridades. Luego de los ataques de enero de 2004, proferidos por grupos separatistas en las cuatro provincias del sur, cerca de Malasia, se instauró la ley marcial. Esto permite que las autoridades detengan personas durante un período de siete días, sin que se presenten cargos. El decreto de emergencia, presentado en el 2005, incrementó el número de días a 30. Los/las defensores/as de los derechos humanos en la región sur, especialmente aquellos que trabajan con las víctimas del conflicto (fundamentalmente musulmanas) informan de la continua tergiversación de la ley y de los decretos de emergencia y de un abuso de poder general por parte de las autoridades.

Los/las defensores/as que se ocupan de la labor de investigación de violaciones a los derechos humanos suelen ser hostigados y amenazados por los militares presentes en los pueblos. El estado general de impunidad implica que aquellos miembros del ejército, contra quienes se presenta una denuncia, son simplemente trasladados a otro pueblo en lugar de que ser investigados y llevados ante la justicia. En el sur, los/as defensores/as están trabajando para poner fin a la violencia y apoyar a las víctimas de los pasados hechos violentos.

La credibilidad y la imagen pública de los/las defensores/as de los derechos humanos en Tailandia suele verse amenazada por declaraciones atribuidas a funcionarios del gobierno, dadas a conocer a través de la prensa de manera exacta o inexacta, donde denigran a las ONG.

Los/las defensores/as de Tailandia informaron que a menudos son víctimas de campañas de difamación e información negativa. Se los ha acusado de “obstruir el desarrollo del país” y de constituir “influencias que deben ser controladas”.

Los/las defensores/as de Burma (Myanmar) que trabajan en Tailandia sobre la situación de los derechos humanos en Burma suelen ser catalogados públicamente como traficantes de drogas, en un intento por desacreditarlos. Algunas agencias del gobierno habrían creado listas negras de organizaciones e individuos, entre ellos defensores/as de los derechos humanos, que consecuentemente son definidos por la seguridad nacional como riesgosos y son blanco de agresiones de la policía y de los servicios de inteligencia, que los vigila y ejerce sobre ellos otras acciones represivas.

A menudo, las manifestaciones de protesta se enfrentan con la represión policial. Ha habido varios incidentes durante manifestaciones pacíficas en comunidades locales contra la construcción de mega proyectos, tales como represas o conductos, que se encontraron con represión policial y la detención de los manifestantes y su consiguiente procesamiento judicial. Los/las defensores también son agredidos mediante procesos judiciales, muchas organizaciones tienen casos pendientes ante la justicia u órdenes de arresto contra sus miembros.

Pese a los desafíos que enfrenta, la comunidad de derechos humanos es fuerte y está determinada a cumplir con su labor, pero siente que opera en un medio en el que se protege a quienes perpetran las violaciones y no a quienes luchan contra la injusticia.