La continua violencia y la tensión política, resultado de una prolongada guerra civil entre el gobierno y el Ejército de Liberación de la Tierra Tamil (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE), obstruyen la actividades de los/as defensores/as de derechos humanos en Sri Lanka. Las libertades de expresión, reunión y asociación son limitadas. Las organizaciones de derechos humanos y periodistas son el objetivo.

La comunidad de derechos humanos incluye periodistas que sacan a la luz los abusos cometidos por las autoridades y defensores/as de los derechos de las mujeres que luchan en contra de la violencia sexual en los campos de personas desplazadas internamente (IDP, por sus siglas en inglés). Los principales obstáculos para las actividades relacionadas con los derechos humanos son el Estado de Excepción declarado por el gobierno en agosto de 2005 y las Regulaciones de Emergencia (Prevención y Prohibición del Terrorismo y Actividades Terroristas Específicas), las cuales entraron en vigor el 5 de diciembre de 2006. Estas normas han generado un incremento de la criminalización de las actividades en defensa de los derechos humanos y han impuesto severos límites a las libertades de expresión, reunión y asociación. Las Regulaciones introducen una amplia y mal definida gama de crímenes relacionados con el terrorismo, que pueden acarrear entre 5 y 20 años de prisión. Debido a estas Regulaciones:

• Cualquier conducta que “trastorne o amenace el orden público” o que tenga como propósito “obligar al gobierno de Sri Lanka a hacer o abstenerse de hacer cualquier acto” pueden constituir terrorismo. De esta manera, la organización de una marcha pacífica contra el gobierno podría ser calificada como un acto terrorista.

• Las organizaciones que brindan ayuda y asistencia en áreas del país controladas por el LTTE requieren de autorización previa de las autoridades, sin que exista un estudio independiente para el otorgamiento de dicha aprobación.

• Bajo el principio de buena fe, no puede ser tomada ninguna acción contra cualquier oficial activo o en ejercicio de sus fuincones, lo que redunda en un fortaleciminto de la impunidad de la que gozan las fuerzas armadas y policiales en el país.

En repetidas ocasiones los/as defensores/as han denunciado haber sido objeto de intimidaciones y amenazas de muerte anónimas, estigmatización, restricciones a su libertad de movimiento, detenciones arbitrarias, incomunicaciones durante el encarcelamiento sin acceso a abogados, y maltratos y torturas mientras se encuentran bajo custodia policial. La escalada del conflicto desde julio de 2006 ha degenerado en un incremento de los ataques contra trabajadores humanitarios y defensores/as de derechos humkanos. Además han sido reportadas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones cometidas por las fuerzas de seguridad de Sri Lanka.