Sahara Occidental
El trabajo independiente en favor de los derechos humanos en Sahara Occidental continúa siendo reprimido por las autoridades marroquíes, quienes consideran que esa región es parte de Marruecos. No ha habido progresos respecto a la eventual realización del referendo propuesto por las Naciones Unidas sobre el futuro del Sahara Occidental. Las libertades de asociación y expresión están limitadas. En particular, los/as miembros de las organizaciones que monitorean y denuncian abusos contra los derechos humanos en el Sahara Occidental son blanco de ataques.
El principal obstáculo legal que enfrentan las organizaciones no gubernamentales que operan en el Sahara Occidental es el registro, el cual le ha sido negado por las autoridades marroquíes a varias organizaciones independientes de derechos humanos. La negativa de registro legal y otras medidas tomadas contra las ONG dificulta severamente su trabajo y expone a sus miembros a eventuales sanciones penales. Los/as defensores/as de derechos humanos han sido objeto de acusaciones judiciales por pertenencia a organizaciones ilegales, fuerte vigilancia, amenazas, acoso, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias e interrogatorios. Los/as defensores/as que evaluaron y reportaron sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía al reprimir las manifestaciones pacíficas pro-independencia, fueron condenados por incitación a la violencia (y subsecuentemente liberados después de un perdón real). Otros/as defensores/as de derechos humanos han denunciado haber sido golpeados y torturados por las fuerzas de seguridad mientras se encontraban bajo custodia policial: los/as defensores/as informan sobre la existencia de un patrón reciente de detenciones breves por parte de las autoridades, durante las cuales los/as defensores/as son golpeados y liberados sin que se presenten cargos en su contra. Los/as asistentes de los/as defensores/as también son interrogados y amenazados. Las autoridades han impedido el acceso de los/as defensores/as a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y los pasaportes de los/as defensores/as han sido confiscados, como una manera de impedirles participar en conferencias internacionales sobre derechos humanos.