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amenazas
 Front Line desea manifestar su honda preocupación ante las acusaciones presentadas contra Martín Amaru Barrios Hernández y las agresiones y amenazas de las que fue víctima Reyna Ramírez. Ambos, defensor y defensora de los derechos humanos, son miembros de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán (CDHLVT), una organización que documenta e informa la violación de los derechos humanos en los ámbitos laboral y ambiental, en el Valle de Tehuacan, Puebla. 
Preocupa seriamente a Front Line la información sobre amenazas de muerte vía teléfono móvil contra el Dr. Lenin Raghuvanshi, defensor de los derechos humanos y miembros del Comité Popular de Vigilancia de los Derechos Humanos (PVCHR por sus siglas en inglés), entre el 25 de abril y el 18 de mayo de 2008. En las llamadas les ordenan que pongan fin a su labor por los derechos humanos, particularmente a su tarea con las comunidades Dalit en el distrito Varanasi de Uttar Pradesh. El Dr. Raghuvanshi es el enlace del PVCHR y también es miembro del Comité de Vigilancia del Distrito sobre el trabajo en régimen de servidumbre en el estado de Uttar Pradesh, al norte de India. La labor en derechos humanos del Dr. Lenin Raghuvanshi se centra en el problema del hambre y la muerte por inanición.
 Front Line manifiesta su seria preocupación ante los informes sobre amenazas recibidas por miembros de la Fundación de Derechos Humanos Palestina (Monitor), organización de derechos humanos con base en Líbano.
Front Line desea manifestar su gran preocupación ante los informes sobre tortura y maltrato contínuo contra Yusuf Juma, defensor de los derechos humanos y escritor, y sus hijos Bobur y Mashsarb Juma quiénes están detenidos. Yusuf Juma es un destacado escritor y activista por la democracia en Uzbekistán. Yusuf, Bobur y Mashrab Juma fueron arrestados en la región de Tashkent a mediados de diciembre de 2007 y hoy están detenidos en la prisión Otbozor, en la región de Bukhara, Uzbekistán. Ruhiddin Kamilov, abogado de Yusuf y Bobur Juma, ha recibido amenazas por parte del jefe de la prisión.
Front Line desea manifestar su profunda preocupación ante la información recibida sobre amenazas contra defensores/as de los derechos humanos, entre ellos Natasa Kandic, Directora Ejecutiva del Centro de Derecho Humanitario, y otras organizaciones de derechos humanos que operan en Serbia, en el contexto de la declaración oficial de independencia de Kosovo.
Durante los últimos tres años, el gobierno de Ruanda que se ha vuelto cada vez más autoritario ha arrestado a opositores políticos, sofocado periodistas independientes, atacados defensores/as de derechos humanos, fallado en la investigación exahustiva de las desapariciones y disminuido el espacio para la sociedad civil independiente. Estas acciones han sido justificadas bajo la necesidad de prevenir 'el divisionismo étnico' y el resurgir del genocidio. Dos meses después de la conmemoración del décimo aniversario del genocidio, en abril del 2004, una comisión del Parlamento acusó de ideología genocida, una acusación muy grave tomando en cuenta que este un país que aún se recupera de un genocidio que mató al menos 800,000 personas en 1994, a varias ONG's de la sociedad civil involucradas en la promoción de los derechos humanos en el área rural y el jurídico.
Lydia Cacho Ribeiro, líder mexicana de la defensa de los derechos de los niños y de las mujeres, escapó apenas de un intento de asesinato. Sufrió el sabotaje del vehículo oficial en el que se trasladaba desde la ciudad de Juarez en Méjico DF, el 7 de mayo del 2007.
Al momento del intento de asesinato, tres funcionarios escoltaban a Lydia Cacho Ribeiro desde el aeropuerto. Debido a su trabajo, Lydia Cacho Ribeiro ha sufrido repetidas amenazas contra su vida y hostigamiento judicial con el fin de silenciar su labor. El conductor fue forzado a realizar una parada de emergencia y cuando los funcionarios bajaron del vehículo, observaron que tanto la rueda como el volante mismo estaban a punto de salirse. Aparentemente, habían sido limados con la intención de causar un accidente. El 8 de mayo del 2007, Lydia Cacho Ribeiro concurrió junto con Xavier Olea, su abogado, a solicitar que la investigación sobre el supuesto intento de homicidio incluya una exhaustiva inspección del vehículo e interrogatorios a aquellas personas que tuvieron acceso al mismo.
Habitantes del pueblo muestran los nombres de las víctimas de la masacre en la que murieron ocho personas, entre ellos el líder de la comunidad, Luis Eduardo Guerra.
Francisco Puerta, defensor de los derechos humanos, fue asesinado presuntamente por paramilitares en las puertas de la principal terminal de transporte en Apartadó, Colombia, el 14 de mayo del 2007.
Francisco Puerta era un líder de la comunidad “Comunidad de Paz” de San José de Apartado, en la municipalidad de Apartadó, Antioquia, Colombia y ex coordinador de la zona humanitaria del distrito de Miramar.
La Comunidad de Paz fue creada por la población civil en 1997 en un esfuerzo para persuadir, tanto a las fuerzas armadas como a la guerrilla, para que respeten sus derechos como civiles de no estar involucrados en el prolongado conflicto que transcurre en actualmente Colombia.
La oficina de Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), organización que promueve y defiende los derechos humanos en Chiapas, México, fue allanada el pasado 22 de octubre. Esta situación junto con las amenazas dirigidas a miembros de Frayba, indican la existencia de una estrategia para obstruir la labor de los/as defensores/as de los derechos humanos en Chiapas e intimidarlos/as.
Frayba denunció y documentó más de veinte casos de acoso, intimidación y ataques a activistas y defensores/as de los derechos humanos en la ciudad de Chiapas, incluidos miembros de la organización. El 14 de marzo de 2006, Frayba presentó ante el Fiscal Público de la República de México una denuncia formal con relación al presunto allanamiento efectuado en el hogar de uno de los miembros de la organización, David Méndez. En junio de 2006, se denunciaron también presuntas amenazas contra otro de los miembros de Frayba, Manuel Hernández.
Siete organizaciones de derechos humanos han condenado en un comunicado conjunto la brutalidad policial sufrida por los ciudadanos egipcios que fueron agredidos, golpeados y amenazados por las fuerzas de seguridad en el centro de la ciudad de El Cairo el pasado 27 de abril.
EL CAIRO, MEDIODIA DEL JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2006
Las fuerzas de seguridad traen tortura y terror al centro de la ciudad.
El 27 de abril de 2006 en El Cairo nos trae a la memoria los días anteriores a la caída de Ceausescu, el ex dictador rumano. El centro de la ciudad de El Cairo se convirtió en lo que parecía un campo militar. Las fuerzas policiales egipcias golpearon, arrastraron y secuestraron de manera histérica a los ciudadanos egipcios y a cualquiera que se encontrara en los alrededores de la corte de la cesación, la asociación de la judicatura y el colegio de abogados de la ciudad.
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